El Congreso de la República, tanto el Senado como la Cámara, es un reflejo del país. En el Poder Legislativo se manifiestan no sólo los obvios intereses políticos de sus integrantes, sino también conveniencias de gobierno, regionales, económicas, de raza, sociales, comunitarias,  de género, ambientales, étnicas, internacionales y hasta particulares entre muchas otras.

Y lógicamente esos intereses se ven plasmados en la lluvia de proyectos de ley y en los de reforma a la Constitución, lo cual, se quejó un congresista antioqueño, se ha convertido en una competencia y hasta en un reality o concurso entre los legisladores y los partidos para ver quiénes y cuáles radican y aprueban más iniciativas legales.

Los propios “parlamentarios”, aunque en Colombia no hay un régimen parlamentario, sino presidencialista, reclaman que el Congreso no debe ser una fábrica de leyes, muchos de ellos se ven obligados a ese campeonato de presentación de proyectos de ley porque lamentan que si no lo hacen, serán mal medidos por los medios de información y sobre todo por los durísimos críticos de la gestión legislativa, en una de las instituciones más desprestigiadas del país, pese a que en su elección, y ocurrió en los últimos comicios del 2018,  participaron unos 20 millones de sufragantes, una cifra respetable y significativa para una democracia como la colombiana, que ajustó apenas unos 200 años de vigencia, con algunos sobresaltos históricos, si la comparamos con las sociedades y el legado de las europeas, de donde se copiaron, mal o bien, los modelos estatales.

Así las cosas, la legislatura que acaba de despegar, la tercera del cuatrienio 2018 – 2022, o sea en el meridiano del trabajo del actual Congreso, no se quedó atrás en la bonanza de iniciativas radicadas, la inmensa mayoría de origen en los congresistas y obviamente la propia del actual Gobierno Nacional y que es de prioridad sobre los demás paquetes de proyectos.

Y la cifra no parece, sino que  es increíble. Un total de 282 proyectos, unos de suma relevancia para los colombianos  como las necesarias reformas que reclaman los ciudadanos en salud, justicia, laboral, participación electoral, etc., como otros catalogados como insólitos, como el que plantea que habría que consultarle al violador de una mujer si está de acuerdo que ella aborte o no. O el paquete de 24 proyectos radicados de una por un solo congresista. 

La Cámara se desbordó en la radicación de proyectos y su Secretaría General reportó 190 inscritos por 92 en el Senado.

Sacar adelante una propuesta legal de iniciativa parlamentaria es engorroso, complejo y requiere de mucho lobby con sus colegas y sus partidos.

Pero si una iniciativa afecta el marco fiscal o presupuestal de la Nación, es decir implica gasto público, su tránsito por comisiones y plenarias se complica aún más si no cuenta con la bendición del Ejecutivo y también si tropieza o invade intereses de poderosos gremios o de particulares, que se confabulan con sus amigos o “empleados” congresistas para hacerla fracasar.

Otro legislador de Antioquia ajustó dos años bregando, con mucha paciencia, que avance un proyecto de protección de la fauna silvestre. Y aunque parece muy loable su propósito, surgieron inesperados enemigos  alegando razones de incremento de costos en las obras públicas viales.

Una legislatura está compuesta por dos periodos, de julio a diciembre y de marzo a junio, y por muy productivas que sean en aprobación de proyectos, en cada una en promedio respiran al final unas 25 normas legales.

Agenda gubernamental

Por tal motivo, la agenda legislativa del gobierno del presidente Iván Duque Márquez obviamente figura como prioritaria hasta con mensajes de urgencia para afrontar la segunda mitad de su administración, para lo cual tuvo que hacer concesiones y coquetos políticos, abandonar su estilo de gobierno de Partido, y darle participación a conservadores, a los vargalleristas de CR y a un sector de la U en el manejo de carteras ministeriales claves, es decir, sucumbir al clientelismo, para tener maniobrabilidad en el Congreso, lo que está por verse en la legislatura que apenas arrancó.

Un día después de la primera instalación virtual del Congreso en la vida institucional de Colombia, debido al actual ataque viral mundial, el Gobierno madrugó a radicar los primeros siete proyectos en el Legislativo, tanto de ley como de enmiendas a la Carta Política o los llamados actos legislativos, pretendiendo con ellos resucitar la economía tan enferma con la pandemia, fortalecer la legalidad y seguir la batalla contra la corrupción, que es otra de las pandemias que contagia a la sociedad colombiana.

La política de reactivación económica de Iván Duque contempla propuestas de ley de emprendimiento, Reactivarte, de trabajo en casa, de plataformas tecnológicas y seguridad social, entre otras.

Y entre las relacionadas con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la Legalidad, se encuentran la reglamentación de la cadena perpetua, la jurisdicción agraria, la del Estatuto de Conciliación, las Comisarías de Familia, la Comisión de Moralización Pública y el Código Electoral.

A lo largo de los dos periodos de la tercera legislatura también se destacan los proyectos de ley de Consulta Previa, Acción Comunal, Presupuesto General de la Nación 2021, cupo de endeudamiento, presupuesto de regalías, y de Administración de Justicia.

También, la reforma al sistema de salud de la Policía y Fuerzas Militares, modificación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), seguridad social en plataformas digitales, reforma al Icetex, actualización normatividad postal propuesta de proyecto postal, plataformas digitales en el transporte y modificación al Sistema Nacional del Deporte, entre otras. 

Igualmente está prevista la reglamentación de la reforma constitucional de la prisión perpetua revisable, estableciendo las condiciones para la aplicación de esta sanción penal dentro de un proceso de violación y/o asesinato de niñas, niños y adolescentes.

A propósito este miércoles 22 de julio el mandatario nacional promulgó, en una acto en la Casa de Nariño que se convirtió en un tributo a la memoria de la fallecida congresista Gilma Jiménez que lo promovió, el anterior acto legislativo que logró vida jurídica en las polémicas sesiones virtuales de la segunda legislatura del periodo pasado entre marzo y junio en medio de la peligrosa crisis sanitaria, que obligó a la virtualidad legislativa.

Lo paradójico es que aunque la gran mayoría de congresistas reclaman volver a las sesiones presenciales, uno de ellos comentó que en materia de iniciativas aprobadas les ha ido mejor legislando el mundo digital, sobre todo a los más diestros y hábiles con las hoy ya aún más famosas y necesarias, por culpa del odiado covid, las TIC.

Además como aún medio país laboral, no las grandes masas de desempleados, está enjaulado en sus hogares por la cuarentena contra el virus, el Gobierno sigue hablando bastante de la reglamentación legal del trabajo en casa, que representa una modalidad de prestación de servicios ocasional, temporal y excepcional, que mantiene una dependencia y que respetará las condiciones pactadas al inicio de la relación laboral.

Y como es imposible hacer referencia a la avalancha de proyectos del puño y letra de los congresistas, iremos mencionándolos en la medida en que puedan sobrevivir en su difícil camino por las Cámaras, pues muchos son los invitados y pocos los escogidos.