Son muchas las razones que justifican el revuelo causado por la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de anunciar su renuncia a la dignidad de Senador de la República para asumir, en condición de ciudadano, su defensa en la investigación que por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno le abrió la Corte Suprema de Justicia. No solo por tratarse de quien ha alcanzado los mayores grados en el servicio público y sigue siendo el líder político más influyente del país, sino también por el contexto en el que se ha dado el llamado a indagatoria por parte del alto tribunal, este caso representa oportunidades invaluables, en primer lugar para que el doctor Uribe demuestre su inocencia y, en segundo lugar, para que la justicia pruebe ante el país y ante la comunidad internacional su independencia de las demás ramas del poder público.

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Sin embargo deja un mal sabor tanto la manera como se conoció la decisión de la Corte, que primero filtró su intención a algunos medios y periodistas abiertamente contradictores del expresidente, como por las inquietantes señales que envía la decisión en sí misma, porque no respeta el principio de presunción de inocencia y porque avanza con inusitada celeridad si se compara con el proceso que dio origen a la situación que hoy mantiene en vilo al país político.

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Como se ha informado profusamente, tal antecedente se remonta a 2012, cuando el expresidente denunció al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro por supuestamente haber manipulado las declaraciones de varios internos de las cárceles de Itagüí y Cómbita con el propósito de implicarlos a él y a su hermano Santiago en la comisión de delitos relacionados con la conformación de grupos paramilitares. Tales visitas no solo fueron debidamente probadas y documentadas sino que además el demandante aportó pruebas que dejaban ver cómo las mismas estaban enfocadas en determinados reclusos. La Corte Suprema de Justicia tardó seis años en fallar y, cuando lo hizo, archivó el caso contra de Cepeda, volteó el expediente y pidió que se abriera investigación contra Uribe por el mismo delito del que este acusaba a Cepeda, tipificado como fraude procesal.

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Pero el llamado a indagatoria, según un comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia, no tiene relación con los hechos por los cuales la Corte le dio la vuelta a la denuncia de Uribe contra Cepeda sino por acciones que habrían llevado a cabo personas allegadas al expresidente, y presuntamente con su consentimiento, después de conocida la decisión de archivar la investigación contra el congresista del Polo Democrático, es decir, después del 16 de febrero de 2018 que es la fecha de la providencia. La violación al debido proceso que la defensa del expresidente esgrime se configura cuando el alto tribunal omite escucharlo en  versión libre y espontánea respecto a los nuevos hechos, lo que deja en evidencia que no se está aplicando la regla de justicia pese a que se trata de dos senadores acusados del mismo delito.

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En el desarrollo de este proceso es bien conocido que han jugado un papel fundamental las grabaciones de conversaciones, cuyo contenido conforma quizá la zona más gris de la investigación, por cuanto las conversaciones entre los supuestos emisarios del expresidente y los reclusos fueron grabadas también por la parte hoy acusada, lo cual le quitaría el valor de plena prueba que se les quiere dar, pues no sabemos cómo la parte acusadora va a establecer que tales conversaciones tenían el propósito de manipular o cambiar la versión de los testigos, como no vio que fuera malo el acercamiento del senador Cepeda a ellos mismos.

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Al renunciar el expresidente Uribe a su fuero como Senador de la República y considerando que las conductas imputadas no tienen relación ni con su dignidad de Presidente ni con su labor en el Legislativo, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de asumir el caso y de hacer valer el debido proceso, lo que ofrece más garantías  tanto al procesado como a la institución judicial misma, que afronta el desafío de mostrar su imparcialidad, algo que si se logra, como es nuestra esperanza, constituiría un beneficio invaluable para el país.

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Y como todas sus actuaciones en el servicio público, el anuncio de su renuncia al Senado fue altamente significativo, pues la misiva en la que expresa de manera explícita sentirse “moralmente impedido para para ser senador” y el deseo de que su defensa “no interfiera con las tareas del Senado” es un claro mensaje para las personas que ahora presumen de su condición de congresistas pese a tener condenas en firme por crímenes de lesa humanidad y que llegaron al Congreso no por elección popular sino porque el Estado se sometió a ellas para que dejaran de delinquir y con el supuesto compromiso de enfrentar los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición ante la Justicia Especial para la Paz, donde no hay uno sino decenas de miles de casos por los delitos más graves tipificados en el Código Penal. La decisión del expresidente de renunciar es la correcta y de ella deberían tomar ejemplo quienes están en peor situación jurídica, en lo que constituye uno de los mayores desórdenes generados por el proceso de paz.