Los dos últimos nombres en esa afrentosa lista son los de Marlon Andrés Cuesta, el pequeño niño de 6 años de edad que estuvo once días desaparecido y que fue encontrado el pasado viernes sin vida en zona rural de Villahermosa, dentro de una bolsa y atado de pies y manos, y a quien sus familiares, vecinos y personas cercanas despidieron este jueves en el cementerio Universal; y el de Sindy Johana Toro Pérez, la niña de 12 años cuyo cuerpo sin vida y sin ropas fue encontrado también la semana pasada en un descampado de San Cristóbal, ambos episodios ocurridos en Medellín.

Según el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante 2017 fueron asesinados en Colombia 775 niños, niñas y adolescentes (NNA), 151 de ellos con edades entre 0 y 14 años y 624 entre los 15 y 17 años.

En 2018 esa cifra se redujo en 65 casos. Es decir, el año pasado fueron asesinados 710 menores de edad, pero con el agravante de que creció el número de víctimas entre los 0 y 14 años, es decir, mayor violencia contra los más indefensos. De los 710 NNA víctimas, se reportaron 165 casos en el rango de edades entre los 0 y los 14 años y 545 entre los 15 y 17 años,

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En cuanto a exámenes médico legales por presunto delito sexual, en 2017 se practicaron 20.663 pruebas a NNA, de ellos 16.098 a niños entre 0 y 14 años y 4.565 a jóvenes entre 15 y 17 años.

En 2018 se practicaron 22.794 exámenes a NNA, 19.793 casos en el rango de edades entre 0 y 14 años y los otros 3.001 casos a jóvenes entre 15 y 17 años.

Las cifras son más que alarmantes. Y por eso hoy cursa en el Congreso de la República la iniciativa legislativa de reforma constitucional presentada por el presidente Iván Duque para implementar la cadena perpetua revisable para los asesinos y abusadores de Niños, Niñas y Adolescentes.

Discusión que hoy sigue en el aire, porque este martes en el primer debate que se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no hubo ningún acuerdo, terminó con empate a 16 votos, luego de que un sector de los congresistas apoyaran la propuesta de la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, en el sentido de aplazar la discusión del tema para después de las elecciones regionales de octubre y así evitar que se pueda usar o mirar como argumento “politiquero” previo al proceso electoral, mientras que el otro sector pidió celeridad frente al estudio del tema.

“Los niños son sagrados y tenemos que ser coherentes en eso, no puede quedar ningún manto de duda de que aquí en el Congreso de la República se está utilizando de alguna manera a los niños para hacer política. Personalmente pienso que la discusión se debería aplazar hasta después del 27 de octubre”, expresó la representante del Centro Democrático.

Pero el representante  José Jaime Uscátegui, también del Centro Democrático, lideró la contraparte argumentando que quienes apoyan el aplazamiento de la discusión es porque están en contra del proyecto:  “Le pido a este Congreso, porque hoy ya comenzamos a demarcar el rumbo, quién está a favor y quién está en contra de la prisión perpetua, y los que voten a favor del aplazamiento es porque están en contra de la medida, es porque están hundiendo el proyecto y no le damos la reforma que el país necesita y que los padres de familia están clamando”.

Tras el fuerte debate, la decisión de si se aborda o no el tema antes de elecciones quedó para el próximo martes 27 de agosto.

Alianza Nacional

Paralelamente, el Gobierno nacional y la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, lanzaron la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, una estrategia que busca reducir la tasa de violencia contra la niñez en un 14,3% para el año 2022, esto significa que 16.000 niños menos sufrirán violencia en el próximo cuatrienio.

“La equidad comienza por mejorar las condiciones para que la niñez tenga plenas oportunidades para su desarrollo, por eso son el centro de la agenda de equidad en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y para impulsarla es urgente que todos los sectores de la sociedad nos movilicemos para generar un consenso social de cero tolerancia frente a la violencia”, sostuvo el Jefe de Estado.

Por su parte, la directora del Icbf señaló que esta “Alianza Nacional contempla dos ejes fundamentales: por un lado la formulación de la política pública de manera participativa y, a la vez, la movilización de toda la sociedad en la transformación cultural que nos lleve a generar un consenso de cero-tolerancia con la violencia”.

En la etapa preliminar de esta estrategia, dijo Pungiluppi, se pudieron identificar falencias y aspectos enmarcados en siete áreas que ayudarán a cumplir el objetivo: la aplicación y vigilancia del cumplimiento de leyes, la intervención en normas y valores, la generación de entornos seguros, el apoyo a padres, madres y cuidadores, las estrategias para generación de ingresos y fortalecimiento económico, la optimización de los servicios de respuesta y apoyo y la educación y aptitudes para la vida”.

