El instituto British College cerró sus puertas a principios de año sin previo aviso, dejando afectados por las deudas a sus estudiantes y sin el pago de salario a muchos de sus trabajadores.
Así luce hoy la fachada de British College, ubicada en la carrera 80 de Medellín.
Desde el pasado 22 de febrero, cerca de 860 estudiantes del British College, o Academia Británica de Idiomas, se han visto afectados por el repentino cierre de la institución, que dejó no solo a muchos sin poder culminar su proceso académico, sino que también significó una afectación económica, pues muchos tenían préstamos con entidades bancarias para poder costear el curso.
En los últimos meses los afectados se han movilizado buscando soluciones. Según Kenia López, vocera y líder de los estudiantes, lo ocurrido sigue causando asombro a muchos de quienes hacían parte de la academia.
Ese viernes de febrero los alumnos recibieron un mensaje vía WhatsApp, canal de comunicación utilizado para programar las clases y enterarse de las novedades. La comunicación informaba que, debido a una reestructuración administrativa, las clases serían suspendidas hasta el 27 de febrero.
Sin embargo nunca se reiniciaron las labores y las instalaciones comenzaron a ser desmanteladas. Además, como dijo Laura Isabel Agudelo, alumna de la academia, las líneas de atención fueron deshabilitadas, lo que dejó a los afectados en la incertidumbre.
“No volvieron a llamar ni a escribir. Nos mandaron el mensaje el 22 y que el 27 supuestamente podíamos retomar las clases, pero eso no sucedió”, manifestó Agudelo.
Por su parte, Kenia López indicó que ante el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, se acercó a las oficinas el 26 de febrero: “Yo me acerqué a British College para preguntar si ese tiempo nos lo iban a descontar, para saber qué hacer y, cuando toqué no había nadie. Me pareció muy extraño porque cuando tenían alguna actividad interna nunca cerraban la parte comercial, pero esta vez cerraron todo. Como nadie me abrió, llamé a un profesor y le pregunté que quién había adentro. Él me dijo que llamara a Bogotá, porque la empresa la estaban liquidando. Llamé varias veces hasta que me contestaron y me dijeron que la firma, efectivamente, se estaba liquidando”.
Ante la situación, López convocó a sus compañeros para contactar a Hugo Antonio Bello Nieves, representante legal de la empresa, con el fin de que este les respondiera por el incumplimiento. Bello se comprometió a atenderlos el 27 de febrero, pero no llegó, por lo que los estudiantes decidieron emprender acciones legales.
Lo primero que hicieron los estudiantes fue enviar una carta a la Secretaría de Educación de Medellín al día siguiente, así como una queja a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Kenia López recuerda que para ese día Hugo Antonio Bello sí se reunió con ellos, indicándoles que serían reubicados en instituciones de la similar calidad. Los estudiantes suponían que se refería a las academias Smart y American School Way, pues en el ambiente circulaba el rumor de que sus hermanos eran los dueños de esas academias.
"Nos dijo que el ente encargado de reubicarnos era la Secretaría, y nosotros le creímos, pero la Secretaría reubica estudiantes de instituciones públicas, no privadas”, manifestó la líder estudiantil.
En efecto, mediante el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Siet, EL MUNDO encontró que el señor Sergio Tulio Bello Nieves figura como representante legal de la academia Smart, ubicada en el municipio de Bello. Por su parte, Héctor Mario Bello Nieves aparece como representante legal de American School Way en su sede de Envigado y la señora Beatriz Andrea Bello Nieves es la representante legal de la sede del centro comercial Florida.
En los acuerdos, Bello se comprometía a reubicarlos a todos a más tardar el 15 de marzo, para que los nuevos procesos de inscripción se cumplieran antes del 21 de ese mismo mes, según indicó López. No obstante, esa promesa no se cumplió y Bello dejó de responder las comunicaciones con los estudiantes desde el 5 de marzo.
Fue cuando los afectados decidieron iniciar un proceso penal en Fiscalía, alegando estafa. Este proceso, señaló López, se encuentra en manos de un fiscal de priorización en Bogotá, pues el proceso se unió a una denuncia previa realizada por los estudiantes de la academia en la capital del país por los mismos hechos.
“Estamos esperando la imputación de cargos para poder iniciar el proceso civil”, señaló López.
British College ya había tenido inconvenientes antes, que iban desde cambios inoportunos en las modalidades de enseñanza hasta una sanción de la Secretaría de Educación en 2017.
En el primer caso, Kenia López contó que en octubre de 2017 los estudiantes recibieron una comunicación por parte de la academia en la que se les indicaba que la metodología establecida iba a tener un cambio brusco, lo que molestó a los estudiantes y los llevó a realizar protestas.
“Nos dijeron que nos iban a cambiar la metodología de estudio: pasábamos de un 90% presencial a un 35%, y el resto lo veríamos online. Yo eso lo peleé, porque pagué por clases presenciales”, acotó López.
En el caso de la sanción, la Secretaría dictó medidas en febrero de 2017, mediante la resolución 2168, por inconsistencias en el tiempo de duración de los cursos inferiores a los registrados, además de las horas certificadas por algunos estudiantes. El 26 de mayo de ese mismo año, mediante la resolución 6010, se certificó que uno de los estudiantes realizó sus niveles en un tiempo inferior al permitido por la normatividad vigente, por lo que la institución recibió una amonestación pública.
El cierre intempestivo de British College no solo afectó a los estudiantes. Los trabajadores de la entidad también se vieron sorprendidos pues, al igual que los alumnos, nunca fueron notificados de una posible liquidación de la empresa. Sin embargo, sus problemas se venían presentando desde el año pasado, pues ya desde la institución habían comenzado a quedarles mal con el pago de sus salarios.
