Después de una larga, cuidadosa y prolija preparación, los 193 estados miembros de la Naciones Unidas, incluida Colombia, aprobaron en 2015 la Agenda 2030 con 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), 168 metas y sus correspondientes indicadores de actividades. Es un propósito universal surgido de un encuentro raro y feliz entre la ética altruista y el pragmatismo político en reconocimiento a que la erradicación de la pobreza es el máximo desafío para la economía y para la política y que este no se logra sin desarrollo sostenible.

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La Agenda 2030 con sus ODS es un equilibrio entre ideologías y prácticas extremas. Pretende raspar del capitalismo las tendencias neoliberales y el anarcocapitalismo conservador, variables ambos del llamado capitalismo salvaje, y raspar del socialismo radical las tendencias al estatalismo. Busca fortalecer la seguridad jurídica propia de la democracia procedimental basada en la división y en la autonomía de los poderes públicos y, sobre todo, en una justicia imparcial, garantizar materialmente tanto los derechos individuales, civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Enfatiza el cuidado y cumplimiento de derechos colectivos como la paz y la justicia y traza el camino para equilibrar la relación entre variables económicas y ambientales. Paz y prosperidad para todos en un planeta sano, sería un lema bastante acertado para sus propósitos.

Cada uno de los estados signatarios de la ONU, incluida Colombia, han asumido este desafío y se han obligado a cumplir con lo declarado e implementar, en consecuencia, planes de desarrollo específicos alineados en la misma dirección y propósito hasta 2030. La agenda específica para Colombia, ODS en Colombia: Los retos para 2030, fue elaborada en 2018 por la comisión de la ONU en Colombia y adaptada en el mismo año en el documento CONPES 3918.

Sería un gran salto cualitativo para nuestra cultura política que todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que pretenden o ejercen cargos públicos o de representación política -miembros de las JAL, ediles, concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores, presidente-, pero también funcionarios públicos y privados, jueces, maestros, periodistas, líderes sociales y, en fin, tuvieran como “lecturas de cabecera” el documento que consigna los ODS. Puesto que se trata de un plan de desarrollo hacia el futuro debería ser la referencia para justificar políticamente y sancionar legalmente todos los POT, EOT y PLANES DE DESARROLLO (nacionales, departamentales y municipales) y deslegitimar aquellos que no respeten lo acordado por el estado colombiano ante la comunidad internacional y ante sus propias comunidades nacionales.

Y ahora que el proceso de paz en Colombia está en peligro ya no solo por las dificultades inherentes y relativamente “normales” en un proceso de esta magnitud y costo, sino más grave aún por las dificultades artificiosas atravesadas tanto para su implementación legal como para su implementación logística, conviene recordar entre los ODS el número 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” y recordar, también, que la comisión de las Naciones Unidas que elaboró la Agenda ODS para Colombia afirma lo siguiente: “Colombia tiene aún más razones para asegurar la implementación de esta agenda. Fue uno de los países precursores en su diseño desde la Conferencia Río+20 en 2012 y ha sido pionera en la inclusión de la Agenda en sus instrumentos de planeación, como los planes de desarrollo y el Conpes sobre ODS. Además, está ante una oportunidad histórica, en la que con la terminación del conflicto armado puede avanzar decididamente hacia el cierre de las brechas de desarrollo”.

Porque de lo anterior se desprende que el proceso de paz basado en los Acuerdos ya legalizados y constitucionalmente refrendados está en la ruta de la Agenda 2030 y sus ODS, aunque haya quien los deslegitime, con groserísima mentira, porque son el producto de una conspiración de las Farc y del maquiavelismo del expresidente Santos en complicidad con otros 192 países y la Asamblea General de la ONU.

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Por eso, si solo hay un partido político que claramente ha decantado su posición política en contra del acuerdo de paz y, desconociendo lo acordado en la ONU, en lugar de propuestas para perfeccionarlo pretende hacerlo trizas, no parece descabellado hacer un llamado al altruismo ético y al pragmatismo político para que todos los partidos políticos que han manifestado su acuerdo con el acuerdo de paz y con su perfectibilidad se unan en este propósito, como mínimo, y ganen con ello, muy seguramente, las elecciones de octubre y, muy seguramente, otras.