El TPS para los salvadoreños, que les permite trabajar de manera legal en Estados Unidos, lo aprobó en 2001 el entonces presidente, George W. Bush, a raíz de dos terremotos que asolaron gran parte de El Salvador a principios de ese año.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Javier Steiner, dijo este jueves que esta nación centroamericana "no está preparada para recibir a compatriotas" que residen en los Estados Unidos y que son amparados por los programas migratorios Estatus de Protección Temporal (TPS) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).
Steiner lamentó este jueves la situación que miles de jóvenes salvadoreños, (entre 30.000 y 60.000), beneficiarios del programa Daca, están pasando a consecuencia del cese de esta iniciativa.
"El Salvador no está preparado para recibir a estos jóvenes protegidos por el Daca ni a los cientos de salvadoreños amparados por el TSP, porque estamos estancados económicamente, no hay oportunidades de empleos, no hay seguridad ni estabilidad", manifestó Steiner en una rueda de prensa.
El líder industrial dijo que espera que la comitiva que viaje a los Estados Unidos la próxima semana, encabezada por el canciller Hugo Martínez, logre abogar por estos compatriotas.
"La comisión que irá a Estados Unidos tiene una gran reto que es lograr darle estabilidad a estás personas que residen en los Estados Unidos, espero que logren negociar y que estos salvadoreños puedan estar tranquilos en ese país", agregó.
El pasado martes, el Gobierno de los Estados Unidos puso fin al programa migratorio Daca, que beneficia a entre 30.000 y 60.000 salvadoreños.
Ante esta situación, una comisión de El Salvador, integrada por el canciller, diputados y miembros de la oposición, viajará al país norteamericano para abogar por los beneficiarios del Daca y
solicitar una prórroga del TPS para 190.000 salvadoreños.
El TPS le permite a los estadounidenses trabajar legalmente en Estados Unidos y el actual plazo de este programa para los centroamericanos, que ha sido prorrogado en varias ocasiones, vence el 9 de marzo de 2018.
El Gobierno de El Salvador solicitó, en varias ocasiones, una nueva prórroga, ante la amenaza del presidente Donald Trump de no aumentar el plazo del programa de protección.