El ya evidente distanciamiento entre la JEP y las mujeres víctimas de las Farc se profundizó y ahora parece insalvable tras los informes que la Jurisdicción Especial anunció le fueron entregados por la Red Nacional de Mujeres Defensoras del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, mientras las organizaciones agrupadas en Fevcol -Federación Colombiana de Víctimas de las Farc- aseguran que se sienten revictimizadas por no ser tenidas en cuenta ni mucho menos valoradas en desarrollo de los procesos jurídicos que adelanta la justicia transicional.

Según la JEP, el pasado martes representantes de la Red Nacional de Mujeres le entregó seis informes, así como a la Corte Constitucional, sobre el impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado en las mujeres.

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También se explicó que esos informes reúnen información entregada por casi 600 mujeres y fueron elaborados con asesoría de la Corporación Sisma Mujer, con el apoyo de ONU Mujeres, la embajada de Suecia y la Unión Europea.

Precisó la JEP que en ese evento recibió un informe sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado y otro sobre violencias de género en Montes de María.

En uno de los informes, María Eugenia Cruz, de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, dijo que “la justicia ordinaria no ha logrado tramitar la violencia sexual y esta sigue en la impunidad. Nosotras creemos en la paz y, por eso, decidimos documentar nuestros casos en la JEP. Confiamos en que habrá justicia. Creemos en la justicia restaurativa”.

De la misma manera, Mayerlis Angarita, de Narrar para Vivir, afirmó que “somos 840 mujeres de los Montes de María que llevamos 19 años esperando justicia. Ustedes tienen una gran responsabilidad, porque creemos que en el Sistema sí la encontraremos. Una justicia que nos pone a las víctimas en el centro, que va más allá de encerrar a los culpables, que imponga sanciones restaurativas que nos ayuden a sanar”.

Esfuerzo que fue reconocido y aplaudido por la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP: “Ustedes son las que han reconstruido lo poco que quedó después de la guerra”. Además, reconoció que es “retador, pero también muy alentador, escuchar a las mujeres que han vivido el conflicto y que nos confían estos informes”.

Olvidadas y no escuchadas

“Las víctimas que sufrimos reclutamiento forzado, violencia sexual y abortos obligados no vemos ninguna clase de garantías en la JEP, porque sabemos que allí no habrá ningún tipo de justicia para esos delitos y los victimarios. Es evidente que la JEP sólo ha buscado favorecer a los victimarios por encima de las víctimas, les ha dado toda clase de beneficios a estos individuos de las Farc, y las víctimas sólo estamos en el libro de los acuerdos, no más, escritos nuestros nombres en el papel, sin ningún derecho”, dijo Lorena Murcia, vocera de la Corporación Rosa Blanca, que al igual que muchas otras organizaciones reúne a mujeres y niñas que han denunciado abusos que comprometen a los integrantes de la cúpula del entonces grupo guerrillero, muchos de ellos amparados hoy en el fuero de congresistas.

“La JEP nunca ha escuchado a las mujeres intrafilas -reclutadas por la guerrilla-, nunca nos han visto como víctimas, ni nos han dado los espacios reales donde podamos ir a enfrentar a esos personajes de las Farc para decirles de frente lo que hicieron con niñas y niños. Lo único que busca la JEP es esconder esos delitos, amparar a los victimarios, y tratar de hacer creer que le violencia sexual estaba enmarcada en el conflicto armado. Por eso creemos que esa justicia no va a operar, y mucho menos va a castigar a los culpables de estos graves delitos”, insistió Lorena.

El único propósito de la JEP, dijo, “es tratar a como dé lugar de que esos sujetos queden libres. Eso lo tenemos claro, y por eso creemos que el único camino posible para afianzar hoy un verdadero proceso de paz sin impunidad, es el Referendo por Colombia 2019", que promueve derogar la JEP y reformar las altas cortes y el Congreso.

“No importan las amenazas de muerte”, aseguró: “Nos están amedrentando, como ha ocurrido con una de las niñas de la Corporación en Medellín, que hoy tiene que vivir escondida, como si ella les debiera algo, y como sucede con Herbin Hoyos, líder y vocero del Referendo por Colombia. Pero no nos vamos a callar, no vamos a parar ante la necesidad de tener un organismo de justicia que tenga en cuenta a las víctimas, que no trate de amparar a los victimarios, porque ellos tienen que pagar lo que hicieron con niños y niñas durante tanto tiempo”.

“ATENCIÓN: Nos tumbaron http://www.lasvocesdelsecuestro.com de donde se descargan los formularios @Referendo2019. He recibido más de 20 amenazas, unas de muerte en los últimos días, dicen que van a defender la paz; somos la Colombia víctima de los narco Farc. ¡Nada nos va a intimidar!”, denunció Herbin Hoyos en su cuenta de Twitter.

Invitación no aceptada

Asegura Lorena que “la JEP sólo atiende víctimas de Estado, víctimas de violencia sexual de civiles, pero nunca a las mujeres intrafilas. Nunca hemos sido tenidas en cuenta, ni hemos recibido una invitación de la JEP a participar en una mesa de diálogo”.

