Continuamos la descripción de los procesos sociales y económicos de los siglos veinte y veintiuno.

Pobreza e inequidad en Colombia

La pobreza de su población ha sido una constante en la historia de Colombia. Pobreza es la incapacidad de las personas de tener una vida digna, por limitaciones en su alimentación, vivienda, salud, educación, recreación, convivencia, seguridad y otras. Se habla de pobreza extrema cuando la gente puede satisfacer básicamente sólo las necesidades alimentarias.

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A finales del siglo veinte la mitad de la población colombiana sufría pobreza, y una quinta parte de los habitantes sufría pobreza extrema. En la actualidad esas cifras se han reducido a la cuarta y a la décima parte de la población nacional, respectivamente, pero este grave problema todavía está lejos de solucionarse. Colombia es uno de los diez países más inequitativos en el mundo.

La pobreza se vio tradicionalmente en Colombia no como un problema estructural de la sociedad y de la economía sino como un asunto de asistencialismo. Durante la Colonia y el principio de la República, la iglesia católica era la única institución que atendía a los desvalidos, huérfanos y viudas, a través de las órdenes religiosas y las cofradías. También era la responsable exclusiva de los hospitales, hospicios y asilos.

En la segunda mitad del siglo diecinueve, como resultado de la concepción secular del Estado definida por la Constitución de 1863, empezó a considerarse que los departamentos o estados soberanos y los distritos municipales eran los responsables de las funciones asistenciales. En 1869 se crearon las Juntas de Beneficencia, que atendían la salud y el amparo, y las Juntas de Instrucción Pública, que tenían a su cargo la educación. La Constitución de 1886, que devolvió a la iglesia católica sus privilegios, también le asignó nuevamente responsabilidad en esa materia, pero de manera conjunta con el Estado.

En la década de 1930, el Estado inició tareas de asistencia social independientes de las instituciones religiosas. En ese tiempo empezaron a dictarse también normas legales que regularon las relaciones laborales y mejoraron las condiciones de trabajo y de vida de las clases trabajadoras.

La pobreza en el campo es más grave que en las ciudades. La proporción de población en situación de pobreza y de pobreza extrema es casi el doble en las zonas rurales que el promedio nacional. La causa son las altísimas concentraciones de la propiedad de la tierra y las deficiencias en las políticas y programas de desarrollo social para la población campesina.

Los indígenas en los siglos veinte y veintiuno

Durante los primeros años de la república se reconocieron algunos derechos de los indígenas, en particular el de la tierra mediante los resguardos. Sin embargo, el resto del siglo diecinueve y prácticamente todo el siglo veinte se caracterizaron por el alto grado de abandono de esas comunidades por parte del Estado y por una fuerte presión de las comunidades blancas para apropiarse de sus tierras. En la década de 1960 los movimientos indígenas empezaron a asociarse con los movimientos campesinos para luchar por sus derechos.

La Constitución Política de Colombia de 1991 incluye derechos fundamentales de los indígenas. Reconoce y ordena proteger la diversidad étnica y cultural de esas comunidades. Establece que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones judiciales, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Reconoce sus lenguas y dialectos también como idioma oficial en sus territorios. Ratifica el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales y de los resguardos indígenas.

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En la actualidad en Colombia habitan unas 81 etnias diferentes, con 64 lenguas habladas, pertenecientes a 14 familias lingüísticas. El censo de población de Colombia en 2005 identificó un total de 1.392.623 indígenas, correspondientes al 3,4 % de la población total. Estas cifras muestran el fortalecimiento de esa población, pues en 1918, de acuerdo con el censo, los indígenas colombianos ascendían a 158.428 individuos, correspondientes al 2,7 % del total, y, según el censo de 1993, a 532.233 personas, correspondientes al 1,6 % del total.

Continuará.