La plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado de la República de Colombia aprobaron esta madrugada la conciliación para reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con lo cual el proyecto de ley pasará a sanción presidencial, informó el Gobierno nacional.

"A partir de los últimos días, una vez se sancione este proyecto de ley, la JEP podrá funcionar con el pleno de sus competencias y las grandes ganadoras de esta decisión son las víctimas del conflicto armado", indicó en un comunicado el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Según el alto funcionario, "en la medida en la que la jurisdicción de paz pueda funcionar, puede ir tomando decisiones y quienes van a ganar son las víctimas a quienes se les reconocerá y se les materializará el derecho a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

La JEP será la encargada de crear las reglas para procesar a los excombatientes de los grupos ilegales así como a los miembros de los organismos de seguridad del Estado por los delitos cometidos como parte del conflicto armado.

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La iniciativa que se votó contenía dos modificaciones propuestas por el partido Centro Democrático, liderado por el senador y exmandatario colombiano Álvaro Uribe, y del que hace parte el presidente electo, Iván Duque.

La primera modificación buscó un tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública y logró que sus procesos sean congelados hasta que el Congreso cree una sala especial dentro de la JEP para su juzgamiento.

El segundo punto hace alusión a las facultades del tribunal especial sobre la extradición, sobre el cual se determinó que la JEP no podrá practicar pruebas adicionales para indicar la fecha de un delito.

A pesar de la conciliación, el ministro Rivera aclaró hoy que el Gobierno había "expresado desde el principio que este nuevo artículo que congela la comparecencia de los integrantes de la Fuerza Pública ante la JEP es contrario a la Constitución".

Por lo anterior, dijo, "la Corte tendrá que hacer una revisión ya que justamente a finales del año pasado señaló que la comparecencia de excombatientes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública tenía que ser obligatoria".