Internet y las redes sociales tiraron por la borda, a velocidad de vértigo, la larga construcción de un patrimonio que la ley consideraba fuera de toda transacción: la intimidad personal y familiar.

Hoy, la vida privada de las personas está expuesta permanentemente en esa vitrina universal que son las redes sociales, por activa o por pasiva; es decir, bien sea porque la propia persona difunde todo cuanto hace, como una forma de reclamar su espacio en el competido mundo de la visibilidad, quizás con la secreta intención de cumplirse la promesa de tener “quince minutos de fama”, o porque otras personas se encarguen de hacerlo, esta vez sin filtros y sin contemplaciones, con ánimo revanchista o afanes moralistas, que es lo que sucede con mayor frecuencia.

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A mayor exposición, mayor riesgo de salir lesionado al final del día. La opinión del público es tan implacable hoy como en los tiempos bíblicos, cuando Jesús de Nazaret fue condenado a muerte por una desbordada turba vociferante, tal vez como un acto de racismo o de persecución política. En la era de la información, las cámaras convirtieron a los usuarios de las redes en solícitos fiscales y en jueces severos de los demás. Se profieren sentencias a la velocidad de Internet, a veces sin el recaudo de las pruebas suficientes y sin que la parte afectada tenga tiempo de hacer su defensa. El derecho procesal, largamente fabricado por expertos y doctrinantes, es demolido todos los días en los tribunales populares de las redes sociales.

Las normas penales se actualizan con lentitud, es cierto, pero tratan de adecuar los tipos penales a las nuevas conductas del universo digital. Por ejemplo, la publicación de datos e imágenes íntimas no es delito en todos los estados, pues algunos exigen que para su tipificación opere el hurto o apropiación ilícita de los datos íntimos. No hay delito, en cambio, cuando es la propia persona la que difunde sus datos o los comparte con terceros y estos los dejan conocer por descuido o hacen un uso indebido de ellos, traicionando la confianza del remitente, no importa que al convertirse en virales los conozcan miles de personas. Obviamente, el tratamiento jurídico es diferente si se trata de menores de edad o si es información obtenida mediante engaño. Tampoco hay delito cuando lo que se difunde es de conocimiento extendido entre las personas de una comunidad.

En las conductas que afectan la intimidad, la diferencia sustancial la hace el consentimiento, que debe ser expreso y ojalá verificable. Esto es válido en las relaciones entre personas vivas. Pero ¿Qué sucede con las fotos de personas fallecidas?

El respeto a la dignidad de la vida humana nos debiera inhibir de publicar fotografías o imágenes de personas fallecidas, más cuando se trata de hechos trágicos como accidentes y, más grave aún, de suicidios.

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Esta clase de imágenes lesiona la intimidad y el buen nombre del fallecido, de su familia, allegados y amigos, a quienes también se les vulneran los derechos al debido proceso y a la defensa. Nadie está más indefenso que quien yace inerte sobre el piso ensangrentado, lo mismo que su familia, que le suma al dolor el martirio de la incertidumbre y el sentimiento de culpa propio de estos momentos. Su repetición incesante en medios de comunicación o en redes sociales renueva el dolor y alimenta el morbo. Infortunadamente, en las redes sociales y en las cadenas de whatsapp esta es una práctica recurrente que ofende a las víctimas y a los receptores.

Son muchas las consideraciones jurídicas y éticas que pueden invocarse para pedir que esta práctica se suspenda, inclusive se podría recurrir a la solidaridad, la caridad, la empatía, en fin, pero sabemos que es casi imposible detener una turba vociferante y más difícil todavía si está dominada por el morbo. Sin embargo, no hay nada que una buena pedagogía no pueda lograr.