Once días estuvieron las comunidades indígenas de Colombia reunidas en Minga para pedirle al Gobierno Nacional y a todo el país proteger su vida, respetar sus derechos y salvaguardar sus territorios. Además, que no se olviden de ellos, de nuestras raíces, de su resistencia y lucha, de la importancia de la Pachamama.

La Minga Nacional por la Defensa de la Vida, como se denominó esta movilización de más de 50.000 indígenas, que tuvo acción en 20 departamentos del país y que se inició el pasado 30 de octubre del presente año, aún no termina, pero sí se transformó en una Asamblea Permanente “hasta que se cumplan los acuerdos  por parte del Gobierno Nacional”.

Así lo manifestó Luis Fernando Arias Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), quien exhortó a los mingueros y mingueras a continuar en lucha, resistencia y a “mantener los fogones prendidos en quince puntos de concentración a lo largo y ancho de Colombia”.

El líder indígena destacó que desde el pasado 6 de noviembre se iniciaron las conversaciones con el Gobierno Nacional para avanzar, principalmente, en un protocolo humanitario que atienda a los mingueros que han sido lesionados en el desarrollo de las jornadas de movilización y, además, que no haya judicialización contra estas personas que han sido detenidas por parte de la Fuerza Pública.

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En este punto, cabe destacar que según el docente y experto en Antropología de la Universidad de Medellín, Juan Camilo Vásquez Atehortúa, “en la actualidad se puede entender por Minga a un llamado, un grito del pueblo indígena para que quienes conformamos el Estado volquemos la mirada hacia ellos para trabajar juntos por un mejor país y de esta manera conseguir la paz”.

“La Minga también es un proceso de ‘economía’ diversa a la de occidente, donde todo lo producido se distribuye entre quienes conforman el grupo humano cultural, en este caso, el indígena. Esta sería una definición histórica desde la antropología”, explicó el avezado.

Por ello mismo, destacó la Onic en su reciente manifiesto: “Se aviva la Minga por la Vida, como viva está la resistencia en cabeza de la Guardia Indígena en varios puntos de concentración”.  

Así como cientos de Sikuani del resguardo El Tigre, quienes continúan en protesta por el acoso de la Policía Nacional y amenazas de funcionarios departamentales de judicialización de los mingueros, por lo cual mantienen bloqueada la vía a Campo Rubiales en los territorios de La Y y La María, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

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La vía férrea del Cerrejón, en La Guajira, también continúa bloqueada por decenas de indígenas Wayuú de los municipios de Uribia y Manaure, convocados en Minga por el incumplimiento del Gobierno Nacional en temas territoriales, de salud y educación.

“El Gobierno ha sido complaciente con la violencia contra nuestros pueblos y ha  permitido que  la desidia y abandono sigan siendo la principal política pública que nos aplica.  Esto no ha impedido ni impedirá que sigamos aportando a la paz de Colombia”, comunicó la Onic. 

Mínimo cumplimiento

Desde 1996, según manifestaron las organizaciones representantes de la Minga, el Gobierno ha suscrito un total de 1.392 compromisos, de los cuales el 63% corresponden a actos legislativos, administrativos y políticas públicas que tienen un promedio de 3% de cumplimiento.

Además, el 37% que resta corresponde a actas de sesiones que no superan un cumplimiento del 30%, mientras que los acuerdos cumplidos no implican cambios sustanciales o estructurales. En Colombia existen 106 pueblos indígenas, de los cuales más del 60% se encuentran en riesgo de extinción física y cultural. 

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Así lo aseguró Guzmán Cáisamo Isarama, de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien explicó que “la Corte Constitucional identificó 35 pueblos en riesgo de extinción por causa de la violencia”, destacando que entre 2014 y 2016, mientras avanzaban los diálogos de paz en La Habana, se presentaron al menos 12.000 violaciones a los derechos humanos contra estas etnias. 

En la misma línea, José Leonardo Domicó, consejero de Gobierno de la OIA, manifestó que también le exigen al Gobierno Nacional que haga un seguimiento real sobre los líderes que han sido amenazados, al igual que a las familias que están próximas a desplazarse debido a los actores armados al margen de la ley en los territorios indígenas.

