Por efectos del escepticismo y desesperanza de los ciudadanos frente al Estado de derecho y sus instituciones, pues se ven tratados con injusticia y desigualdad ante la ley, surge la silenciosa, creciente y atroz práctica de la “justicia privada” o, por “mano propia”, como suele conocerse –popularmente- este fenómeno en la sociedad. Realmente es sorprendente, la forma como ha crecido este terrible flagelo social en los últimos tiempos en nuestro país. Es la justicia que se asume por su propia cuenta y riesgo, a sabiendas de que ello es ilegal e indebido y que puede ocasionar más problemas que aquéllos que se intenta solucionar con dicho proceder.

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En excelente trabajo, la periodista Olga Patricia Rendón Marulanda, compila la profunda investigación que para su monografía de grado realizó sobre este tema la abogada Laura Guevara de la Universidad Libre y de la que se desprenden conclusiones realmente sorprendentes y aleccionadoras que confirman muchas otras estadísticas, estudios e investigaciones que al respecto se han elaborado por respetables estamentos tanto públicos como privados. Se afirma que “en Colombia, 3 de cada 10 ciudadanos toman la justicia por mano propia”; existiendo quienes, con argumentos también muy convincentes, afirmen que este porcentaje es mucho superior; que el 70% de los ciudadanos considera que la justicia es “muy lenta”, muy mala; que el 83% de los consultados dice que la imagen de la justicia es negativa. También se asegura, que “cifras actuales del Dane confirman que en nuestro país solo 24 de cada 100 delitos se denuncian, generando impunidad, según la Fiscalía, en el 99% de los casos…”, ello, por citar solo algunas de las alarmantes cifras que se registran en este espinoso tema. Lo cierto es que en nuestro país, La justicia por mano propia, crece a ritmos realmente escandalosos y, al parecer, imparables, siendo muy poco lo que se ha podido hacer para ponerle remedio a este dramático comportamiento. En Colombia, según el Instituto de Medicina Legal, entre 2014 y 2017, cerca de 300 personas murieron por causa de linchamientos.

Pareciera que el común de los ciudadanos no quiera ya, en materia de resolución de sus conflictos, acudir a que el Estado intervenga, poniendo en marcha su facultad coercitiva o punitiva, estableciendo las correspondientes sanciones a cada caso que resulte lesivo o perjudicial a los intereses de las personas que acuden ante sus autoridades, a rogar justicia, denunciando la comisión de delitos o de irregularidades que deben ser investigadas y corregidas por quienes –dentro del Estado y de la Sociedad-, tienen esa función, esa competencia. Obligación de investigar y sancionar, si es necesario, de conformidad con la gravedad del caso denunciado. El Estado y la sociedad, tienen esa indelegable facultad, a través del andamiaje jurídico, administrativo y político que se ha erigido, para atender y repeler el accionar delincuencial. Esto es, la rama judicial; la fiscalía, organismos de control; inspecciones, comisarias, policía, etc.

La verdad es que de todos los análisis e investigaciones que se han hecho, tanto por agencias estatales, como privadas, se evidencia que en la carrera contra el delito y, en especial, frente a la satisfacción del servicio público de justicia, la imagen que se tiene es que el Estado y la sociedad incumplen frecuentemente, al ciudadano, con este sagrado deber.

Las causas son múltiples y, entre ellas, aludiremos a las más conocidas, tales como, la congestión judicial, que ocasiona morosidad en las decisiones; la tramitología, aunque en ello se ha tratado de mejorar, ha sido poco lo que se ha logrado, hay que hacer muchos trámites, para poner una denuncia, instaurar una demanda, no siendo fácil que las quejas o querellas interpuestas, tengan realmente atención adecuada, por parte de las instancias judiciales y/o administrativas competentes.

El populismo punitivo, muchas penas y sanciones, pero que no se aplican efectivamente y, la impunidad, hacen su agosto también en este largo listado de irregularidades que hacen que el Estado esté perdiendo –inexorablemente- su imagen de protector, garante y defensor legal y constitucional de los derechos de las personas. La corrupción; disfrazada en amiguismos, tráfico de influencias y hasta ineptitud y pereza de los funcionarios para investigar, campea también horonda y sin control en los despachos judiciales (juzgados y fiscalías). Ni que decir de la baja imagen que han venido adquiriendo las instancias administrativas, como las inspecciones y las comisarias, para el logro de objetivos misionales tan sustanciales como la seguridad ciudadana, el espacio público, la protección de la familia, etc.

Todas estas falencias han generado, en el inconsciente colectivo de la sociedad, una cierta creencia de que para muchos trámites y necesidades, tan sentidas, como lo es la Justicia, que debe ser adecuada y pronta, el Estado no sirve o, por lo menos, es ineficiente y empieza a sentirse la necesidad de obtener esas soluciones a través de otros medios. Ello ha creado una alarmante falta de credibilidad y desconfianza en las instituciones estatales y se torna en un apetecido caldo de cultivo, para el fortalecimiento de la ilegalidad, con acciones que buscan solucionar los problemas, por medio de la famosa e inaceptable justicia por mano propia, acudiendo a grupos organizados que practican este tipo de conductas o, simplemente, contratando individualmente a personas que inescrupulosamente se prestan para la realización indebida e inaceptable de estos malos comportamientos, trasgrediendo el orden jurídico y suplantando al Estado en el intransferible deber que tiene de administrar justica.

Es evidente que un porcentaje muy alto de los delitos denunciados terminan en total impunidad, aumentando con ello enormemente, la posibilidad de que el ciudadano afectado acuda en busca de ayuda, a través de actos corruptos o trate de vengarse de su agresor o hacerle frente a su contradictor y/o agresor, por medios ajenos al Deber Ser institucional, mediante prácticas y métodos contrarios al régimen legal que regula el proceso penal y/o administrativo correspondiente a cada caso en particular, lo que indudablemente es nefasto para la justicia y deja en “calzas prietas” al Estado social de derecho y a la Sociedad misma, pues son los únicos que están legitimados para implementar las soluciones a este creciente problema.

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Son el Estado y sus instituciones, al igual que la Sociedad, los que –a través de las herramientas e instrumentos -válida y legítimamente- otorgados, por el régimen jurídico vigente, los que deben brindarle a las personas y a la comunidad este tipo de soluciones, buscando “protección y seguridad, contra todo aquello que constituya amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad, para su patrimonio y para el cabal disfrute de sus derechos”, restaurando, con ello, la confianza, legitimidad y credibilidad de sus administrados, procurándoles una pronta, adecuada, sana y equitativa justicia, so pena de que se siga en este espiral sin fin de aleccionamientos, linchamientos e, incluso, ajusticiamientos por mano propia, pues ello no es sano, legal ni democrático, ese es un deber inaplazable que el Estado y la Sociedad están en mora de brindarle, con eficiencia y prontitud, a todos y cada uno de los colombianos en condiciones de igualdad y equidad para todos.