Aunque acepta que, hace ya unos tres meses, “fuimos invitadas por la Sala de Reconocimiento para que presentáramos nuestro informe sobre los hechos victimizantes que hemos denunciado, pero de parte de Fevcol no se aceptó ni se hicieron los informes porque vimos que no habían garantías.

“Quiero reiterarle el interés de la Jurisdicción Especial para la Paz en recibir toda la información y los aportes necesarios para la determinación de los hechos y la atribución de responsabilidad a los máximos responsables de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado en Colombia, así como escuchar y acompañar a las víctimas en relación con sus preocupaciones y percepciones de riesgo. En este sentido, invito una vez más a que presenten los informes que su organización considere conveniente”, le dijo en su momento a la Corporación Rosa Blanca el magistrado Iván González Amado, relator del caso 007, sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

“No aceptamos la invitación que le hicieron a todas las organizaciones porque necesitábamos asesoría y garantías jurídicas, como mínimo, para la elaboración de los informes. Y la oferta era que los mismos abogados que defienden a los victimarios serían los encargados de representar a las víctimas, los mismos que nos llamaron traidores a los desmovilizados individuales. Entonces qué garantías podemos tener frente a declarados enemigos. Cómo vamos a pensar que ellos van a creer en las víctimas, si son los que defienden a los de las Farc. Cómo les vamos a entregar a ellos nuestros testimonios”, cuestionó Lorena.

Y la prueba de todo eso, insistió, “es la decisión que la JEP tomó esta semana con Óscar Enrique de Lima Contreras, encontrado culpable de reclutamiento y violación a una niña indígena, pero hoy libre en un Etcr -Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-, muestra del grado de impunidad que maneja la Justicia Especial”.

Solicitud rechazada

La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP confirmó el pasado lunes que le negó la solicitud de amnistía a Óscar Enrique de Lima Contreras, exmiembro del frente 59 de las Farc-EP, “por las conductas de reclutamiento ilícito y acceso carnal violento -Caso No.007-, en las que se vio afectada una niña de la etnia Wayúu en el año 2014”.

Para llegar a esta decisión, dijo la Sala, “se analizaron las conductas cometidas por Lima Contreras y se encontró que las circunstancias en las que presuntamente tuvieron lugar estaban relacionadas con el conflicto armado entre las Farc-EP y el Estado colombiano”.

También, la Sala tuvo en cuenta el procesamiento de Lima Contreras en la justicia ordinaria por los delitos de reclutamiento ilícito, acceso carnal violento y rebelión, así como los hechos relatados por el padre de la niña afectada, quien denunció el reclutamiento de sus otros dos hijos por parte del frente 59 de esta guerrilla.

"Lima Contreras había solicitado el 28 de junio de 2017 que se le aplicaran los beneficios de la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía) por delitos que fue acusado en la justicia ordinaria. Pero a él se le decretó la amnistía exclusivamente por el delito de rebelión e igualmente se autorizó que fuera trasladado a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Mesetas, en el Meta, en donde debería permanecer privado de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP”, informó la Sala.

Casi tres meses después, Lima Contreras suscribió el acta de compromiso en Valledupar, y una vez empezó a funcionar la JEP, manifestó su disposición de someterse a la Jurisdicción.

De esa manera, la Sala de Amnistía o Indulto “le concedió la libertad condicionada y en la audiencia realizada el pasado 26 de abril se le comunicaron los compromisos adquiridos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

No son consecuentes

Esos hechos, advierte la Corporación Rosa Blanca, no son consecuentes con los enunciados que dice la JEP defienden los derechos de las víctimas, especialmente en el capítulo de la reparación y frente a un supuesto principio de centralidad con ellas, en el que deben ser priorizadas dentro de los procesos judiciales que adelante con el fin de lograr justicia, reparación y garantías de no repetición frente a las conductas cometidas en su contra.

Sin embargo, la Jurisdicción Especial para Paz se extiende en la presentación y defensa de sus bondades, cobijadas por la recién firmada Ley Estatutaria, según las cuales hay crímenes no amnistiables ni indultables, para los cuales, según explica, puede aplicar penas de prisión hasta de 20 años.

“La Ley Estatutaria señala que se concederá la amnistía lo más amplia posible a quienes hayan sido acusados o condenados por delitos políticos o conexos. Sin embargo, la misma Ley 1957 prohíbe que se otorguen amnistías o indultos a los autores de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales -falsos positivos-, reclutamiento de menores, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, genocidio, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, desaparición forzada, sustracción de menores y desplazamiento forzado”, con lo que pretende darle tranquilidad y seguridad a quienes reclaman justicia.

En ese marco, asegura la JEP, la Ley Estatutaria también establece las sanciones que impondrá, que van desde restricciones de la libertad hasta penas de prisión de 20 años. La historia lo dirá.

Comentarios:

Edgar
2019-06-23 08:26:20

Ahí está el meollo del asunto: las víctimas , como las mujeres de la Corporación Rosa Blanca, están siendo revictimizadas por cuanto los victimarios gozan de unos derechos y unas prebendas que dan escozor.

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