Luego de que la Corte Constitucional avalara la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerando que “cumplió con todos los requisitos que están previstos en la Constitución y en la ley”, Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, es optimista y espera que el Congreso de la República apruebe la ley estatutaria que reglamentaría este nuevo modelo de justicia transicional.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ya no cuenta con un plan B para sacar adelante la JEP, por lo cual todo ha quedado en manos del Legislativo.

“Creo que el gran interrogante que había y a lo que habían supeditado los líderes de las bancadas su decisión final ya ha sido satisfecho con esta decisión de la Corte Constitucional. El balón claramente está en el campo del Congreso y esperamos que cumpla con sus responsabilidades”, aseveró Rivera.

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Asimismo, el alto comisionado explicó que, en caso de que la JEP aplique sanciones a un miembro del movimiento político de las Farc, este no podrá ejercer el cargo, por lo cual lo deberá reemplazar el siguiente en la lista.

“En esos casos se presentaría una falta temporal o definitiva que sería suplida por el siguiente en la lista que haya presentado el partido de las Farc ante el Senado o ante la Cámara”, detalló.

Y es que según el fallo del alto tribunal, los desmovilizados deberán cumplir los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

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“La parte procedimental del fallo afirma que serán los magistrados de la JEP los que establezcan la clase de pena y la compatibilidad de las mismas con la participación política, y serán ellos quienes certifiquen si cumplen o no con esos requisitos”, concluyó Rivera.

Castigo al ausentismo

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, a propósito de la falta de quórum en los debates para reglamentar la JEP, aseguró que el ausentismo en el Legislativo tiene consecuencias disciplinarias.

“Acá no se trata de acudir a argucias, a lo que conocemos, que son prácticas detestables en el caso del Congreso. Aquí hay consecuencias disciplinarias, sobre todo para el ausentismo”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

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Finalmente, Carrillo destacó la decisión de la Corte Constitucional, en especial, la determinación de que la Procuraduría tenga la posibilidad de intervenir en la Jurisdicción Especial para La Paz sin limitaciones.

“La Procuraduría intervendría integralmente en la JEP precisamente con el argumento que presentamos ante la propia Corte, es decir, vamos a defender los derechos de las víctimas”, ultimó.