Datos recientes muestran con claridad las situaciones de injusticia social en el régimen de pensiones en Colombia, sin duda un aspecto que contribuye a que la distribución del ingreso en el país sea una de las más desiguales del mundo: sólo una de cada cuatro personas mayores de 60 años recibe pensión; de unas 900.000 que disfrutan esta prestación, más del 80% corresponde al grupo de población con mayores ingresos; y sólo un 4% de quienes pertenecen a los estratos 1 y 2 recibe pensión.

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Como se sabe, existe un régimen privado de ahorro individual que es administrado por fondos de pensiones y otro denominado de prima media, tradicionalmente atendido por el ISS hasta su reciente escisión, al cual el presupuesto general de la nación destinó en 2010 una suma cercana a los 22 billones de pesos, cuantía más o menos igual a la de defensa y a la de salud. Todo afiliado al primer régimen que se traslade al segundo habrá hecho aportes con un valor actuarial entre el 35 y 50% de lo que recibirán como pensión, es decir, el resto deberá ser proporcionado por el Estado. No sorprende entonces que el año pasado se hubieran pasado del mencionado primer régimen al segundo más de 171.000 personas, un aumento del 21% con respecto a 2009.

Mediante acto legislativo del 22 de julio de 2005, se suprimieron a partir del 31 de julio de 2010 todos los regímenes especiales, con excepción de los correspondientes a la fuerza pública y a los presidentes de la república, a la vez que se señaló como tope de pensiones 25 salarios mínimos mensuales, un valor excesivo que supera lo que ocurre en muchos países. Fue sin embargo un avance pues, por ejemplo, ya no será posible que altos funcionarios de la rama judicial y del congreso reciban pensiones cercanas a los 17 millones de pesos con aportes equivalentes apenas a 3 ó 4 millones. El monto pensional se calculará con base en ingresos de los últimos 10 años y no, para citar el caso de magistrados, con base en el último sueldo devengado.

Lo anterior no se aplica a los fondos privados de pensiones puesto que el monto de las mismas se calcula con base en dichos ahorros, pero descontando las altas y seguras ganancias de los administradores de dichos fondos (según datos de la Superintendencia Financiera en agosto de 2010, estas entidades encabezaban la rentabilidad en el sector financiero, nada menos que con una tasa de 27,1% sobre patrimonio). Se estima que en estos casos el promedio de las pensiones rondará por el 40% de los salarios previos, en tanto que en las de prima media se acerca al 75% pues en estas lo importante es el número de semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos diez años.

Son urgentes medidas radicales como las propuestas por José Alvear Sanín, columnista de El Mundo, en tres enjundiosos artículos recientes. El régimen de prima media debe dedicarse exclusivamente a atender a las personas de bajos ingresos y, junto con el actual fondo de solidaridad pensional, a personas con bajas o nulas cotizaciones en razón de su pobreza o miseria, de modo que se les garantice al menos una pensión equivalente a un salario mínimo. Sería un acto de elemental justicia social y de solidaridad. Y los fondos privados de pensiones solo deben administrar los ahorros de quienes perciben mayores ingresos. No tiene sentido que personas de bajos ingresos pertenezcan a este régimen pues solo alcanzarán pensiones ridículas.

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Seguramente las propuestas anteriores parecerán utópicas, y lo son por una razón muy simple: quienes expiden y controlan la aplicación de las normas sobre tan importante asunto son los primeros beneficiados de las inequidades existentes.

Periódico El Mundo

Medellín, Colombia, 20 de marzo de 2011