Con llamativa frecuencia el Estado se pisa los cordones de los zapatos cuando tiene que enfrentar asuntos públicos de urgencia. El de la violencia contra la niñez no es la excepción.  Hace una semana la Cámara de Representantes llevó a cabo un debate de control político sobre abuso sexual infantil. Dos semanas atrás, el presidente Iván Duque, su esposa y la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), anunciaron una Alianza Nacional contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, que se propone formular una política pública participativa y alentar la “movilización de toda la sociedad en la transformación cultural que nos lleve a generar un consenso de cero-tolerancia con la violencia”.  Casi simultáneamente ambos poderes se desencontraron.  Un sector del Congreso, respondiendo al reclamo popular, quiere endurecer el castigo contra los violadores de niños aprobando la cadena perpetua mientras, por su parte, el Ejecutivo se aproxima al tema con una mirada más amplia que, por su naturaleza, debe contemplar la dimensión legal y, por lo tanto, asuntos como el que animó la convocatoria al debate de control político.

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Frente a todas las participaciones que en el intercambio congresal ponían su atención en el abuso sexual, la directora del ICBF utilizó su intervención para informarle al Congreso que la Alianza propuesta está encaminada a cambiar significativamente no sólo la violencia contra la niñez sino transformar la cultura al respecto.  Lo lógico sería, para comenzar, que la bancada gobiernista en el palacio legislativo estuviera no sólo informada sino diera muestras de respaldo a la idea y de que hará cuanto esté a su alcance para que esa Alianza, que tiene al Presidente como su principal impulsor, sea exitosa.  En otro sentido, el debate era también una excelente ocasión para que la cabeza del ICBF pusiera las cosas en perspectiva y mostrara cómo el debate de aquella noche y la Alianza convocada por el presidente Duque llamando a la “cero tolerancia” contra la violencia hacia la niñez, hacen parte del mismo todo.

Muy positivo que estos poderes del Estado la emprendan contra uno de los grandes males de esta época, que no cesa de sacudirnos constantemente de horror. Mal podría nadie oponerse a iniciativas de esta índole.  Lo que cabe, sin embargo, es la legítima preocupación por el modo en que se hacen las cosas y, especialmente por el interés de que sus legítimos y valiosos propósitos se conviertan en resultados palpables para la niñez.

Una primera voz de alerta: si es importante el anuncio, es mucho más importante la persistencia en el riguroso seguimiento para evitar que a las buenas ideas se las lleve el calendario. El 1 de noviembre de 2017 El Mundo informaba que, con la firma de la entonces directora del ICBF, el gobernador del Departamento y el alcalde de Medellín, Antioquia era el “primer departamento del país en firmar el Gran Pacto Nacional contra las violencias hacia las niñas, los niños y adolescentes “Protégeme”.  Casi dos años después poco queda de aquel compromiso.  El anterior es sólo uno de muchos ejemplos que corrieron la misma suerte.

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Se oyó muy alto también el silencio frente a dos instrumentos laboriosamente conquistados por Colombia y aparentemente puestos de lado. Ni en la convocatoria de la Alianza, ni en Congreso se escuchó mención alguna a la Convención sobre los Derechos del Niño, ni al Código de la Infancia y la Adolescencia, de 2006. No se trata de un prurito legalista.  En ambos no sólo hay un enfoque cualitativamente distinto al de la simple doctrina de la protección sino, también, herramientas potentes para cualquier planeación interesada en proteger y garantizar los derechos de la niñez.  Si los conceptos de indivisibilidad e interdependencia de los derechos de la niñez fueran parte del circuito sanguíneo conceptual con el que operan las autoridades, otro sería el debate y, seguramente, otras las ideas para salir del embrollo de una sociedad acosada por la violencia contra la niñez, que no se explica -ni se resuelve- en si misma, sino en la trama de vínculos con el conjunto de derechos de que son portadores los menores de edad.  

La planeación anunciada por la directora del ICBF debe garantizar que las cosas ocurran en todo el territorio colombiano.  Uno de los más notorios talones de Aquiles es la discontinuidad.  Lo que hizo un gobierno ya no lo hace el siguiente, aunque el discurso sea casi siempre que la causa de la niñez no tiene banderas ni partidos. Un reto de grandes proporciones es que, dentro de escasos 4 meses, llegarán nuevas autoridades a todos los departamentos y municipios y habrá que garantizar que, lo antes posible, hagan suya la idea. La política pública eficaz es la que encarna en los territorios y la llamada movilización social vale cuando florece en los rincones más alejados del país

Comentarios:

Bertha Lucía
2019-08-28 08:39:32

La niñez no tiene banderas, ni partidos, ni dolientes. Cuando atacamos el endurecimiento de penas, nos reconocemos como abusadores "potenciales", cuando lo defendemos, sabemos que somos abusadores "potenciales" pero queremos tapar el cielo con un dedo. La violencia está presente en todos y cada uno de los seres humanos, es cuestión de admitirla y trabajarla en lo personal y en lo colectivo. De veras vamos a seguir indefinidamente apuntando al síntoma para evadir lo que es urgente e importante?

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