“En cuanto al tema de educación, se firmó hace unos días con la ministra de Educación, Yaneth Giha, la gratuidad educativa. Esperamos que todo esto se materialice en hechos concretos”, consideró.

El otro punto que hoy se está negociando en la mesa es el tema de la vinculación del Capítulo Étnico (acordado en La Habana) en el Proceso de Paz. 

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De no hacerlo, dijo Domicó, sería desconocer totalmente la existencia de los pueblos indígenas en el país, la afectación que han tenido por la ola de violencia y, “definitivamente, sería desconocer absolutamente la reparación individual e integral que requerimos los indígenas”.

Igual o más grave resulta que, con hechos concretos, “hoy podemos manifestar con hechos concretos que los pueblos indígenas en el país, y quizás campesinos y afrodescendientes, no hacemos parte del Acuerdo de Paz”, declaró Domicó.

“El Gobierno Nacional nos ha aislado de todo el proceso de negociación. Los indígenas de Colombia vivimos en constante zozobra porque nuestros territorios están invadidos por la presencia de grupos armados al margen de la ley”, declaró.

Y continuó: “Hay una alta presión del Eln y del clan del golfo reclutando a nuestros jóvenes. Hay presencia de personas que son ajenas a nuestros territorios plantando cultivos ilícitos. Hay presencia de multinacionales y empresarios haciendo inspecciones para ver dónde están los puntos estratégicos para la explotación de la minería”.

No cesa la discriminación

Incrementa también la preocupación dentro de la comunidad indígena porque si bien son ellos quienes habitan los territorios ancestrales y vienen denunciando cualquier acto que los vulnera, en todo el sentido de la palabra, pareciera que en Colombia, en pleno siglo XXI, se sigue viviendo el tema de la discriminación.

“Hay un fuerte señalamiento por parte del Estado, y más ahora por el resultado de la Minga. Hay que reconocer que el Smad y la Fuerza Pública nos han afectado, nos han asesinado y han entrado en un bastón  de choque contra armas. Eso es una realidad que no se puede desconocer”, aseguró Leonardo Domicó.

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Además, debido a una serie de situaciones y de confrontaciones en el desarrollo de la Minga, algunas personas han señalando a los indígenas como terroristas o guerrilleros, lo cual, según la OIA, “no se puede admitir bajo ningún punto de vista”.

“Nosotros simplemente somos defensores de nuestros derechos y exigimos bajo la Constitución el cumplimiento de lo acordado con los pueblos indígenas. Ese es el principio de la Minga: la fuerza de la voz, de la palabra, de la unidad, de la colectividad y del derecho de un pueblo”, ultimó Domicó.

Logros históricos

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la organización indígena más antigua de Colombia, calificaron esta movilización masiva como una “Minga histórica” debido a que se legisló de Gobierno a Gobierno y se logró la suscripción de los acuerdos pactados.

“El próximo 18 de noviembre la Comisión Mixta, conformada por distintos Ministerios y el Cric, sesionará en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (Uaiin), en la Ciudad de Popayán, para protocolizar el plan de acción acordado en las diferentes mesas temáticas y que permitirá sacar adelante los compromisos que se adquirieron con nuestros pueblos y comunidades indígenas”, manifestó en un comunicado la Consejería Mayor del Cric.

Igualmente, se acordó la gratuidad educativa a todos los niños y niñas indígenas que se encuentran bajo la modalidad de contratación, y se avanzó en el reconocimiento de la Uaiin para el fortalecimiento de los programas de educación propia. 

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También se acordó mejorar la situación financiera de la Epsi (Empresa Prestadora de Salud Indígena del Cauca), gestionando el pago de deudas y aumentando la UPC (Unidad de Pago por Capitación) al 12%. 

Otro logro es la exoneración del cobro de tarifas de derechos de autor y conexos por parte de las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro a todas las emisoras de cabildos indígenas y asociaciones de cabildos del Departamento del Cauca, el montaje del Centro de Producción Integral, la licencia para la emisora regional del Cric, entre otros.

Finalmente, los pueblos indígenas manifestaron su gratitud a todas las comunidades por su tenacidad y coraje en la Minga e invitaron a continuar fortaleciendo la unidad en sus territorios, seguir defendiendo a la Madre Tierra de las políticas económicas de Colombia para el bienestar de las futuras generaciones.