Soledad total. Las calles del corregimiento Altavista estaban desiertas este sábado, día en el que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo presencia en la zona. Ejército, Policía, escoltas, funcionarios de su Administración y unos cuantos curiosos lo acompañaron en su recorrido. Mientras Gutiérrez prometía tranquilidad y seguridad, en los otros sectores los vecinos preferían no salir de sus casas.

No es para menos. Nada más este jueves fue herido con puñal un conductor en Belén Zafra, lo que motivo un paro de buses de las rutas 172 y 178. También fue asesinado un hombre que conducía un transporte escolar. Las extorsiones aumentan, los estudiantes no van a la escuela por miedo, las balas suenan en las noches, el desplazamiento no se detiene y las amenazas corren de un lado a otro. Zozobra.

Gutiérrez estuvo en la zona con 200 policías y  200 soldados del Batallón de Operaciones Urbanas del Ejército Nacional, anunciando el plan de presencia institucional en Altavista y garantías para los derechos de esa población. No ayer, no. Esa visita fue el pasado 27 de junio. Casi un mes después, el Alcalde regresó, con menos soldados, policías y anunciando un plan de presencia institucional y garantías. Déjà vu.

La Personería de Medellín registró tres nuevos casos de desplazamiento en Altavista el miércoles, 27 familias en lo que va del mes de julio y 60 casos en lo corrido de 2017. 191 niños habían faltado a las instituciones educativas hasta ese mismo día por la situación de inseguridad del sector. Dos días después, la Personería reportó que cerca del 92% de los estudiantes había retornado a las aulas de clase.

Ante este panorama, la comunidad decidió tomar acción positiva y realizó un evento llamado Convida, en el que con muestras culturales y artísticas mostraron lo mejor de su corregimiento el pasado 15 de julio. Los grupos de jóvenes sintieron la necesidad de “decirle a la ciudadanía que Altavista está al límite y que tenemos que generar acciones diferentes”, como le expresó a EL MUNDO el líder comunitario Sergio Reinoso.

Aún así, las acciones que proponen reclaman una solución desde una perspectiva diferente, no militarizada, a la violencia que vive Altavista por la disputa territorial que sostienen los grupos delincuenciales “los chivos”, subordinados a una estructura desconocida; la “mano de dios”, comandados por las autodefensas gaitanistas de Colombia (Agc); y “los pájaros”, bajo el mando de “la oficina”.

No obstante, el problema no termina allí. En la actualidad las Agc “están enfrentados con una antigua banda que en el pacto del fusil de 2013 le había servido a sus intereses, que son “los chivos”, que se rebelaron y están enfrentados militarmente a sus antiguos patrones al mando de alias chatán”, explicó Fernando Quijano, director de la ONG Corpades.

Desde el pasado
La historia de violencia en Altavista no es nueva. En el pasado, desde mediados de los años 90, varios sectores del corregimiento tuvieron una fuerte presencia de las milicias del Eln y grupos delincuenciales atomizados por la región. En 1996 ocurrió una masacre en la terminal de transporte en la que murieron 16 jóvenes y que marcaría el territorio con la violencia de las armas. “Luego hubo una arremetida total contra las milicias, contra los combos y ya llegan los paramilitares que se asentaron”, subrayó un exhabitante. 

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Hace pocos años las condiciones se agudizaron con duros enfrentamientos en Castilla, la Comuna 8 y Altavista. Pero en su momento “con el fortalecimiento del plan cuadrantes, unidades adicionales de Unipol, recorridos constantes con Ejército, el uso de herramientas tecnológicas, quebramos esos enfrentamientos y logramos capturar a 17 integrantes de los ‘chivos’ y otro número similar de los ‘pájaros’”, dijo a EL MUNDO Luis Fernando Suárez, exvicealcalde de Seguridad de Medellín.

Una recuperación no armada
Expertos en conflicto urbano, habitantes del corregimiento y líderes sociales coinciden en que Altavista ha carecido de inversión social, de programas que brinden una oferta institucional que les muestre oportunidades a la población desde el punto de vista deportivo, artístico, cultural, ambiental y laboral. 

Juan Fernando Gómez, personero delegado para los derechos humanos, dijo a EL MUNDO que desde el ministerio público la solución a la violencia en Altavista debe “ir de la mano de inversión social y oferta institucional que contribuya a eliminar la inequidad y la miseria que en algunos sectores del corregimiento se evidencian. Esto contribuye a que sean carne de cañón las personas o los jóvenes que son seducidos por estos grupos al margen de la ley para integrarlos”.

Mientras tanto, lo que sí ha habido es presencia de policías y militares como parte de la estrategia que viene llevando a cabo la Alcaldía de Medellín. Al respecto, el coronel Adolfo Mora, comandante operativo de la Policía Metropolitana (encargado), expresó que los últimos sucesos que se han presentado en el corregimiento “nos obligan a reanudar los esfuerzos para que los transportadores sigan prestando este importante servicio. La policía está haciendo un esfuerzo allí porque tenemos un gran concentración de policías garantizando todas las libertades de las personas que allí residen. Vamos a seguir en esa zona de la ciudad hasta que podamos garantizar la tranquilidad de toda la ciudadanía”.  

Por su parte, la Secretaría de Seguridad dijo a EL MUNDO que esta debe seguir siendo la estrategia con los grupos delincuenciales, pues ya se ha llegado a un momento de normalización en Altavista, teniendo en cuenta que gran parte de los estudiantes no desertaron de las clases por causa de la violencia, anunció el secretario encargado, Andrés Tobón.

