A tan sólo nueve días de conocer los nombres de los magistrados y directores que compondrán las salas y tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las opiniones con respecto a la viabilidad de este componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre Gobierno y Farc continúan dividiendo el país.

Y es que aunque la Corte Constitucional no ha emitido un fallo definitivo con respecto a la viabilidad de la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, hay quienes consideran que el presente acto legislativo no se ajusta la Constitución de 1991.

“La Corte está en su derecho de hacer unos ajustes a esta norma, pues considero que, de acuerdo a lo aprobado, no habrá una verdad reparadora para las víctimas de parte de sus victimarios, lo cual me parece un panorama bastante negativo”, manifestó el abogado y columnista Sergio Alzate.

Además, el avezado en Derecho y defensor de víctimas asegura que esta jurisdicción, no sólo es de impunidad, sino que además “estimula la violencia” debido a que no es clara con respecto a cuáles son las condenas que deben pagar quienes hayan cometido delitos graves, o “muy graves”, durante el conflicto.

“Este acto legislativo habla de hasta 20 años de cárcel a quien no dé información, incluso cuando esos delitos al día de hoy tendrían penas de hasta 60 años de privación de la libertad, lo que me parece un premio y una dádiva a alguien que no ha colaborado con la justicia”, explicó.

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Sin embargo, hay quienes consideran que aunque el fondo económico para reparar a las víctimas de la guerra debe ser nutrido con los bienes que el Estado colombiano les ha incautado a las Farc y a los narcotraficantes, “la JEP apenas está en su fase preliminar y, con seguridad, va a funcionar”.

Así lo aseveró Sigifredo López, director de la Fundación Defensa de Inocentes y firme candidato a ocupar la Dirección de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que tendrá esta jurisdicción especial.

“Los derechos de quienes han padecido el conflicto armado están consagrados en esta Ley 1820, por lo cual yo considero que se harán efectivos y la JEP contemplará los mecanismos idóneos para el goce efectivo de estos”, manifestó el defensor de Derechos Humanos.

Asimismo, López resaltó que una de las tareas más bonitas que tiene la JEP “es encontrar los muertos y desaparecidos que dejó la guerra y aminorar un poco el dolor de las víctimas”, lo cual es una labor que estaría dispuesto a hacer “con total encanto”.

“Trato preferencial”

Más de medio centenar de organizaciones en defensa de las víctimas y de Derechos Humanos continúan manifestado su preocupación con la JEP, pues sumado a todo lo relacionado con los miembros de las Farc, temen a la suspensión de medidas de aseguramiento a miembros de la Fuerza Pública implicados en delitos durante el conflicto colombiano.

Para los organismos, suspender estas órdenes de captura no supone un tratamiento diferenciado sino “un beneficio arbitrario y un trato preferencial a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia”.

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Tratamiento que además “desconoce un elemento transversal a la aplicación de medidas diferenciales como lo es la posición de garante que ocupan los miembros de la Fuerza Pública respecto de los ciudadanos, lo que implica que si cometen un delito, la sanción debe ser más drástica”, aseguran.

¿Y los ‘colados’?

El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, confirmó que aproximadamente 25 narcotraficantes trataron de colarse en los listados de integrantes de las Farc que aspiran acogerse a los beneficios de la JEP.

Sin embargo, apagó las alarmas al explicar que «fue sólo un intento», destacando que el Gobierno no permitirá que se use el proceso y la jurisdicción especial para abrirle espacio a delincuentes».

Explicación que no fue suficiente para el procurador Fernando Carrillo, quien le exigió al Gobierno y a las Farc que aclaren de quién o de quiénes es la responsabilidad de que en esta lista fueran incluidos narcotraficantes.

Por ello, el jefe del Ministerio Público anunció la implementación de un plan piloto de acompañamiento a las políticas públicas para vigilar su cumplimiento, porque “debemos dejar de pensar que hay una justicia para los de ruana y otra para los que ostentan poder”.

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“Si somos capaces de concentrarnos en los problemas aplazados, vamos a dar un paso gigante para lograr los cambios que exige el país”, dijo Carrillo, quien además aseveró que “si no logramos que renazca la ética en Colombia se nos van a derrumbar las instituciones”.

Ante la preocupación, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz también se aclaró que los narcotraficantes denunciados «jamás recibieron acreditación como miembros de las Farc”.
Según la entidad, el proceso de acreditación tuvo tres momentos: la construcción de los listados, la verificación por parte del Gobierno y la facultad del Ejecutivo de «excluir nombres de la lista».

«Actualmente se tienen, por un lado, 11.284 integrantes de las Farc acreditados (en los que se incluyen guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad que fueron parte de la organización), así como cerca de 352 casos de personas que se encuentran bajo observación, pues no existe información sobre su no pertenencia a este grupo», aseguró Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz.

Por su parte, las Farc aseguraron que los listados entregados al Gobierno fueron elaborados en un proceso «serio y responsable», por lo cual no permitirán que personas ajenas al movimiento se beneficien del proceso de paz.

«De manera contundente y sin vacilación advertimos que no habrá colados en nuestros listados, ninguna conducta ajena a las desarrolladas en el marco de la confrontación insurgente será avalada por nuestra organización”, señalaron.

Además, destacaron que, a diferencia de otros procesos, no permitirán que sus listados sean utilizados para “alimentar la impunidad».

#MujeresSíHay

Esta semana fue tendencia en redes sociales la etiqueta #MujeresSíHay, con la cual el Grupo de Género en la Paz, compuesto por activistas feministas, LGBTI, docentes, víctimas y defensoras de derechos humanos, desea manifestar su respaldo a todas las mujeres que presentaron su candidatura para pertenecer a la JEP.

No se puede desconocer que durante el conflicto armado en Colombia se han cometido delitos atroces en contra de las mujeres, por lo cual este antecedente significa una oportunidad inmejorable para que el género femenino asuma, en parte, las riendas de la administración de justicia en el país.

“La construcción de paz y democracia en Colombia es sostenible si está comprometida con la igualdad y con la no discriminación. ¿Se imaginan un tribunal de justicia donde no haya mujeres?”, manifestó Beatriz Quiceno, integrante del grupo Género en la Paz. 

Asimismo, pidió que no les digan que no hay mujeres capaces, “porque hay muchas, con un muy buen nivel académico, y no es excusa ese dicho de que a las mujeres no les gusta participar en política”.

Finalmente, cabe destacar que al Comité de Escogencia para magistrados que integrarán los tribunales se presentaron 2.135 personas, de las cuales 863 son mujeres.