Gobernar sin mayorías en el Congreso es extremadamente difícil, pero hacerlo con la oposición metida en el gabinete es ya una cuadratura del círculo con regla y compás. Al parecer el presidente Duque ha tenido y tiene enquistados en altos cargos a varios opositores, como la anterior ministra de justicia que estuvo dedicada exclusivamente a sabotear sus iniciativas y a revelar intimidades del trabajo gubernamental. Ahora resulta que las superintendencias han decido fungir como jueces y declarar ilegales un par de aplicaciones tecnológicas – UBER y PICAP- que le están facilitando la vida a millones de personas y permitiendo a miles la obtención de un ingreso de forma honesta.

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La superintendente de Transporte, señora Carmen Ligia Valderrama, decide que uno no puede usar una moto de su propiedad para transportar a una persona a cambio de un pequeño pago. Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, señor Andrés Barreto, decide que solo pueden transportarse personas distintas a su conductor en vehículos pintados de amarillo. Ambos han recurrido a las más absurdas leguleyadas para justificar unas decisiones que favorecen intereses gremiales privilegiados a expensas de propiciar el atraso tecnológico.

Estas decisiones resultan difíciles de entender a la luz del discurso gubernamental sobre la “economía naranja” y, más importante quizás, del gran esfuerzo de la ministra Silvia Constaín para hacer aprobar la nueva Ley de TIC, que estimula la inversión en infraestructura de comunicaciones, y realizar subastas para ampliar el espectro disponible. ¿Para qué diablos un regulador convergente, más inversión en antenas, más ancho de banda si al mismo tiempo se están prohibiendo las aplicaciones que deberían beneficiarse de todo ello? Es como hacer autopistas, túneles, puentes y modernizar los peajes y al mismo tiempo prohibir la circulación de los vehículos. Sería bueno conocer la opinión de la ministra Constaín sobre lo que están haciendo los subalternos de sus colegas de gabinete.

Se tiene la impresión de que hay gente en el Gobierno que no entiende de qué trata la primorosamente denominada “economía naranja”. El gran asunto de la economía es la utilización eficiente de los recursos disponibles, la reducción del desperdicio, el mejor empleo del capital para potenciar el trabajo y tener así más tiempo libre y mejor calidad de vida. Y esto se logra multiplicando y profundizando los intercambios, poniendo en contacto millones y millones de oferentes y demandantes para que voluntariamente cambien unos con otros sus bienes y servicios. Todo monopolio - grande o pequeño, duradero o efímero- es, en esencia, la explotación de una oportunidad de mercado de la cual se encuentran excluidos los competidores por no estar informados de su existencia o porque estándolo la ley no les permite acceder a ella.

El papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – como UBER, PICAP, Airbnb, Rappi, etc. – es justamente difundir información en tiempo real sobre oportunidades de intercambio beneficioso para las partes. Nadie está obligado a hacer uso de esas aplicaciones ni a realizar los intercambios que posibilitan. El papel de esas aplicaciones es destruir pequeños y grandes monopolios basados en el control de la información y en diluir permanentemente el poder de mercado haciendo más eficiente la economía.

En su ofensiva contra las aplicaciones, las Superintendencias invocan las regulaciones desuetas que protegen monopolios legales sin preocuparse por los derechos de los millones de personas que las utilizan. Porque este es el punto. La protección a la competencia, que supuestamente es la función de la SIC, es para garantizar el derecho de la gente de elegir quién le presta el servicio que requiere o de utilizar su trabajo y los bienes de su propiedad de la forma que crea es más provechosa.

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La batalla por las aplicaciones es una prueba de fuego para el gobierno del presidente Duque pues en ella está en juego la mayor o menor celeridad con la que se difundan las existentes y las que seguramente aparecerán en el futuro sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Ni el gobierno de Duque ni ningún otro en Colombia o cualquier otro país del mundo puede evitar, sin acabar totalmente con la libertad, que las aplicaciones tecnológicas de todo tipo se impongan finalmente. Pero si puede hacer mucho daño retrasando su desarrollo y su difusión pues no otra cosa es lo que está haciendo la SIC, convertida en la SAT: Superintendencia del Atraso Tecnológico.