La Fiscalía informó este jueves que ocupó con fines de extinción doce inmuebles y una sociedad comercial avaluados en 18.500 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares), que figuran a nombre de familiares del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons, investigado por corrupción.

Los predios están en Montería y Sahagún (Córdoba), así como en Coveñas (Sucre), añadió la Fiscalía en un comunicado en el que destaca que las propiedades estaban a nombre de comercializadoras y terceras personas, entre ellas Bernardo Miguel Elías Nader, padre del condenado excongresista Bernardo el ñoño Elías.

La Fiscalía recordó que en una diligencia realizada en diciembre pasado a una vivienda del padre del exgobernador en Montería recopiló escrituras y documentación que puso en evidencia propiedades que pertenecerían al entorno del exfuncionario y estarían en manos de terceras personas.

"La Fiscalía contrastó la información, recopiló testimonios y verificó en notarías y oficinas de instrumentos públicos, hasta establecer que los inmuebles sobre los que había sospecha, pertenecerían a Alejandro Lyons de la Espriella, por lo que en el día de hoy (jueves) fueron impuestas medidas cautelares con fines de extinción de dominio", detalló la información.

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Estas incautaciones con fines de extinción de dominio se suman a otras dos impuestas el 7 de noviembre y el 17 de diciembre de 2017, en las que fueron afectadas diez propiedades en Sahagún y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba, que estaban tituladas a nombre de terceros, pero también harían parte del patrimonio oculto del entorno del exgobernador.

La Fiscalía investiga hechos de corrupción en Córdoba durante el mandato de Lyons (2012-2015), quien huyó a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la Justicia de ese país y la de Colombia.

Además, el exfuncionario es investigado por otros casos de corrupción y uno de homicidio, y al mismo tiempo es testigo de la Fiscalía en los casos del cartel de la toga, un escándalo que involucra a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente haber pedido dinero durante el ejercicio de su cargo a legisladores para favorecerlos en decisiones judiciales.