La Fiscalía General de la Nación realizó el pasado 10 de enero la quinta entrega de informes sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado por las Farc, miembros de la fuerza pública y otros actores. En las entregas anteriores había informado sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Farc y miembros de la fuerza pública. Al entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz la información recogida en sus investigaciones penales, el ente acusador atiende el mandato recibido en el acuerdo final suscrito por el Gobierno Nacional y las Farc, en noviembre de 2016; también contribuye, atendiendo una necesidad que cada día se hace más perentoria, a que se revele la verdad de lo ocurrido en el conflicto, así como ofrece a la ciudadanía elementos confiables para que reclame justicia, que es la gran deuda de la desmovilización y el consecuente acceso de la Farc a los escenarios públicos y espacios políticos.

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Si bien reconoce que su información es incompleta, por cuanto deriva de lo que ha podido conocer en sus investigaciones las cuales son apenas una fracción de la realidad, la Fiscalía demuestra que las actividades criminales y las inversiones producto de sus delitos le generaron a las Farc rentas cercanas a los veinte billones de pesos y les dejaron un patrimonio que supera los 3 billones de pesos, entre propiedades y dinero en efectivo. Estos cálculos parciales están a gran distancia de los 963.000 millones de pesos que las Farc declararon en la lista de bienes entregada al Gobierno Nacional en agosto de 2017, declaración que fue recibida con escepticismo por muchos y con razonables y severas críticas por los conocedores del conflicto. Conocida la diferencia de valores, es responsabilidad de la JEP buscar la verdad y tomar las decisiones consecuentes con su hallazgo.

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El informe de finanzas, fundamentado en hechos demostrables mediante documentos o testimonios en su poder, demuestra cómo las actividades de financiación de las Farc fueron de manejo centralizado, así se hubieran gestionado en forma distinta en las regiones, dadas las diferentes realidades económicas de los territorios en que ese grupo criminal se afincó. En este informe, la Fiscalía ha confirmado lo que el país bien sabía, en el sentido de que las fuentes de financiación han sido el secuestro, perpetrado contra quienes podían pagar cuantiosos rescates; la extorsión, crimen generalizado en sus víctimas y cobertura territorial; la minería ilegal, delito en el que participaron desde su nacimiento, y el narcotráfico, crimen en el que pasaron de ser recaudadores de “gramaje” a ser actores cartelizados. La comisión de estos crímenes está en la base de la mayor parte de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados cometidos por ese grupo.

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Tan inquietante como la escasa importancia que los grandes medios de comunicación han dado a los documentos que la Fiscalía ha entregado a la JEP, y a este muy especialmente, es la escasa comprensión que demostraron sobre la gravedad de las denuncias explícitas acerca de la gravedad de la extorsión como principal crimen cometido para financiar a las Farc. Además de declarar que el cobro de vacunas “fue indiscriminada y aplicada de forma tan permanente en el tiempo que se convirtió en el núcleo del funcionamiento financiero de las Farc”, la Fiscalía admite que existe verdadera “dificultad para cuantificar los ingresos por extorsión de la guerrilla”. Este primer documento oficial sobre el crimen que afectó a casi todas las personas y a todos los negocios donde hacía presencia esa organización permite abrir el debate sobre un crimen que se amparó en la ausencia de Estado, el temor a denunciar ante autoridades que no se ganaban la confianza de la ciudadanía y que creció por la capacidad de amedrentamiento de un grupo que si fracasaba en la extorsión apelaba al secuestro y el homicidio para generar terror entre la población extorsionada. Queda también puesto un mojón en el que será necesario pero muy difícil proceso de diferenciar entre los ciudadanos víctimas de extorsión por los grupos criminales y aquellos que voluntariamente contribuyeron a financiarlos.

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No había terminado la Fiscalía de hacer esta quinta entrega, con la que ya se ha llegado a diez informes oficiales sobre delitos en el marco del conflicto armado que están en manos de la JEP, cuando saltaron los afectados por el descorrimiento de los velos a acusar al órgano acusador de lanzar torpedos a la paz. El falso señalamiento es prohijado por quienes hasta ahora han recibido las gabelas de la total impunidad y beneficios políticos excepcionales, por eso mismo ha de ser denunciado y controvertido por todos aquellos que, aún acompañantes del acuerdo final, han reconocido o empiezan a reconocer que no es posible hablar de paz si ella no está cimentada en los sagrados principios de la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición.