El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación por no evitar la toma del municipio de Granada, Oriente antioqueño, el 7 de diciembre del 2000 por parte de las Farc, con cerca 600 guerrilleros.

Según este tribunal, este ataque pudo haberse evitado, ya que hubo señales claras en su momento de que podría ocurrir. “Ya se rumoraba sobre el ataque a la estación de Policía local, lo cual fue informado a la Fuerza Pública”, indicó el fallo de esta instancia, que expuso el hecho de que solo hubiera 23 policías a cargo del municipio al momento del hecho, que duró unas 20 horas, sin presencia del Ejército Nacional, que se había retirado tres meses atrás.

La comunidad de la zona también guardaba sospechas de que la tragedia fue anunciada. Por ello, los familiares de tres de las víctimas, los demandantes, argumentaron que las autoridades tenían información de inteligencia de esta toma y que la única medida tomada fue el envío de un número de policías insuficiente para la cantidad de guerrilleros que arribaron al municipio antioqueño. 

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Por tanto, el fallo determinó que “la Fuerza Pública omitió sus deberes de protección a la vida e integridad de la comunidad, tanto así, que el municipio sólo contaba con 23 policías, y pese a las amenazas directas sobre esta localidad no se tenía por el Ejército Nacional un plan de acción que garantizara la protección de la población, al punto que cuando ocurrió el ataque, estuvieron a merced de los insurgentes por espacio de veinte (20) horas, sin que recibieran apoyo de las Fuerzas Militares, lo cual se tradujo en una flagrante violación de los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, así como de las normas del Derecho Internacional Humanitario, habida cuenta, la multiplicidad de masacres, desplazamientos, y en general, el terror y zozobra constante a la que terminaron sometidos los Granadinos”, indicó el fallo.

La toma, hecha por cerca de 600 guerrilleros causó estragos en el pueblo con un carro bomba en el comando de Policía, que dejó 19 personas muertas (policías y civiles) y afectacciones en 200 viviendas, por lo que el Tribunal determinó que la Nación falló “en del deber de proteger a los ciudadanos”. Los demandantes, por su parte, serán indemnizados.