Más de ocho millones de personas, el sistema de salud en Antioquia y las principales instituciones hospitalarias y de salud en Colombia sufren por el destino de las dos más grandes EPS: Cafesalud, que recibió 4,6 millones de huérfanos de SaludCoop quedando con 6,5 millones de asegurados, y Savia Salud, que atiende a 1,7 millones de antioqueños del régimen subsidiado. Las dos instituciones buscaron subsanar errores y garantizar que el aseguramiento, ya ofrecido en la afiliación, se viera reflejado en atención oportuna y eficaz. Aunque por su tamaño y dificultades estas EPS están en el centro del debate público, los expertos saben que las dificultades financieras y operacionales son comunes a todas las partes del sistema.

Ante el riesgo de que las dificultades presentes impongan una intervención institucional, que el ministro Alejandro Gaviria teme la convierta en algo semejante al Instituto de Seguros Sociales, el Gobierno Nacional busca la empresa, difícilmente una colombiana, que compre a Cafesalud antes de 2017, asumiendo sus compromisos y operación; ya el Ministerio de Salud tiene un avalúo con el que busca oferentes. Mientras, operadores que lamentan pagos incumplidos y pacientes que necesitan atención importante, pero no urgente, y tratamientos estabilizadores, pierden horas y días necesarios para mantenerse, recuperar su salud o, cuando menos, tener la calidad de vida prometida por el modelo de aseguramiento y la amplia cobertura diseñados en la Ley 100 de 1993, y afectados por el lento crecimiento del régimen contributivo (empleos formales) y el manirrotismo de los jueces de tutela.

La suerte de Savia Salud es también incierta. Creada en 2013 por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama, como solución que conjurara los retiros de las aseguradoras privadas, la empresa ha desarrollado iniciativas ejemplares en prevención, relaciones con proveedores y cuidado de los más pobres. Su esmero ha sido opacado por la crisis financiera producto de la deuda de la Gobernación de Antioquia, que desde 2015 no ha pagado más de $300.000 millones por atenciones del régimen No Pos que la normatividad descargó en los departamentos. Aunque ha pagado parte de esas prestaciones, quedándose sin capital de trabajo, Savia es desacreditada como deudora morosa del sistema hospitalario. Este problema envejece entre tensas negociaciones de los gobiernos de Antioquia, que aspira a que la Nación asuma cerca del 70% de la deuda, y Nacional, que ofrece bonos convertibles en acciones por $50.000 millones, así como créditos de largo plazo y tasas favorables. 

La duración e incertidumbre en el manejo de la crisis ha profundizado las dificultades de Savia. Aunque socialmente es imprescindible que esta empresa persista y afiance sus programas de cuidado preventivo y alivio a los más necesitados, sus estados financieros la han puesto en incumplimiento de los mínimos requisitos normativos sobre el estado de pérdidas y ganancias de las EPS; si antes del 31 de diciembre no se toman decisiones, la Superintendencia de Salud podría imponer la liquidación de esta EPS mixta. Con ella, morirían las acciones de equidad con millones de personas que no tienen trabajo formal, nunca se jubilaron y son vulnerables, así como se perdería un esfuerzo que exigió rigor en la planeación y tuvo, al menos en sus inicios, seriedad en los compromisos de sus socios. Salidas quedan y quienes reconocen el valor de la institución avanzan en construir opciones como que las principales IPS deudoras se hagan socias de Savia, cambiando parte de su deuda por acciones, a cambio de recibir el pago de alguna parte de lo adeudado, perspectiva que ya varias de ellas han aceptado.

La crisis de Cafesalud y Savia, representativa de la que padecen otras EPS, es el último eslabón de una cadena de precariedades, en los aportes y la destinación de recursos presupuestales, y exageraciones, en su mayoría con origen judicial, que ha debilitado al promisorio sistema de salud de Colombia. Su gravedad demuestra que las salidas no dependen de voluntades o temperamentos de líderes que parecen chocar en sus criterios sobre la resolución de tan grande problemática. En 2013, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes le falló a Colombia al no dar trámite a la Reforma a la Salud. Pasada esa página, al Congreso y al Gobierno les ha llegado la hora de salvar la salud de los colombianos.