Por Natalia Maya Llano*

En septiembre de 2015 el Concejo de Medellín aprobó, mediante el Acuerdo 21, la Política Pública de Seguridad y Convivencia de la ciudad, un Modelo Integral de Gestión Local en cuya formulación participaron diversas organizaciones sociales, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Universidad Eafit.

El punto de partida de esta Política es el reconocimiento de que los problemas de seguridad y convivencia de Medellín son multicausales y que por tanto deben tratarse de manera integral; en consecuencia con esto, se apoya en conceptos como el de seguridad humana y seguridad ciudadana, y en enfoques como el territorial, poblacional, de género y de derechos humanos.

Esta Política Pública, que la Alcaldía de Aníbal Gaviria formuló para Medellín a pocos meses de finalizar su período, fue entregada bajo la advertencia de que sus lineamientos y estrategias ya se estaban implementando, y que su horizonte temporal era de diez años (2015 a 2025), es decir, que su éxito dependía de que las próximas dos administraciones de la ciudad la implementaran y de que una tercera la reformulara en caso de considerarlo necesario.

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Sin embargo, pese a que en su momento algunos sectores académicos y sociales celebraron –no sin escepticismo– que en Medellín se estuviera avanzando en la formulación de políticas de gobierno a “políticas de Estado” a largo plazo; desde el primer año de la Administración de Federico Gutiérrez fue evidente que las premisas de “construir sobre lo construido” y promover la participación se mandaron al traste, así como la Política Pública en su conjunto.

Lo advirtió en 2017 Luis Fernando Suárez, exsecretario y vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Gaviria: “lamentablemente la actual Administración desconoció de manera irresponsable este riguroso ejercicio (desconociendo el Acuerdo Municipal que la aprobó), situación que se explica porque la actual visión de seguridad es exclusivamente represiva y centrada en el populismo punitivo”.

Populismo punitivo que riñe con una de las disposiciones básicas de la Política Pública: “Medellín necesita una Política de Seguridad y Convivencia orientada a los y las ciudadanas, y no exclusivamente a los pillos”. Por eso, puede afirmarse que privilegiar las acciones policiales de película, circunstanciales y mediáticas, donde Fico y “los pillos” son los protagonistas, y negar cualquier interlocución con la ciudadanía, ha sido el sello en materia de seguridad de la actual Administración.

También el Instituto Popular de Capacitación (IPC) lo señalaba con preocupación: “la discordancia de la actual Alcaldía en la práctica desvertebra su pretendido (el de la Política Pública), puesto que deja al garete la prevención en tres planos esenciales: lo social, lo situacional y lo institucional, privilegiando la coerción, la coyuntura y el militarismo”.

 ¿Cuáles han sido entonces las consecuencias del desconocimiento de la Política Pública y del personalismo de Fico en el manejo de los problemas de seguridad? Para expertos como Jorge Giraldo Ramírez de Eafit, al tenor de las cifras su Política es un fracaso, debido a que todos los indicadores desmejoraron. Particularmente, los homicidios han incrementado desde 2016 hasta hoy. De acuerdo con el Informe Diario de Homicidios del SISC, marzo cerró con 159 homicidios, veinte más que en el mismo período del año anterior, lo que representa un aumento del 14,4% y una proyección de 25,29 homicidios por cada cien mil habitantes para diciembre de 2019 -es decir, para el final de la Administración de Fico-, una cifra lejana a los 15 contemplados por el Alcalde en su Plan de Desarrollo.

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Y, aunque a Fico como “figura” le va bien (resultado de la inversión en publicidad oficial más alta de todas las alcaldías del país: 130.000 millones según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP), los ciudadanos de Medellín se sienten cada vez menos seguros. La más reciente encuesta de Medellín Cómo Vamos indica que para 2018 la percepción de seguridad en la ciudad es la peor desde 2008 (41%). A nueve meses de que finalice la Administración efectista y mediática de Gutiérrez, es improbable que reoriente su Política de Seguridad hacia la ruta trazada en 2015; sólo resta esperar que el próximo gobernante de Medellín sí cuente con la ciudadanía y se tome en serio la Política Pública integral que ya tiene la ciudad.

* Estudiante, Maestría en Ciencia Política, Universidad de Antioquia