Integrada por nueve miembros independientes y ad honorem, con Planeación Nacional como partícipe del análisis y con el ministerio de Hacienda en la presidencia, se creó en febrero de 2017 la llamada Comisión del Gasto y la Inversión Pública, cuyo fundamento legal lo daba el artículo 361 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016), con el propósito de revisar, entre otros asuntos, “los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica, y los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto, con el objeto de proponer reformas orientadas a fortalecer la equidad, la inclusión productiva, la formalización y la convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales, la redistribución del ingreso, la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado”, según reza la presentación del informe que el Gobierno Nacional hizo público el pasado martes y cuyas conclusiones resultan altamente impopulares para ser adoptadas por los candidatos presidenciales en campaña, quienes son, aparentemente, los destinatarios del resultado del trabajo que, durante diez meses, realizaron los expertos.

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Llama la atención que el documento con los análisis y las recomendaciones, según el Resumen Ejecutivo publicado en el portal web de Fedesarrollo y que puede ser consultado aquí (https://goo.gl/ornfSX), esté fechado el 22 de diciembre de 2017, de manera que durante cuatro meses estuvo engavetado, tal vez porque el actual Gobierno, tan acucioso como ha estado presentando iniciativas de Ley al Congreso, no tuvo la voluntad política de empezar a implementar dichas recomendaciones o quizá porque, a sabiendas de que en temporada electoral las mismas no pasarían ni siquiera el primer debate, decidió dejarle a su sucesor este verdadero “chicharrón”, capaz de minar cualquier capital político, pero a todas luces necesario para corregir el rumbo del gasto público en los próximos años.

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Aunque el documento de 344 páginas, cuyo resumen ejecutivo tiene 39  folios divido en diez capítulos, merece un análisis mucho más profundo que el que se puede hacer en estas líneas, vale la pena comentar algunos de los asuntos que el mismo aborda y que ya han sido utilizados en la marea de propaganda negra y noticias falsas con que han inundado las redes sociales los seguidores y los detractores de los aspirantes a la Presidencial. El más sensible de ellos es el que toca con el gasto público en pensiones y sobre el cual, por ejemplo, ya se soltó el rumor de que el candidato Iván Duque iba a eliminar la pensión de sobrevivientes, especie debidamente aclarada por el afectado.

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Dice la Comisión que la edad para pensionarse debe subirse conforme ha subido la expectativa de vida, que hombres y mujeres deberían pensionarse a la misma edad, pues la mujer tiene mayor expectativa de vida; que el aporte pensional debería aumentarse al 18% y que las pensiones altas deberían pagar un impuesto. Tales aseveraciones son un golpe contundente al populismo que pulula por estos días, pues es el resultado de una revisión técnica de las cuentas y del contexto socioeconómico que, obviamente, resultan más fáciles de recomendar por una comisión de expertos que de ejecutar por un mandatario elegido bajo promesas que distan mucho de esta realidad y que, tal vez, atacó a sus rivales por proponer algo parecido, como le pasó al presidente Santos, en 2014, quien prometió (y “firmó sobre mármol o sobre piedra”) que no haría una nueva reforma tributaria y luego debió recular ante la realidad de los $24 billones de reducción de los ingresos por la crisis del petróleo.

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La Comisión plantea, también, someter a revisión los programas que implican subsidios y concentrar en unos pocos programas todos los recursos disponibles para entregar por esa vía; aclarar los límites de lo que el sistema de salud puede ofrecer a sus afiliados o promover la competencia entre las EPS, siendo estos los aspectos que tocarían directamente a los ciudadanos, mientras que en otros campos como el gasto en defensa y educación; el presupuesto, el empleo público, el sistema de compras y contratación y el costo de los litigios contra el Estado, el documento también plantea alternativas.

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Resulta evidente que cambios a este nivel no se hacen de la noche a la mañana. Incluso muchos de ellos tal vez no se alcanzarían a implementar por completo en un período presidencial, pero aun con el sol a la espalda consideramos un deber del actual Gobierno empezar a dar los pasos para acatar las recomendaciones de la Comisión y que los candidatos presidenciales, sobre hechos ciertos y no sobre rumores, planteen sus posiciones frente a las mismas. No puede ser que las conclusiones de esta Comisión, como ha ocurrido en el pasado con otras similares, se conviertan en un canto a la bandera o en una voz en el desierto mientras el Estado sigue dando palos de ciego o apagando los incendios macroeconómicos de cada coyuntura, y dejando de lado la agenda de soluciones a largo plazo, que debería ser ajena a la política y blindada contra la corrupción. Los hechos nos irán mostrando el camino que este y el próximo Gobierno decidan tomar.