El tamaño y la complejidad del problema hace inviables los métodos lentos y costosos de la erradicación manual voluntaria o la erradicación manual forzosa
La erradicación forzosa, que en el país se viene aplicado en zonas donde no se han construido acuerdos con los cultivadores, está resultando sumamente dolorosa
Los contradictorios titulares de los medios de comunicación y comentarios de analistas y líderes de opinión que se han referido al auto 387/19 de la Corte Constitucional, muestran cuán titubeante fue el Tribunal al responder a la solicitud de aclaración sobre la sentencia T-236/17, en la que había impuesto condiciones prohibitivas a la fumigación aérea con glifosato de cultivos ilícitos.
La confusión sobre este auto del 18 de julio, que tuvo ponencia del magistrado Alberto Rojas, nace en que la Corte se ratifica en exigir al Consejo Nacional de Estupefacientes fuertes requisitos para que pueda autorizar la aspersión aérea de esos cultivos. Sobresalen entre los condicionamientos el que mantiene la prioridad del acuerdo con las Farc -que exige previos intentos de sustitución y erradicación manual- así como el que demanda realizar consultas previas con comunidades que pudieran verse afectadas. El gran cambio de posición se ha dado en el aspecto más socorrido, y menos demostrado científicamente, para combatir la aspersión aérea con glifosato, que es el que se refiere al supuesto daño que el herbicida asperjado desde el aire haría a la salud humana. De acuerdo con esta decisión, el Consejo Nacional de Estupefacientes ha quedado exonerado de demostrar la inocuidad del glifosato; en cambio, deberá buscar formas de minimizar el daño sobre la salud y el medio ambiente de la fumigación con este herbicida, que es, a propósito, el más común en cultivos agroindustriales e incluso en los domésticos.
Como consecuencia de esta determinación, la política antidrogas pasa a ser responsabilidad del Consejo de Estupefacientes, organismo en el que concurren el Gobierno Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría; siendo esta última entidad la más reacia a retomar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos como una de las herramientas que facilitan el combate de la plaga que atiza la violencia, corrompe a los campesinos y arrasa con los bosques, aguas y fauna, en áreas dentro de la frontera agrícola, en zonas protegidas y hasta en parques nacionales declarados intocables. La decisión de suspender las fumigaciones, tomada en 2015 por ese mismo Consejo y a instancias del Ministerio de Salud, contribuyó a que las hectáreas sembradas con arbustos de coca pasaran de 69.132 que el país tenía en 2014 a las 171.494,94 que la ONU registró en 2017, última fecha de la que ha entregado reportes. Con tales datos queda demostrado que Colombia hace mayores sacrificios en vidas humanas y ecosistemas al impedir la fumigación que al usar un herbicida que no es inocuo, pero que en nuestras condiciones se revela menos dañino que los cultivos de coca y la producción de cocaína.
Los intensos y agrios debates sobre la fumigación aérea de cultivos ilícitos han simplificado el más complejo problema del país, pretendiendo mostrar que existen soluciones únicas allí donde sólo es posible actuar aceptando que existe un amplio abanico de acciones que no se excluyen entre ellas y que, en cambio, sí comparten la amenaza de la resiembra, que los estudiosos cuantifican en 25% del total de los cultivos eliminados. Tal reincidencia será difícil de contener mientras no se construya un consenso global de liberalización y ajuste de la política de drogas en el marco de los problemas severos de salud pública.
Las alternativas de sustitución de cultivos ilícitos, en las que el gobierno anuncia que actualmente cuenta con cien mil personas vinculadas, tienen los atractivos de su posible estabilidad, gracias al acuerdo de los directamente involucrados, y el muy importante de la vinculación de los comprometidos en esta actividad a procesos productivos legales. Su mayor riesgo, tristemente demostrado con el fracaso en la región del Catatumbo, es la presión permanente de las mafias de la coca sobre los campesinos cultivadores.
La erradicación forzosa, que en el país se viene aplicado en zonas donde no se han construido acuerdos con los cultivadores, está resultando sumamente dolorosa por el sacrificio de la vida y la salud de los erradicadores y las comunidades de las zonas donde hoy se registran nuevas y masivas siembras de minas antipersona, por los grupos criminales que siguen el ejemplo de las Farc en esta materia. En efecto, después de que en 2017 se registraran 40 víctimas civiles y 17 militares, por pisar estas minas, en 2018 la victimización creció a 93 víctimas civiles y 85 miembros de la Fuerza Pública. Las cifras del año que corre no son menos inquietantes: según Descontamina Colombia, hasta el pasado 30 de junio se habían presentado 35 víctimas civiles y 37 militares. Los mapas de las regiones afectadas por minas coinciden con los de zonas con cultivos ilícitos.
En las actuales condiciones, queda la aspersión aérea como alternativa eficiente y preferible para combatir los cultivos ilícitos, sobre todo aquellos que cubren grandes extensiones de tierra propiedad de los carteles de droga que mantienen a Colombia en el deshonroso primer lugar de la producción de coca y cocaína. Aplicada con rigurosos criterios técnicos, la aspersión aérea con glifosato no será totalmente inocua -ninguna acción humana lo es- pero sí puede ser menos dañina para la salud y el medio ambiente que la tala de bosques, la siembra ilegal y la violencia que desatan dichos cultivos.
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