El proceso en torno a alias santrich, desde su captura en 2018, la aplicación de la garantía de no extradición por parte de la JEP el pasado miércoles, su liberación y posterior recaptura, la renuncia del fiscal y la vicefiscal, los enérgicos pronunciamientos del presidente de Colombia y las expectativas que generan las posibles decisiones que se adopten, ponen hoy al país frente a uno de los momentos políticos y jurídicos más intensos de todos los tiempos.

¿Qué resolverá la sala de apelaciones de la JEP? ¿Cuál será el futuro jurídico de alias santrich? ¿Qué pasará con el Acuerdo de Paz? ¿Qué le espera al país en medio de una profunda división? Son apenas algunas de las dudas y expectativas que se generan en torno a este hecho que ha concentrado la atención nacional en los últimos días.

Lea: Decisión de la JEP descompone al país

En ese sentido, al explicar los motivos de la recaptura del exlíder guerrillero alias jesús santrich, el presidente de Colombia, Iván Duque, le aseguró al país “que no haya duda de que todas las personas que han abandonado el camino de la violencia y se mantienen en su proceso de reincorporación recibirán el apoyo y las garantías del Estado. Pero quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley”.

“Colombia no convivirá con el narcotráfico. La institucionalidad entera será implacable contra la reincidencia criminal”, afirmó el mandatario minutos después de que Seuxis Paucias Hernández Solarte (alias santrich) fuera recapturado frente a la misma entrada de la cárcel La Picota de Bogotá, de donde salió libre el viernes por orden de una sala de la JEP, pero cuya libertad duró escasos tres minutos.

“El día de hoy la Fiscalía General de la Nación capturó a alias jesús santrich bajo la orden de un juez de control de garantías, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico”, declaró el jefe de Estado.

“El ente investigador explicó las razones detrás de esta orden de captura. Nuevas evidencias y elementos de prueba, con circunstancias claras de tiempo, modo y lugar, y de las presuntas conductas delictivas, fueron presentadas por la Fiscalía. Un juez las valoró y autorizó la captura. Este caso refleja que la administración de Justicia ha obrado con contundencia frente a este hecho criminal”, añadió.

El presidente reiteró que su administración está comprometida con “la lucha contra la reincidencia criminal, que constituye una bofetada a las víctimas y a la construcción de la paz. La Constitución y la ley son la guía máxima en todo nuestro proceder. Y con apego a ellas, y enmarcado dentro de sus límites, continuaremos combatiendo al narcotráfico de manera integral, cooperando con países y sin contemplaciones”.

Duque repitió que “todos los colombianos queremos la paz. Pero una paz con genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y no repetición”.

La recaptura

Todo era confusión el viernes a las afueras de la cárcel La Picota de Bogotá. La muchedumbre esperó durante todo el día la salida de alias santrich, ordenada por la Sección de Revisión de la JEP y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá que aprobó un hábeas corpus presentado por la defensa del exguerrillero.

Pero frente a la misma entrada de la cárcel los guardias del Inpec -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- detuvieron la marcha de alias santrich, que había pedido salir en silla de ruedas, para escuchar a funcionarios del CTI que se acercaron para leerle, como ordena la ley, sus derechos y los motivos de su recaptura.

Mediante el Auto SRT- AE-030 del pasado miércoles 15 de mayo, la Sección de Revisión de la JEP aplicó la garantía de no extradición en favor de alias santrich y ordenó su inmediata libertad porque, según explicó, a lo largo del proceso no se pudo comprobar la conducta delictiva por la cual fue capturado a petición de la justicia estadounidense.

Alias santrich había sido capturado por la Fiscalía el 9 de abril de 2018 tras ser señalado y requerido por un juzgado de Nueva York de participar en el envío de droga a Estados Unidos, según las autoridades, en hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que perdería todos los beneficios consignados en ese documento firmado para la terminación del conflicto, pero que según el exguerrillero “se trata de un montaje orquestado por la DEA y la Fiscalía colombiana”.

La JEP explicó que la decisión de no extradición se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición.

En esa misma comunicación la JEP aseguró que para la Sección de Revisión, el juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, y el goce de los derechos del solicitante de la garantía de no extradición, en cuanto a su seguridad jurídica, y también los derechos de las víctimas.

Nuevas pruebas

Tras la recaptura de alias santrich, la Fiscalía General de la Nación explicó que, después de acatar la decisión adoptada por la JEP en cuanto a la garantía de no extradición contra el procesado,  “solicitó ante un juez de control de garantías de Bogotá la emisión de una orden de captura contra Hernández, la cual fue dispuesta por el funcionario judicial y ya se hizo efectiva”, teniendo en cuenta nuevas evidencias que aportó el gobierno de Estados Unidos, que solicita al excomandante guerrillero en extradición por cargos de narcotráfico.

Aclaró la Fiscalía que “en el fundamento de esta providencia, se dispuso que las autoridades judiciales nacionales investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte”.

Y agregó la comunicación que “como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte. Dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la declaración del señor Marlon Marín Marín”, sobrino del también exguerrillero Luciano Marín Arango, alias iván márquez, quien habría acusado a Paucias Hernández de narcotráfico ante las autoridades estadounidenses. Pruebas que, de ser validadas, ponen en jaque a la JEP.

De inmediato alias santrich fue trasladado en un helicóptero desde la cárcel La Picota al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde estuvo hasta la madrugada de ayer sábado, cuando fue trasladado a una clínica por su delicado estado de salud.

Su equipo de defensa aseguró que en las condiciones de salud en que se encontraba su defendido, inconsciente, con las lesiones en los brazos que él mismo se causó el viernes en la celda, que se presumen fue en acto de protesta a la negativa de la dirección de La Picota de firmar su salida, así como por la gravedad de las patologías que sufre, alias santrich no estaba en condiciones de enfrentar la audiencia de la legalización de captura e imputación de cargos, prevista para ayer mismo.

Lesiones en los brazos que el mismo director del Inpec, general William Ruiz Garzón, confirmó el viernes antes de que saliera de La Picota: “en horas de la mañana el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte se autolesionó levemente en los brazos, cuando los grupos especiales del Instituto se encontraban en la puerta de su celda garantizando su seguridad. El señor Hernández Solarte fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud, estable”.

También hay que recordar que hace más de un año alias santrich mantuvo una huelga de hambre durante los primeros 41 días después de su captura, en protesta por la que llamó una detención injusta.