La JEP acaba de expedir una especie de sentencia de primera instancia --que ella llama erróneamente un “auto”--, en la que arbitrariamente ella intenta tomar el control ideológico-político del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Su objetivo es obtener el control de los archivos completos del CNMH, único organismo habilitado por la ley para reunir, conservar, clasificar y proteger los testimonios, ensayos, escritos, libros, periódicos y archivos sobre la guerra subversiva que ha sufrido Colombia desde la década de 1940.

Al firmar esa sentencia, la JEP extralimitó sus funciones. El reglamento de la JEP (Acuerdo 1 del 9 de marzo de 2018) establece que la JEP es el “componente de justicia” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La JEP está llamada a tramitar, según ese reglamento, únicamente los asuntos que tienen que ver con “la seguridad jurídica” de quienes participaron en el llamado “conflicto armado interno mediante la comisión de las conductas ya mencionadas”.

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Fue así como la JEP colaboró en la huida del narcoterrorista Santrich, entre otras villanías.

La JEP no puede, entonces, decidir sobre el contenido ni sobre la preservación de esa masa de archivos. Nada tiene que decir la JEP sobre la dirección de ese Centro. Nada la autoriza a decidir qué hacer o no con la documentación y archivos del CNMH, ni con la manera como ese centro es dirigido. La JEP nada tiene que ver con el componente intelectual, académico e histórico del SIVJR.

Sin embargo, por instigación del senador comunista Iván Cepeda Castro, la JEP ha dado un paso importante que le permitirá --si no hay reacción correctiva del Gobierno nacional y de los organismos de control establecidos--, echarle mano al CNMH.

Por esa vía, y a la luz de sus fracasos recientes, Cepeda y un puñado de activistas piensan apoderarse de nuevo del CNMH, dirigido ahora, por orden del gobierno de Iván Duque, por el profesor universitario e historiador Darío Acevedo Carmona.

En su política de extender arbitrariamente sus tentáculos a todas las esferas de la sociedad, la JEP pretende ahora convertirse en el órgano rector del CNMH.

Al final de su farragoso “auto” de 55 páginas, de sintaxis incierta, la JEP ordena al CNMH “preservar y conservar la colección ‘Voces para transformar Colombia’ y abstenerse de “alterar, suprimir, adicionar o modificar” esa colección. Es una orden rarísima pues nadie en el CNMH ha alterado, suprimido, adicionado, modificado o censurado esa colección ni uno solo de los testimonios de víctimas que ha acopiado ese Centro.

La JEP le da sólo 10 días al CNMH para responder a extraño “auto” que le tomó cinco meses a la JEP escribir.

Detalle interesante: ese “auto” aceptó lo exigido por Cepeda y afirmó que “los principios de la JEP rigen para el CNMH”. Pese a ello, el “auto” dice que no le dió trámite a la solicitud de Cepeda, sobre el CNMH, vertida en su memorial del 19 de diciembre de 2019.

Este buscaba que la JEP ordenara “proteger las exposiciones, iniciativas de memoria, productos y cualquier documento actividad (sic) del CNMH y del Museo Nacional de Memoria”. Cepeda calumnia al CNMH al decir que éste “posiblemente” está arrasando con los archivos y “revictimizando” a las “víctimas del conflicto armado interno”.

Tal pedido es incoherente. El CNMH no ha “revictimizado” a nadie, ni está mutilando, destruyendo, escondiendo, reescribiendo, censurando o despareciendo sus archivos. Cepeda no presenta ni una sola prueba al respecto. La movida de Cepeda es un proceso de intención contra Darío Acevedo Carmona, es un acto de difamación camuflado de buenas intenciones.

Sin embargo, la JEP, en su “auto” y en un comunicado de prensa, confirma que aceptó lo que Iván Cepeda pedía. Tal es la maltrecha lógica que maneja la JEP.

La petición que hizo Iván Cepeda no busca preservar los archivos del CNMH, que nadie está poniendo en peligro. Lo que él pide es la reescritura de los testimonios de las víctimas que han sido depositados en el CNMH y que acusan a las Farc. Pide que la JEP le imponga al director del CNMH un modelo único de actuación intelectual y administrativa que no le permita dirigir de manera independiente ese Centro.

Cepeda llegó a la desfachatez de pedirle a la JEP que le “exija a la dirección del CNMH abstenerse de realizar manifestaciones o declaraciones públicas”. Cepeda gesticula contra la supuesta “censura” en el CNMH pero él es el único que pide censura dentro del CNMH.

Cepeda escribió en su pedido la siguiente jeringonza: “el derecho a la verdad está intrínsecamente ligado a la satisfacción y garantía de otros derechos para las víctimas, lo que implica la intervención de todas las entidades del Estado para garantizar dicho derecho y aquellos relacionados cuando se encuentre en riesgo”.

