Miembros de comunidades indígenas denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) los constantes riesgos que sufren en su país, por lo que pidieron al organismo regional una visita "in loco" para constatar la situación.

Durante el cuarto día de audiencias públicas que la Cidh realiza en la capital dominicana en el marco de su 168 periodo de sesiones, afirmaron que a pesar del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de la Farc "los pueblos indígenas en Colombia viven una crisis humanitaria que requiere una intervención integral del Estado que incluya los procesos de reparación integral".

"Las medidas de protección para líderes indígenas en riesgo no son adecuadas a nuestra realidad. Estamos tomando un riesgo muy serio denunciando lo que pasa en Colombia", subrayaron.

"El Gobierno ha adquirido muchos compromisos que no ha cumplido (...). Es necesario que se asignen fondos para todos los aspectos de implementación de los acuerdos de paz", apuntaron.

En ese sentido, pidieron a la Cidh dar seguimiento a la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, de acuerdo con la petición leída por la defensora de los derechos de la comunidad indígena María Espinosa.

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A la vez, pidieron a la Cidh que requiera al Estado colombiano adoptar de manera concertada las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para los pueblos indígenas de Colombia.

Asimismo, instar a su Estado a adoptar medidas urgentes a efectos de evitar el extermino físico y cultural de los pueblos Siona, Emberá, Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Pueblos Indígenas de Colombia, lo que implica la actualización de sus planes de salvaguarda y la asignación de recursos técnicos y financieros suficientes para la ejecución inmediata y continuada de los mismos.

Igualmente, exigir al Estado la implementación de acciones inmediatas para la protección y restitución de territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Colombia, "asegurando el goce efectivo del derecho al territorio y su tenencia jurídica y material, elemento primordial para el goce de otros derechos fundamentales en el marco del conflicto armado, la expansión de fronteras extractivas petroleras y mineras y la desposesión".

También pidieron al Estado investigar y sancionar los hechos de vulneración y riesgo que lleguen a conocimiento estatal y dar una adecuada reparación a las víctimas, independientemente de que los actos sean o no cometidos por agentes estatales.

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Además, que realice acciones de limpieza y desminado en los territorios de los pueblos Siona, Emberá, Nukak, entre otros, así como el inicio de acciones emergentes que prevengan y eviten nuevas acciones de minado por parte de grupos armados emergentes.

Igualmente, solicitaron a la Cidh requerir al Estado colombiano la implementación de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, exacerbada por la presencia de actores armados en sus territorios.

A su turno, la representación del Estado reconoció que esa nación tiene retos en materia de derechos humanos y que las comunidades indígenas han sido víctimas de esa situación, pero que el Estado toma acciones en ese sentido.

"El Estado ha sido vehemente en trabajar por que la agenda de los derechos humanos de los pueblos indígenas sea real", subrayó.