La Justicia venezolana se puso el pasado martes (15 de agosto) al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, a la que pidió implementar penas hasta de 50 años para castigar a quienes incurran en delitos como "traición a la patria" o robo en cualquiera de sus modalidades.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, acudió ante los más de 500 constituyentes en Caracas para "subordinarse" ante el órgano plenipotenciario que lo ratificó en el cargo, así como al resto de magistrados, algunos de los cuales son tachados de ilegítimos por el Parlamento, de mayoría opositora.

"Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades", dijo.

A su juicio, quienes cometan tales faltas "deben cumplir más de 50 años, todo lo cual requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución".

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El jefe del Poder Judicial también remarcó que la corrupción administrativa "merece el castigo severo de la ley" para impedir que los "enemigos de la patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países".

"Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el Seniat (Hacienda) para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa", expuso.

Solicitó demás calificar "el delito de intolerancia ciudadana o delito de odio" como una falta penal y revisar, asimismo, la efectividad de las leyes vigentes, los cuerpos policiales y los sistemas de investigaciones penales.

El juez, cercano al Gobierno de Nicolás Maduro, agregó que el Supremo está dispuesto a colaborar con la Constituyente "para una revisión exhaustiva del sistema judicial".

En medio de esta sesión, la presidenta del suprapoder, la excanciller Delcy Rodríguez, anunció que por indicación del jefe de Estado se devolverá a la justicia ordinaria los casos de cientos de civiles detenidos durante las protestas que fueron llevados ante tribunales militares.

La chavista indicó que estos expedientes serán revisados por una poderosa comisión de la verdad -también dirigida por ella-, que celebrará este miércoles su primera sesión de trabajo para empezar a juzgar a los presuntos responsables de la "violencia política" en el país.

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Todas estas acciones y decisiones permitirán, según dijo la excanciller, la "revolución del Poder Judicial, poder enfrentar en una segunda etapa de la revolución bolivariana lo que tiene que ver con la justicia".

Por otra parte, el Parlamento acordó citar al fiscal general, Tarek William Saab, para que declare sobre el informe de la ONU en el que se acusa a las autoridades de maltrato sistemático y generalizado a miles de manifestantes y detenciones arbitrarias en los últimos meses.

La Cámara, que no detalló para cuándo fue citado Saab, también acordó transcribir el debate que se realizó sobre el informe de la ONU para que sea añadido a la documentación presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

La diputada y presidenta de la Comisión Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, fue la encargada de abrir el debate y presentar varios casos, "que son ejemplo de la violación a derechos humanos", durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el pasado 1 de abril.

La comisión, creada por la ANC el martes pasado, estará integrada por catorce personas, entre ellas dos constituyentes, tres miembros de la "organización de víctimas y familiares", un sacerdote, el fiscal general, Tarek William Saab; y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

El ciudadano Larry Márquez ejercerá la secretaría ejecutiva de la instancia, que también contará con otras dos personas y espera la participación de tres diputados opositores del Parlamento, que deberían ser propuestos por las fuerzas políticas que se oponen a la llamada revolución bolivariana.

Sin embargo, la coalición de partidos antichavistas Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha negado a reconocer la legitimidad de la Constituyente, especialmente luego de que la empresa encargada del recuento de votos en la elección de sus integrantes, Smartmatic, asegurara que hubo manipulación del resultado el pasado 30 de julio.

"La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia", explicó Rodríguez el día en que se creó este órgano.

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La comisión se ocupará de juzgar actos como la difusión de contenidos que inciten a la "violencia" y el "odio", y de comportamientos que hayan afectado "a la vida e integridad personal (...) física, psíquica o moral", a "la libertad personal", la "tranquilidad" y el "patrimonio" públicos, así como al "sistema socioeconómico nacional".

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, califica como un atropello a los derechos humanos la creación de esta comisión, al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya funciones judiciales.

El pasado 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de maltratar y torturar de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos durante las protestas.

Se desconoce si el fiscal acudirá a esta comparecencia, aunque ya anunció que mañana ofrecerá declaraciones a la prensa.

Desde abril, Venezuela ha sido escenario de protestas a favor y en contra del Gobierno, con un balance de más de 120 muertos, aunque el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, asegura que esa cifra contabilizada por su antecesora, Luisa Ortega, es muy alta al incluir a personas fallecidas en contextos distintos a las manifestaciones.