La condena contra Monsanto proferida por un jurado de San Francisco, California, que la acusa de no informar debidamente sobre los riesgos de carcinogenicidad del glifosato ha desatado una cascada de debates de los que Colombia no escapa.
Sobre testimonios que el juez Vince Chhabria calificó de “más bien débiles”, un jurado de San Francisco, California, condenó a Monsanto, hoy propiedad de la alemana Bayer, a indemnizar al jardinero Dewayne Johnson, paciente de linfoma no Hodking, con US $289 millones. En forma unánime, los representantes de la sociedad declararon a la productora de herbicidas que tienen al glifosato como principal agente activo, culpable de “no haber ofrecido suficiente información” de los riesgos del herbicida.
El principio activo glifosato es el agente herbicida más eficaz y de mayor uso en jardines, huertas y grandes plantaciones comerciales, también puede ser uno de los principios químicos más controversiales y estudiados por la ciencia. Los últimos análisis de la Agencia internacional contra el cáncer, organismo de la OMS, al glifosato datan de 2015; en ellos la institución experta declaró que existían “evidencias limitadas” del efecto carcinógeno de la molécula en seres humanos, razón por la que lo clasificó en la categoría 2A, que es la de agentes "probablemente cancerígenos para los seres humanos". A tal categoría pertenecen las carnes rojas, o sea las de cerdo, ternera o res, de las que el organismo recomendó “no abusar”. Como esta evidencia científica ha fundamentado las licencias de la Unión Europea para que se mantenga el uso del glifosato, los representantes de Monsanto confían en su éxito en una apelación a una sentencia guiada por emociones que van en contravía de la verdad científica.
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Además de fuertes polémicas, la decisión de ese jurado de San Francisco favorece expectativas de grupos de presión que tienen más interés en sus agendas particulares que en defender la evidencia científica. En Estados Unidos alienta a centenares de enfermos de cáncer que alguna vez usaron herbicidas con glifosato y que han demandado a Monsanto acusándola de su padecimiento. En Colombia ha alentado una fuerte arremetida contra la fumigación con glifosato, protagonizada por políticos y agentes de opinión en campaña con Gustavo Petro, que siguen demostrando que tienen como única ocupación torpedear al gobierno de Iván Duque, y con él, al país, y acompañada por obnubilados agentes que persisten en agigantar los males del glifosato, que son menores que los de las carnes frías, y en minimizar los de los cultivos ilícitos, especialmente en las condiciones actuales de lucha contra las drogas, en las que Colombia no es decisora.
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Mientras la carcinogenicidad del glifosato es un riesgo etéreo por el abuso en la exposición y el descontrol en las aplicaciones, para Colombia la realidad del crecimiento de los cultivos ilícitos, la degradación humana social y ambiental que acarrean así como la violencia que provocan, son partes de una dramática realidad que crece cada día. La reversión de la tendencia a disminuir las hectáreas cultivadas con arbustos de coca inició en 2015, junto con las decisiones de suspender la fumigación aérea con glifosato y de suscribir con las Farc un acuerdo sobre el fin de las drogas que apenas estableció compromisos etéreos para ese cartel y para los campesinos cultivadores. Hoy el crecimiento de cultivos ilícitos, que el gobierno colombiano ha reconocido llega ya a 180.000 hectáreas, se atribuye al menor control, el fracaso en los acuerdos de erradicación y la resiembra por beneficiarios de la erradicación voluntaria. En ese contexto y ante la gravedad del daño causado a Colombia, el debate no es por la fumigación con glifosato sino por el fracaso de las políticas que la eliminaron.
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