Este Frankenstein judicial, con apenas dos años, ha protagonizado más escándalos que cualquier otra entidad pública en tan breve lapso. Pero lo de la semana anterior es enfermizo.
Patricia Linares preside la JEP
Si alguien tenía dudas sobre la naturaleza espuria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), estas quedaron ya despejadas. Desde el principio, insistimos en que la JEP era un tribunal ignominioso cuyo propósito central sería el de ungir con agua bendita los horribles crímenes de las Farc, simulando procesos rigurosos e invistiendo los fallos con un aura de probidad, imparcialidad y honestidad que permitieran dejar todo en la impunidad.
También dijimos que la JEP se convertiría en una corte inquisitorial en detrimento de los enemigos de las Farc, como los muchos militares y los pocos políticos que las combatieron con toda la determinación. Y que estos serían forzados a admitir como verdades acusaciones amañadas, con el fin de, cuando menos, equiparar las responsabilidades de los llamados «actores» del supuesto «conflicto armado» para justificar la absolución de los terroristas.
Ni siquiera en un país africano se habría mancillado tanto la soberanía nacional como para que tres extranjeros de extrema izquierda —cercanos, para más señas, a grupos terroristas como Eta, Sendero Luminoso y Montoneros—, nombraran los jueces de un alto tribunal, todos con ese mismo sesgo y algunos con manifiesta afinidad con las Farc. No sobra repetir que la JEP es una corte creada por y para las Farc, como lo reconoció el mismo Timochenko con toda tranquilidad en una rueda de prensa cuyo video ha sido muy difundido en redes sociales: «…este tribunal es una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido».
¿Qué podía esperarse entonces de semejante Frankenstein? Este monstruo judicial apenas tiene dos años y ya ha protagonizado más escándalos que cualquier otra entidad pública en tan breve lapso. Desde líos administrativos, pasando por luchas intestinas por el control de la contratación, una frondosa burocracia y permisos de salida del país a guerrilleros, hasta la no extradición y fuga de Santrich —con maleta repleta de dólares de por medio—, han sido algunas de las ruindades que han trascendido a la opinión pública. Pero, más grave aún es el talante que se respira ahí.
No es ninguna casualidad que las audiencias de los exguerrilleros se desarrollen no solo en un clima amable, casi familiar, manteniendo sus declaraciones bajo absoluta reserva, mientras la declaración del general Mario Montoya fue filtrada en directo a sus detractores y más parecía una audiencia condenatoria. Y si aparece un cadáver en una fosa común, de inmediato se atribuye su muerte al Ejército y a la práctica de falsos positivos; no puede tratarse de una víctima de paramilitares, guerrillas, narcos o delincuencia común, no, es una víctima del Estado y punto.
Pero lo de la semana anterior ya es enfermizo. Como si fuera poco el no producir ni una sola condena contra las Farc en dos años —ni siquiera de esas con penas simbólicas, como sembrar lechugas o aprender a leer— la JEP determinó que asesinar uniformados en cualquier circunstancia y con cualquier método es perfectamente válido bajo la luz del DIH. Este tribunal amnistió a la guerrillera Marilú Ramírez, que estaba condenada por el carrobomba que estalló en la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada en el 2006, y no tuvo en cuenta de que se trató de un acto terrorista, que el lugar en mención es una universidad, que queda en medio de la ciudad, que allí también estudian civiles, que los militares que se forman en ese sitio están desarmados y no están de servicio. A los 14 militares heridos en esa ocasión les quitaron el carácter de víctimas, y la terrorista le manifestó a un medio de comunicación que no está arrepentida.
Como para ajustar, las declaraciones que han hecho los terroristas de las Farc ante la JEP sobre el tema del secuestro serían hasta chistosas si no se tratara de hechos tan execrables. Ahora resulta que a los secuestrados los alimentaban muy bien —con sancocho, ensalada y bandeja paisa—, que si estaban encadenados era por su culpa pues se querían volar, que también había que verlos (y verlas) hacer sus necesidades porque se escapaban y mil sandeces más. Hicieron parecer esos secuestros, que no fueron de quince días sino de años, como si se tratara de paseos. Hasta dirán que el embarazo de Clara Rojas comprueba que no la pasaron tan mal.
Sin la menor vergüenza, la JEP llama «retenciones» a los secuestros, y emplea otros eufemismos que demuestran de qué lado está: a las Farc las llama «Grupo armado no estatal», y a las únicas fuerzas legítimas las denomina «Fuerzas Armadas del Estado», como para resaltar esa igualdad que justifica la noción de «conflicto armado». Por eso, no es ningun chiste lo que dice el exsecuestrado gringo Marc Gonsalves: «Nunca jamás podré regresar a Colombia. La JEP fácilmente puede decidir que mi rescate fue ilegal y ordenar mi captura. No estoy jugando. La JEP es cómplice del terrorismo».
Lamentablemente, la poderosa JEP es el brazo jurídico de las Farc, y lo que hace es maquillar la verdad para legitimar la impunidad para ese grupo y legitimar la impunidad. Al fin y al cabo, la historia la escriben los vencedores.
@SaulHernandezB
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