Durante la presentación de la Alianza, la directora del Icbf explicó que Colombia requiere de un cambio cultural, ya que la violencia contra la niñez y la adolescencia se ha convertido en una acción natural y aceptada en la sociedad y que todos pueden y deben aportar para brindar protección a las nuevas generaciones de manera coordinada.

Y es que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes no da tregua. En los primeros seis meses de este año, el Icbf abrió un total de 9.569 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (Pard) por violencia sexual y maltrato.

Por eso, en los próximos meses se formulará una política pública para erradicar la violencia contra NNA que permita complementar iniciativas del orden nacional y territorial, facilitando la concurrencia de recursos. Dicha política apuntará a facilitar e incentivar inversión social privada para complementar los recursos públicos.

De esa manera, la Alianza Nacional propone cuatro grandes acciones para erradicar la violencia contra NNA: la creación de un Grupo Intersectorial Especializado para disminuir la impunidad en los casos de violencia; la contratación de un estudio robusto sobre las normas sociales que perpetúan la violencia financiado por Unicef; el lanzamiento de programas de acompañamiento familiar para fortalecer habilidades parentales; y el lanzamiento de una iniciativa de Analítica conjunta que permita una gestión estratégica de datos y optimizar la información de los sistemas y bases de datos de Policía, Fiscalía, Icbf y otras entidades para el perfilamiento de organizaciones criminales y abusadores de menores de edad.

Todo porque “la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes no da espera. Es urgente y nos necesita unidos como sociedad para enfrentarla. A las futuras generaciones les dejaremos lo que construyamos desde hoy”, insistió la directora.

No a la impunidad

Tras rechazar los actos violentos en contra de los menores de edad que persisten en el país, la Alianza por la Niñez Colombiana, una organización que agrupa a instituciones y fundaciones nacionales e internacionales con asiento local, que trabajan en defensa de los derechos de NNA, aseguró que “acabar con la impunidad frente a la violencia sexual y los homicidios contra la niñez, es el principal reto” que tiene hoy Colombia, como familia como sociedad y como Estado.

Y en ese sentido considera que el país tiene actualmente suficientes mecanismos jurídicos para prevenir y sancionar drásticamente la escalada de violencia, física, sexual y los homicidios que a diario se cometen contra NNA, por lo que ahora se trata es de “resolver de manera urgente la falta de celeridad, eficiencia en su aplicación y actuación basada en Derecho de parte de los responsables de justicia”.

Según Alianza por la Niñez, la aplicación de penas de 50 a 60 años establecidas ya por Ley, el establecimiento de mecanismos de justicia especializada para la niñez y la provisión de los recursos humanos, financieros y de formación a jueces especializados requeridos para su adecuada aplicación, son la primera acción efectiva que se debe hacer efectiva para acabar totalmente con la impunidad, que hoy supera el 97% de los casos reportados.

En esa línea, explica que “el establecimiento de la cadena perpetua no soluciona el problema de la impunidad y, por el contrario, puede quedar como una medida más para la aparente tranquilidad pública que, dada la actual ineficacia de la justicia, no tendría aplicación. Nuestra invitación es a aplicar los mecanismos existentes de manera adecuada y que el sector justicia tenga las suficientes herramientas para poder aplicarlos de forma apropiada”.

Además, agrega, “desde la política criminal, una sanción como la cadena perpetua no garantiza, según experiencias de otros países, la reducción de la criminalidad, la resocialización, ni la reinserción social, no siendo un mecanismo efectivo frente a este flagelo, pero sí una afectación a nuestra Constitución y su carácter garantista y de respeto a los Derechos Humanos”.

De esa manera, invocando el interés superior del niño y la niña, planteado en la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, esta organización hace un llamado “a abordar desde un enfoque preventivo la violencia sexual y los homicidios cometidos contra la niñez, asumiendo desde los roles de ciudadano, familia y Estado la protección a la dignidad y vida de los niños, niñas y adolescentes; el fortalecimiento de la familia con procesos preventivos, formativos y de acompañamiento; el fortalecimiento de la atención de los temas de salud mental desde el sistema de salud para tratar a niños, niñas, adolescentes y familias que han tenido que afrontar situaciones de violencia, abuso sexual, puesto que el sistema es débil o nulo en ese aspecto. Y desde lo sancionatorio, también urge el enfoque de los esfuerzos judiciales para la eliminación de la impunidad de estos delitos”.