En leguaje corriente: el senador busca que la sopa mitológica que las Farc fabricaron para justificar su cadena de atrocidades en Colombia debe impregnar los archivos del CNMH y el pensamiento “de todas las entidades del Estado”. Si éste no acepta y no recita esa basura mitológica, las “entidades del Estado” no defienden la verdad. Tal es el punto de vista tiránico de Cepeda, quien insiste que la verdad es una: “la verdad en su fase colectiva”.

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El hombre ignora que la URSS, donde el partido comunista había inventado una fábula acerca de su asalto al poder en 1917 y de su sangrienta dictadura, que impuso como verdad oficial, ya no existe y que Colombia no es ni será jamás como la URSS.

La JEP e Iván Cepeda tratan de vender al público esta abyecta teoría: que “la historia del país se teje tanto por la guerra y las violencias como por las iniciativas de paz, las resistencias, las reformas políticas y los procesos de paz”. Para ellos, las monstruosidades cometidas por las Farc –decenas de miles de civiles, militares y policías asesinados, desaparecidos, secuestrados, mutilados, y centenas de mujeres y niñas violadas--, son actos legítimos y necesarios de “la historia del país” pues pueden ser equiparados con “las reformas políticas y los procesos de paz”.

Los testimonios, investigaciones, ensayos, libros, recuentos que digan algo distinto a eso deben ser, según Iván Cepeda, excluidos de los archivos, pues no son “la verdad colectiva”.

Mas precisamente, todo texto que describa la creación de las Farc respetando los hechos históricos, es decir que esa creación fue el resultado de una voluntad política de la URSS y de una secta comunista local, debe ser proscrito, pues la “verdad colectiva” que las Farc quieren imponer es que ese escuadrón de la muerte fue “defensivo” y emanó de la sociología silvestre del país. Cepeda escribe que “el conflicto armado” --pues ahora no está de moda entre ellos escribir “las Farc”--, fue creado por la mala “distribución de la tierra”, idea idiota, digna de Trofim Lysenko, que Cepeda plasma en su memorial.

Patricia Linares, directora de la JEP, está doblemente impedida para inmiscuirse en los asuntos del CNMH. No obstante, ella intenta con su “auto” ser juez y parte. Primero, Linares viola los límites que le fija el reglamento de la JEP. Segundo, ella hace como si no estuviera impedida, por otras razones, de intervenir en los asuntos del CNMH. Entre 2016 y 2017, Linares fue asalariada del CNMH en calidad de asesora en archivos, antes de que fuera entronizada por JM Santos en la JEP. Simultáneamente, ella recibía salarios de la Contraloría General de la Nación. Entre los otros activistas que tratan de inmiscuirse abusivamente está la representante María José Pizarro, quien trabajó en el CNMH en calidad de “profesional especializada” en técnica de joyería.

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Mediante el artículo 138 de su sentencia, la JEP pone bajo su control toda la actividad del CNMH. Le exige al CNMH el envío a la JEP de “las actas, listados de asistentes, archivos, matrices y bases de datos, de las reuniones del CNMH con víctimas, expertos, consultores, museólogos, etc. Todos los archivos administrativos del CNMH deben pasar a la JEP.

La JEP prohíbe en su “auto”, a las entidades que dispongan de archivos de interés para el CNMH, “permitir u ordenar cualquier traslado, destrucción, sustracción, depuración o eliminación de los archivos [de derechos humanos] bajo su custodia o dominio, sin la autorización previa de la JEP”.

La sentencia anuncia, por otra parte, que la JEP “abrirá el debate” sobre la acción del CNMH y que invitará a “las facultades de Historia, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias sociales” a “pronunciarse” sobre lo que debe hacer el CNMH. También invitará, dice, a las agrupaciones marxistas nacionales más conocidas, y a los “centros de estudio, expertos, organizaciones internacionales y expertas en justicia transicional”. Todos esos grupos son llamados a “pronunciarse” a favor de la cocina mitológica de las Farc.

La JEP invita al partido Unión Patriótica, pero no a los partidos políticos colombianos. ¿No hay, en los partidos relegados por Patricia Linares, decenas de miles de víctimas de las Farc y de los carteles de la droga que hacen parte del llamado “conflicto interno”? Como se ve el tal “auto” AT 058 del 5 de mayo de 2020, es la toma de control inusitada y definitiva del CNMH por parte de la JEP.

Solo falta que en las semanas que vienen, la JEP ordene el despido del director Darío Acevedo Carmona. Así, el asalto ilegal contra el CNMH habrá alcanzado su clímax. ¿Qué hará frente a esos desmanes el gobierno del presidente Iván Duque? ¿Qué podría decir el Consejo de Estado de esa colección de violaciones a normas legales que impulsa la JEP?

Comentarios:

Edgar
2020-05-13 10:58:17

Espeluznante y horroroso lo que expone Don Eduardo Mackenzie en su columna de hoy. Importantísimo que el Gobierno de Iván Duque tome cartas en el asunto con el fin de impedir atropellos como el que se viene contra el Doctor Darío Acevedo C . Y los demás partidos y entes, especializados ó nó, deben tomar atenta nota del asalto de Iván Cepeda y sus fichas de la JEP.

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