Con gran preocupación se observa como han venido mermando, por no decir que deteriorándose, dramáticamente los servicios que el Estado presta en materia de atención a víctimas de la violencia y, en especial, en lo que tiene que ver con las personas que, según nuestro régimen jurídico y constitucional, gozan de especial protección, dadas sus condiciones de vulnerabilidad y/o dependencia física, económica, política o social, tales como Niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Al igual que las poblaciones con condiciones o situaciones particulares: Grupos étnicos, discapacitados, y víctimas del conflicto armado, entre otros, como las demás minorías.

De cierta manera ello también se constituyente en un deplorable abandono social. A estas alturas del siglo XXI a nadie le puede quedar la más mínima duda sobre que el Estado; esto es, la organización político administrativa y jurídica de la sociedad, se ha fundado o creado con el inequívoco propósito de que -en nombre de todos sus asociados (personas)- se instaure el orden, la seguridad, los derechos y garantías necesarios, la armonía y el bienestar que esas personas requieren para poder vivir en paz y en comunidad.

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Hay que hablar con toda sinceridad, muchas de esas ayudas no llegan en el tiempo oportuno y cuando lo hacen, ya inclusive -en muchos casos- no se necesitan, pues han pasado las afugias y necesidades que dieron lugar a su causación, llegándole a gente que ya no las requiere o inclusive cuando los directamente necesitados de las mismas, los afectados con los hechos violentos o de pobreza, ya no existen, pues han muerto o desistido en sus proyectos de vida, en medio de las más degradantes esperas de lo que les han prometido para aliviar sus penas y dolores individuales y familiares ante un sistema social y estatal indolente y descuidado con el cumplimiento de esos básicos deberes.

La falta de oportunidad, la decidía gubernamental, tramitologías interminables, el desorden administrativo y funcional de los órganos encargados de las diferentes tareas y obligaciones, innecesaria burocratización, mora en las decisiones, soberbia y arrogancia de los servidores públicos, pues algunos de ellos manejan sus despachos y/u oficinas como si fueran un objeto de su propiedad, al igual que la corrupción sin límites que suele rondar al proceso administrativo en nuestro país y el tema de víctimas no es una excepción, hacen que los importantes recursos y el orden jurídico que se han implementado, para la atención de tan delicado e impostergable problema, no tengan los alcances que se les ha previsto por quienes sí han actuado generosa, inteligente y oportunamente, previendo y estableciendo los mecanismos y deberes del Estado y la Sociedad, para tan importantes y necesitadas poblaciones. ! Qué lástima ¡ que tan significativos programas y propósitos, como son en efecto los de proteger y auxiliar a las víctimas, se hayan tornado real y tristemente en “un canto a la bandera”. La ayuda humanitaria es un concepto técnico administrativo que se ha diseñado como una política pública para prestar asistencia social (integral) y según las necesidades, todo orientado a “salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación”. Así las cosas la ayuda humanitaria debe ser oportuna y lo más integral posible.

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De conformidad con lo dispuesto por Naciones Unidas, para que la ayuda pueda adquirir la connotación de humanitaria y pueda considerarse en el contesto que los estados quisieron darle a este tipo de protecciones, la asistencia o el apoyo que se brinde a las personas o grupos desprotegidos y requirentes de dicha protección “debe ser consistente con los principios de humanidad, imparcialidad, y neutralidad e independencia”; lo que indica que debe ser ajena a todo tipo de intereses particulares y prestarse indiferentemente a cualquier persona o grupo que la requiera y sólo teniendo en cuenta que quién la recibe se encuentre realmente en una situación de indefensión, riesgo, minusválidad y/o vulnerabilidad manifiesta. La UNICEF considera que se entenderá por población vulnerable “al Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental”, entre otras consideraciones.

Gracias al esfuerzo que se ha realizado tanto a nivel interno, como en el concierto mundial de naciones, frente a lo que es la conceptualización de víctimas, de grupos y de personas en estado de riesgo, desprotección y/o vulnerabilidad, se han logrado la conquista de grandes e importantes derechos y garantías para la atención, protección, humanización y dignificación de la vida de estas personas. No es posible que dichos logros y conquistas se malogren, se desperdicien e -inclusive- se mal utilicen, por efecto de la corrupción y el desgreño administrativo que infortunadamente suele afectar a las actividades estatales y administrativas y, en especial, a aquellos programas que han logrado el manejo y destinación de importantes recursos publicos, logísticos y presupuestales.