El traslado de quienes se acogieron al proceso de paz, de quienes le apostaron a la convivencia entre los colombianos, es una derrota del Estado y un triunfo de los violentos y de los bandidos.
El Gobierno no fue capaz o no quiso consolidar la convivencia y prefirió que unos alzados en armas atropellaran y arrinconaran a quienes creyeron en la paz
El pasado diez y seis de los corrientes un grupo de exguerrilleros de la Farc, que estaban asentados en el municipio de Ituango, vereda Santa Lucía, tuvieron que abandonar su Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR-, rumbo a la población de Mutatá, distantes unos 421 kilómetros la una de la otra, por la presión de grupos irregulares, que a todas luces querían exterminarlos y no permitirles el desarrollo de sus programas productivos. A los desplazados no los atajó ni una pandemia que azota al mundo produciendo muerte y dolor. Pudo más el temor a las balas asesinas de irracionales que los quieren exterminar.
La decisión de abandonar a Santa Lucía la habían tomado los reinsertados desde enero del presente año. Asesinatos y presiones de toda índole los llevaron a la decisión. Ituango es el fiel reflejo de la irresponsabilidad gubernamental de no ocupar el Estado los lugares que dejaron la guerrilla de las Farc y dejar esos territorios en manos de irregulares de todos los pelambres. Durante un año y medio o algo más, después de suscrito el pacto de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas de la Farc, la vida en Ituango fue relativamente calmada y pacífica, pero luego aparecieron los del Clan del Golfo, luego los disidentes de los frentes 36 y 18 de las antiguas Farc, estos últimos aliados con los Caparrapos y así fueron convirtiendo a este municipio del norte antioqueño en un infierno invivible, donde el desplazamiento, la muerte, la extorsión y el chantaje, son de diaria ocurrencia.
El traslado de quienes se acogieron al proceso de paz, de quienes le apostaron a la convivencia entre los colombianos, es una derrota del Estado y un triunfo de los violentos y de los bandidos. Se desprende totalmente de ese territorio la legitimidad y se lo entrega sumiso a los violentos.
Pero también es una derrota para la paz negociada. El Gobierno no fue capaz o no quiso consolidar la convivencia y prefirió que unos alzados en armas atropellaran y arrinconaran a quienes creyeron en la paz y en un Estado que negoció con ellos. Reveladora la frase de uno de los habitantes de Santa Lucía, hoy en Mutatá: “Nos vamos antes de que nos maten. Acá el delito no fue haber sido guerrillero, sino haber firmado la paz”. Si eso es verdad, doble responsabilidad del Gobierno, pues está dando cumplimiento a su propósito de hacer trizas el acuerdo, así para sus propósitos reciba el respaldo de los que hacen parte de bandas delincuenciales.
Los desplazados dejan atrás sueños, trabajos y proyectos de vida y deben llegar a su nuevo hogar, a reiniciar con nuevos sueños, nuevos trabajos y proyectos de vida. Confiaron en el Estado, firmaron seguros que ingresarían a una nueva Colombia y tristemente se encuentran con una terrible realidad: Hostilidad desde los irregulares y hostilidad desde el Estado. Muchos han sido los excombatientes que se acogieron al proceso de paz que han encontrado la muerte, después de haber sido sinceros al entregar las armas.
Reflexionemos con lo que hacemos como sociedad y como Gobierno. Es hora de un alto en el camino.
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