Era previsible: estudiantes mediocremente preparados en primaria darían como resultado otros mediocres para secundaria, y éstos otros mediocres profesionales.
El 29.VI.2018, El Colombiano (Medellín) informaba: “Un edificio fue evacuado por riesgo de colapso en Itagüí”. Se trataba del Babilonia. Su administradora, Ángela Ramirez, dijo que los problemas con la construcción se habían presentado desde hacía dos años.
El 17.VIII.2018, Blu radio (redacción digital), afirmaba: “Sigue en el limbo edificio Babilonia en Itagüí, desalojado por fallas estructurales”. A la fecha de ese anuncio, los desalojados del Babilonia cumplían 50 días en un limbo sin definiciones para ellos. En esa fecha se le daba otra larga de 15 días más a la constructora Ruiz Sánchez y Asociados, aunque la alcaldía de Itagüí ya había ordenado el desalojo.
El 07.XI.2018, El Colombiano informaba que la Alcaldía de Itagüí había dado la orden de demolición del Babilonia. Cada apartamento había costado entre 100 y 275 millones de pesos. Hoy los propietarios -además de decepcionados- al parecer se sienten impotentes y solos. Hubo una apelación sobre tumbarlo o no a la alcaldía y en eso va este asunto.
Recordemos también que por este mismo proceso pasó el edificio Space. Que al parecer, con muchas quejas de parte de los propietarios, también se pueden resumir en lo mismo, decepcionados, impotentes y solos.
Gardeazábal en su columna de ADN (1.XII.2018) asegura que con el Babilonia son “16 edificios enfermos que se construyeron en el Valle de Aburrá”.
Agreguemos a eso el puente de Chirajara de este mismo año, en donde el gobierno, los constructores, los veedores y todo un resto de instituciones se tiran la pelota de la culpa del uno al otro.
Ahí están el Puente del Acordeón (Hisgaura) y otra significativa cantidad de obras civiles, privadas y públicas, llenas de problemas de construcción o definitivamente inservibles. ¿Qué está pasando?
En el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el Fondo Monetario Internacional (FMI) vio que se estaba “dilapidando” el dinero en la educación en varios países de América Latina con aquellos estudiantes que presentaban inconvenientes a los estándares evaluativos. Es decir en los más lentos en unos u otros aprendizajes. Lo que se venía haciendo hasta entonces era “repetir” los cursos dentro de una determinada reglamentación escolar. Obviamente, el repetir años producía un mayor costo: había que invertir en espacios y profesores, entre otros gastos. Si a esto se sumaba que -para pretender una educación con mayor calidad- se debía bajar el número de estudiantes por profesor en las hacinadas escuelas públicas de las grandes ciudades (por el desbordado poblamiento cada vez mayor debido a La Violencia y las que se le derivaron luego) los importes se habían incrementado.
Fue entonces cuando en ese gobierno, el FMI ordenó la que se llamó entonces Promoción Automática en primaria y la debió llevar a cabo su mineducación Jaime Niño Díez, quien actuó como tal entre 1997 y 1998. Según ésta, los niños no deberían repetir los años. La excusa para tomar esta nueva medida era la angustia de los menores que los podía llevar al suicidio.
En las postrimerías del siguiente gobierno, el de Andrés Pastrana (1994-1998), una disposición casi igual se llevó a la educación secundaria (grados 6 a 11). Fue el decreto 230 de febrero de 2002, que prohibía que más del 5,0% de los estudiantes de un curso “perdieran” el año. Las razones eran las mismas y trataban de “tapar” la verdadera causa: ahorrar en el “gasto” educativo.
Presento mis excusas por citarme, pero desde entonces, en esta columna advertí los riesgos de “bola de nieve echada a rodar hacia abajo” de esa medida. Era previsible: estudiantes mediocremente preparados en primaria darían como resultado otros mediocres para secundaria, y éstos otros mediocres profesionales.
La bola de nieve de la corrupción que se incrementó con el narcotráfico (que le sirvió para surgir y realimentarla) se unió a la bola de nieve de la mediocridad de la evaluación de los estudios. Hoy estamos llenos de universidades de garaje que deben graduar profesionales mediocres, hijos de papi y mami, quienes después de conseguirles su título les ayudan a proporcionar la chanfaina.
Unamos en un mismo coctel mediocridad y corrupción y recibamos puentes y edificios caídos, población que se enferma más con los “tratamientos médicos”, profesores que malenseñan, abogados con todas las fallas actuales, etc.
Rasguémonos las vestiduras.