La problemática de los indígenas del Cauca se origina principalmente en el acceso a la tierra y se remonta a la Constitución de 1886
Indígenas Nasa participantes en la Minga
Arde el Cauca con las protestas indígenas y las consecuencias negativas no sólo para el departamento, sino para el sur del país, sin que exista una solución cercana. Las pérdidas económicas son cuantiosas y tienen en vilo a varios sectores y a la población civil, que es siempre la más afectada. Con el paso de los días la protesta se ha recrudecido, causando varios muertos y se han instrumentalizando niños para cometer atentados.
El Gobierno ha tenido la voluntad de negociar con la presencia de la ministra del Interior y de la directora de Planeación. Pero esto no ha sido suficiente, la comunidad indígena exige la presencia del presidente Duque, quien se niega a ir hasta que cesen las vías de hecho y se desbloqueen las carreteras, para que fluya la “normalidad” en medio de la crisis.
La problemática de los indígenas del Cauca se origina principalmente en el acceso a la tierra y se remonta a la Constitución de 1886. Hoy, después de más de un siglo, no tienen solución. Atraviesan otros obstáculos como el difícil acceso a la región y el abandono estatal, que han permitido que grupos armados ilegales –guerrillas y paramilitares-, mafias de narcotraficantes y de minería ilegal se apoderen no sólo del territorio, sino de su gente. A esta terrible ecuación se le suma la responsabilidad de agentes estatales –policía y militares- en masacres.
Nunca ha existido una política de Estado, que como se planteó en uno de los encuentros entre la guerrilla e indígenas en Casa Verde en 1987, “el conflicto se presenta por el desconocimiento de las costumbres y formas de vida social y cultural de los indígenas”. Esto no ha permitido que haya una sinergia entre ambas poblaciones, cada una “tira por su lado”, sin sentido de nación ni tener en cuenta que todos somos ciudadanos que compartimos el mismo fin: una Colombia con más oportunidades.
Es apremiante el diseño e implementación de una política integral de Estado que incluya, entre otros, educación, vías, acueductos, alcantarillado, salud, inclusión, proyectos productivos, comercio justo, tierras y justicia social. Esto tomará años, pero si se identifica el problema y hay voluntad de ambas partes, sin duda se logrará.
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