En los hogares colombianos la realidad de la violencia es mucho más común de lo que se conoce, pero preocupa especialmente que son los casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescente (NNA) los que más se incrementan.

Según informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 se conocieron 28.645 casos de violencia intrafamiliar en todo el territorio nacional, de los cuales 10.794 casos (37,6 %) fueron contra menores de edad, y que 8.206 de esos casos (76,03%) ocurrieron al interior de la vivienda, con el agravante de que los mayores agresores son los padres, por lo que se sigue afirmando que, en Colombia, el lugar más peligroso para un niño o adolescente es su propia casa, mucho más si es de sexo femenino y si es adolescente.

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Y lo peor es que, aunque es notoria la concentración de estos casos en las zonas del país con mayor cantidad de población, Antioquia ocupa el degradante segundo lugar con más número de estos hechos. Bogotá y Cundinamarca ocupan el primer lugar con el 35,44%; le sigue Antioquia con 1.183 (10,96%); y tercero es Meta con el 5,74%. En cuanto a municipios, Bogotá acumula 3.825, Medellín 592 y Villavicencio 482.

De los 1.183 casos registrados en Antioquia, en 517 las víctimas fueron hombres y 666 mujeres.

En cuanto al valle de Aburrá, Medellín registró 592 hechos (258 hombres - 334 mujeres), Bello 70 (29-41), Envigado 36 (17-19), Itagüí 36 (14-22), Barbosa 16 (6-10), Copacabana 13 (7-6), Caldas 12 (5-7), Sabaneta  10 (1-9), La Estrella 9 (4-5) y Girardot 3 (2-1).

Violencia sexual

Pero hay un capítulo más preocupante, la violencia sexual contra NNA. Durante 2018 Medicina Legal realizó 26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual, con un incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior, siendo las mujeres las más afectadas.

De esos 26.065 exámenes, 22.794 se realizaron a menores de edad (87,5%), 18.839 de ellos por hechos ocurridos en la vivienda, cifras que exponen claramente la alarmante situación que vive la infancia en nuestro país por la continua vulneración de sus derechos.

La situación revela también que en 11.605 casos (47,80%) el presunto agresor fue un familiar cercano: el padrastro (1.203 casos), el padre (498) y el tío (496); aunque también se cuentan abuelos, primos, amigos familiares u otros parientes cercanos.

También se observa que las más afectadas son las mujeres, con 7.431 valoraciones, y que son más asediadas las niñas en el rango de edad entre los 10 y 13 años.

Otra dolencia para el departamento de Antioquia, porque en esta vergonzosa lista también ocupa el segundo lugar: Bogotá 4.169 casos, Antioquia 3.302, Valle del Cauca 2.268, Cundinamarca 1.658 y Santander 1.358.

En cuanto a los municipios del valle de Aburrá, Medellín registró 1.505 casos de violencia sexual (236 hombres - 1.269 mujeres), Bello 229 (45-184), Itagüí 104 (18-86), Barbosa 47 (2-45), Copacabana 46 (3-43), Envigado 44 (6-38), Caldas 41 (7-34), La Estrella 32 (7-25), Girardota 32 (1-31) y Sabaneta 24 (4-20).

Problema grave

Ante esta asustadora realidad, el gobierno seccional puso en marcha un plan para prevenir estas violencias en territorio antioqueño, tal como ya se hizo en la región de Urabá.

Es así como durante la primera sesión de este año del Consejo Departamental de Política Social y Equidad se definió conformar un grupo especializado para que la Unidad de Género de la Fiscalía haga énfasis en las investigaciones y se puedan bajar las estadísticas de violencia sexual y violencia intrafamiliar, cuyo incremento fue del 200% en el norte del valle de Aburrá, especialmente en el municipio de Bello.

Ese Consejo Departamental, del que hacen parte la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, así como diferentes sectores sociales, gremios, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, universidades y la sociedad civil, también decidió la actualización de la Política Pública de las Mujeres de Antioquia, que incluye nueve líneas de acción, tres más con respecto a la que ya existía, con las cuales se espera prevenir estas violencias apuntando al empoderamiento y al restablecimiento de derechos .

“Se ha hecho un trabajo juicioso, que apunta mucho a líneas estratégicas que van a contribuir a la visibilización de la mujer empoderada, a la mujer en equidad de género, que también es una de las metas del plan nacional de desarrollo, pero la verdad es que preocupa especialmente la violencia contra las mujeres menores de edad”, explicó Selma Patricia Roldán Tirado, directora regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Icbf-, señalando que “llama especial atención que en los últimos tres años ha aumentado ostensiblemente todo lo que tiene que ver con todo tipo de violencias contra las niñas y las adolescentes”.

Dijo que, con esas cifras, “hablamos de un aumento de casi el 50% de estos casos. En 2017, por ejemplo, teníamos 1.115 casos de procesos administrativos de restablecimiento de derechos por vulneraciones a las niñas, y en el año 2018 cerramos con 2.064 casos. Y no más en lo que va de este año, ya llevamos 1.342 casos. Es decir, en un semestre esta cifra ya es más alta de lo que tuvimos en 2017”.

A su vez, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, reconoció que el incremento de los casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual que se vienen presentando en el departamento, y que según la funcionaria hoy son superiores a las cifras de criminalidad y orden público, “obliga a reconocer que este es un problema muy grave”.

Articular esfuerzos

Y si el tema es un problema grave, la solución debe ser del mismo tamaño. Por eso, frente a esas cifras, la secretaria de Gobierno departamental y la directora regional del Icbf, se comprometieron a articular los esfuerzos para lograr mejores resultados, tal como ya se hizo en la región de Urabá, que en 2016 presentaba 186 casos de estas violencias, cifra que en 2017 se redujo a 104, en 2018 a 63 y en lo corrido de 2019 van 23 casos.

“Esto muestra que con el trabajo articulado que se ha hecho desde la Gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia, Adolescencia y Juventud, así como universidades e instituciones, se logró disminuir el impacto en Urabá, pero se nos disparó en lo que llamamos Aburrá Norte: Bello, Girardota, Copacabana, donde han aumentado los casos en más de un 200%, por lo que la invitación es a trabajar en esta zona como ya lo hicimos en Urabá, multiplicando esfuerzos”, expresó Roldán Tirado al reconocer que por esta misma causa “otros dos territorios que preocupan, aunque no con el impacto de Aburrá Norte, son las zonas del Magdalena Medio y el Oriente”, a lo que Ramírez Vélez agregó su “preocupación porque estas cifras también crecen exponencialmente en Medellín”.

Un trabajo articulado que reclama con urgencia el esfuerzo de todos los sectores, oficiales, privados y comunidad en general, porque si bien los estudios han permitido entender que el maltrato infantil no es patrimonio exclusivo de familias de escasos recursos o de bajo nivel educativo, sí es evidente que la mayoría de casos de este subtipo de violencia se da en grupos poblacionales con dichas características.

Por lo tanto, como lo propone el informe Forensis de Medicina Legal, “es urgente profundizar la cobertura educativa tanto en cantidad como en calidad, no solamente como herramienta para el desarrollo tecnológico, científico, y económico del país, sino como medida preventiva del maltrato. Se requiere un cambio cultural profundo, que transforme los comportamientos individuales y colectivos, creando así una conciencia ciudadana respetuosa de derechos”.

Y en esa línea destaca la importancia de “educar en los colegios y en el hogar en valores como el respeto y el cuidado del otro; así como evitar la violencia contra la infancia rompiendo cadenas de maltrato para que aquellas personas que fueron víctimas no repitan la misma historia con sus familiares y allegados”.