Un exempleado de la empresa, docente que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró que “la situación se venía desarrollando desde hace bastante tiempo, pero los docentes y la parte administrativa no la conocíamos. Yo no tenía contacto con la parte financiera, que se mantenía muy en secreto, pero desde mitad del año pasado los pagos se volvieron muy irregulares. Los docentes de más experiencia decían que eso no había pasado antes”.
Según añadió, primero los pagos comenzaron a retrasarse hasta cinco días, luego llegaron al punto de dilatarse por periodos más prolongados y en un momento les comenzaron a pagar parte de los sueldos en efectivo y no mediante consignación, e incluso, dejaron de pagarles la seguridad social.
“Uno se empieza a enterar de casos de docentes que contrataron a mitad del año pasado y jamás le pagaron salud y pensión. Si se enfermaban, la empresa iba y les pagaba el médico o les daba la plata para que fueran a consulta por aparte”, indicó el empleado, quien renunció a la academia 15 días antes del cierre debido a que no le habían pagado los salarios de enero y febrero.
“Lo último que me pagaron fue la quincena de diciembre. El tema no pasa solo por mí, sino por los que trabajamos en la empresa, que nunca recibimos liquidación”, añadió.
Para el caso de los trabajadores, la fuente consultada relató que Hugo Bello les aseguró que en ocho meses les cumpliría con los compromisos económicos, sin embargo, tampoco volvió a ponerse en contacto con ellos, por lo que instauraron una denuncia ante Fiscalía. Bello no ha asistido a las conciliaciones a las que ha sido citado.
Esta persona concuerda con Kenia López en que los problemas se empezaron a ver con la reducción paulatina del cuerpo docente; de casi 20 profesores en 2018, para este año había cerca de 12, pues en diciembre fueron despedidos tres, y para enero otros cuatro renunciaron. No obstante, la fuente también señaló que tres nuevos docentes fueron contratados, pero de igual forma se les incumplió con sus salarios: “A una docente la contrataron un mes y jamás le pagaron nada. A uno lo contrataron un mes y medio antes, y solo le pagaron una quincena”.
Respecto de las obligaciones contractuales de British College, tanto el exempleado como Kenia López y Laura Agudelo manifestaron que la editorial Pearson, empresa que tenía convenio con la academia mediante textos escolares y una plataforma online, determinó finalizar el servicio ante los incumplimientos monetarios.
“Yo hablé con Pearson y ellos me dijeron que les debían hasta 300 millones de pesos. En British comenzaron a incumplirnos con la entrega de los libros cuando íbamos a iniciar el nuevo nivel”, dijo López.
Jairo Alonso Marín, líder de los estudiantes frente a los procesos que se llevan con la entidad financiera Sufi, manifestó que ellos hicieron un reclamo por la aprobación de unos créditos el mismo día del cierre de la academia, a lo que Sufi respondió que nunca se les notificó de esa determinación, por lo que también se declaraban como víctimas.
Marín expresó que en primera instancia Sufi les manifestó que no tenía la responsabilidad en lo ocurrido pero finalmente accedió a convocarlos para escuchar sus casos en una reunión el pasado 30 de abril.
“Nos dijeron que Sufi no era responsable, pero que se ponían en la posición de nosotros y que verían cómo nos iban a ayudar, que teníamos que entender que todos los casos eran diferentes y nos preguntaron si sabíamos lo números de los afectados. También nos dijeron que se iba a estudiar cada caso y que nos iban a facilitar una línea telefónica, que todavía está abierta”, indicó.
Según Marín, la entidad ha sido abierta a colaborar, determinando resolver las deudas según los afectados: a quienes no alcanzaron a ver más de un mes del curso, les condonaron la totalidad del crédito; a quienes habían iniciado ya el proceso, les condonaron montos de entre el 50 % y el 30 % de la deuda, además de decidir no cobrarles intereses.
Sin embargo, dijo Marín, el proceso para Sufi tampoco ha sido fácil, pues desde British College se presentó una mala entrega de la documentación para los créditos que los estudiantes firmaban, pues la academia le pasó a la entidad valores mayores a los que los afectados habían solicitado, por lo que establecer los valores reales de las deudas ha sido una labor espinosa.
“Había casos en los que British College pasó el crédito por más plata, y a nosotros nunca nos entregaron la copia del contrato con Sufi. Nos decían, por ejemplo, que nuestro curso costaba $2’500.000, pero a Sufi le pasaban un valor de $3’500.000, y eso lo vinieron haciendo en los últimos meses. La gente se quejaba porque el crédito les aparecía más alto. Sufi no sabía realmente cuánto costaba un curso, porque British College tenía muchos descuentos”, finalizó Marín.
La estudiante Kenia López indicó que, durante sus gestiones, hizo contacto con Icontec, donde le revelaron que el sello de calidad de British College había sido suspendido, lo que debía implicar la cancelación de la resolución por parte de la Secretaría de Educación de Medellín.
La representante contó que el 28 de febrero le manifestaron que el 7 de marzo levantarían el acta para iniciar el proceso jurídico y que el 14 de marzo le enviaron una carta anunciando que se iniciaría el proceso sancionatorio.
Por su parte, desde la Secretaría de Educación indicaron que el 29 de marzo “se envió comunicación para notificación de inicio de proceso sancionatorio a la entidad, la cual tiene hasta cinco días hábiles para responder”, sin embargo, la dependencia se abstuvo de entregar mayores detalles.
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