Los gobiernos regeneradores fueron eficaces en la ejecución de obras públicas, pero no consiguieron el despegue de la economía y cometieron errores en materias claves como las libertades individuales.
República de Colombia
El federalismo no dio los resultados esperados. El país continuaba atrasado, era necesario estimular la industria, abrir caminos y ferrocarriles y favorecer la inversión extranjera. Rafael Núñez, que había sido colaborador y ministro de Mosquera, ganó nuevamente la Presidencia en 1884 como liberal independiente apoyado por el partido Conservador, defendiendo esas propuestas. En 1885 los liberales radicales se levantaron contra Núñez, en la sexta guerra civil del período republicano, pero fueron derrotados. Núñez declaró caducada la Constitución de 1863 y convocó un Consejo Nacional Constituyente que expidió la Constitución de 1886.
Los puntos claves de la nueva Constitución fueron: Reconstituir el carácter unitario y centralista de la Nación. Restablecer la pena de muerte. Reconocer la religión católica como la oficial de la Nación, y devolverle a la iglesia católica sus privilegios. Ordenar el estímulo de las obras públicas, las empresas útiles y el aprovechamiento de las tierras baldías, adjudicándolas a quienes pudieran desarrollarlas. Organizar la educación pública en concordancia con la religión católica.
La secuencia de los presidentes titulares de la república de Colombia en el siglo diecinueve y principios del veinte es como sigue:
Rafael Núñez (1886-1892) ejerció la Presidencia de manera intermitente por problemas de salud y fue sustituido por José María Campo Serrano (1886-1887), Eliseo Payán (1887 y 1888) y Carlos Holguín (1888-1892), quienes aplicaron estrictamente las políticas dictadas por Núñez.
Miguel Antonio Caro (1892-1898), sufrió la revuelta de los liberales en la séptima guerra civil (1895) del período republicano, en la cual triunfó el gobierno. No consiguió impulsar el desarrollo.
Manuel Antonio Sanclemente (1898-1900), sufrió el estallido de la octava y última guerra civil, llamada de los Mil Días (1899-1900), no terminó su período y fue sustituido por el vicepresidente José Manuel Marroquín (1900-1904), quien derrotó a los liberales en esa guerra. Le correspondió enfrentar la separación de Panamá en 1903.
Los gobiernos regeneradores fueron eficaces en la ejecución de obras públicas, pero no consiguieron el despegue de la economía y cometieron errores en materias claves como las libertades individuales, la independencia de los jueces respecto al poder ejecutivo, la emisión excesiva de papel moneda para cubrir gastos, el exceso de impuestos y el fraude electoral. Desde la oposición, el partido Liberal propuso reformas constitucionales para corregir estos asuntos, pero fue desoído. Esto condujo a la guerra civil de 1895 y la guerra de los Mil Días.
La educación en el siglo diecinueve
Desde el inicio de la República, la educación se consideró como el instrumento fundamental para consolidar los principios de libertad y progreso. Atrás se mencionaron los esfuerzos de Francisco de Paula Santander por impulsar la educación en sus dos períodos como presidente.
Durante la primera mitad del siglo diecinueve el país avanzó poco en esta materia. El sistema educativo no tuvo la cobertura adecuada, solamente había colegios y escuelas en los pueblos grandes. El sistema educativo adolecía también de poca disponibilidad de maestros. Para mediados del siglo, solamente veintidós mil niños asistían a la escuela en todo el país.
A mediados del siglo empezaron movimientos para permitir la libertad de enseñanza, desligándola de la tutela eclesiástica. Esto se materializó con la Constitución de 1863 que le retiró a la iglesia católica el monopolio de la educación, y declaró obligatoria y gratuita la instrucción pública, bajo la responsabilidad de la nación, los estados federales y los distritos municipales. También se organizaron escuelas normales para formar maestros. Para 1876 ya había casi 1.500 escuelas con unos ochenta mil alumnos, muy pocos todavía, pero tres veces más que veinte años antes.
La Constitución de 1886 devolvió a la Iglesia Católica la facultad de dirigir escuelas y colegios, mantuvo el carácter gratuito de la enseñanza y le dio al Estado la facultad de dictar su orientación de manera centralizada. Continuó la expansión escolar, para 1897, ya había 130.000 alumnos matriculados.
Continuará.