Por ahora, la comunidad pide mayor inversión y ser tenidos en cuenta como parte de la intervención, pues lo que funciona en la ciudad no necesariamente ocurre en la ruralidad. Así lo enfatizó Leidy Cruz Zapata, gestora cultural de Altavista que critica la falta de “estrategias de atención social pero concertadas con la misma comunidad, no en la forma instrumental en que la administración lo coloca porque eso no converge con los territorios muchas veces. Sería poder tener garantías para desarrollar las actividades culturales, festivales, para que los procesos tengan forma de atender sus niños y sus niñas, de poderles dar una alimentación para su permanencia”.

Del lado contrario, Tobón, en cabeza de la cartera de Seguridad, sostuvo que Altavista cuenta con la oferta institucional que necesita y que dicha dependencia, junto con la de Educación, ha estado presente en la zona haciendo intervención. 
En concordancia con lo propuesto por Zapata, el sociólogo e investigador social Max Yuri Gil Ramírez sostuvo que las intervenciones integrales tienen efecto en el mediano plazo, por lo que se hace necesario eliminar las expectativas de que el conflicto se acabará de inmediato.

Pese al tiempo que pueda demorar, “hay que hacerla porque si no lo que pasa es que la coyuntura nos atrapa todo el tiempo y nos la pasamos resolviendo lo inmediato sin poder abordar lo más estructural. Esto requiere de una intervención estatal integral que aporte a esta población, a la dinámica de la ciudad, que genere transformaciones en asuntos a nivel social, en materia de vivienda, de vida, de empleo, de salud, de educación, que transforma de manera importante esa dinámica”, detalló Gil Ramírez.

Quijano, por su parte, opina que la presencia de la fuerza pública no será permanente y que de continuar la situación de esta manera es posible que ocurra un desplazamiento intraurbano masivo, Por ello, “tiene que ser una solución que vaya más allá de lo militar. Hacer una inversión social en la zona en infraestructura, en empleo, en muchos temas que adolece el corregimiento de Altavista y la parte alta de la comuna 16”, dijo el director de Corpades. 

Julio Rengifo, defensor de los derechos humanos y desplazado del sector, explicó que teniendo en cuenta la antigüedad del problema, “no tiene sentido hacer pañitos de agua tibia, intervención de dos o tres meses y ya. La idea es que ese niño que tiene su recuerdo de violencia, todo lo que han vivido sus familiares, termine ese círculo vicioso de repetición”.

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En apoyo a lo planteado por Rengifo, Gerardo Pérez, activista social que conoce la zona desde hace varias décadas, recuerda que todo el pasado en el territorio les ha enseñado que se puede llegar a una solución con lo que se tiene, sin necesidad de tener una gran infraestructura, pues según él, no se trata de construir allí una UVA o una parque biblioteca. “Es un llamado a que nos juntemos, nos coordinemos para que hagamos presencia en el territorio, son cosas sencillas, hay que trabajar con la gente”, sentenció Pérez.

La posición geográfica
Altavista, como gran parte de Medellín, está inserta entre las montañas, donde se ubican las comunas y corregimientos que por pertenecer a las partes más altas han sido denominadas periferias.  De estas se ha mencionado que hay poca presencia institucional y que en sus calles no se aplican las normas, razón por la que se ha atribuido por años esta como la causal de la presencia de grupos al margen de la ley.

Sobre este punto los dos expertos difieren en su pensamiento. Por un lado, el sociólogo Gil considera que Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal, tienen la clara visión de un lugar periférico externo a la parte más integrada a la ciudad que incide poco control del territorio por parte del Estado, además de que estos corregimientos cumplen una función de ser corredores de salida a otros municipios del departamento. “Altavista también es un sector que comunicación con  sectores del sur y del Suroeste, entonces cumple la misma función, En esos dos sentidos la ubicación territorial claro que tiene que ver”, detalló.

Por el otro, Quijano enfatiza que un ejemplo de que el conflicto puede darse en otros sitios de la ciudad es el centro de Medellín donde “hay 35 organizaciones convivir que mandan, ahí está el poder de la mafia, el lavado de activos, el pago de la vacuna. del contrabando y de todo y hay 35 grupos gobernando el Centro. Eso quiere decir que no importa si son las montañas, no importa qué es, si el crimen ha logrado fortalecerse”

¿Altavista se compara con otras guerras en  Medellín?
Para el sociólogo Max Yuri Gil es érroneo comparar lo que vive Altavista con la violencia que vivió la ciudad con Pablo Escobar en la década de los 90, sin embargo otros expertos lo han comparado con lo ocurrido en San Cristóbal y la Comuna 13 finalizando dicha década de los 90 y entrado la de 2000. Para  Gil hay una diferencia bastante marcada: “Cuando esa situación de la comuna 13 , La Loma y San Cristóbal se agudizó, la lógica aborda mucho el conflicto politico armado nacional y los actores eran fundamentalmente milicias vinculados a la guerrilla y paramilitares y fuerza pública. Hoy en día los actores son fundamentalmente del mundo criminal, vinculados a actividades del narcotráfico y microtráfico”.

Por su parte, Fernando Quijano dice que no se puede comparar partiendo de que el conflicto ya acabó en ese sector, pues según él “lo de San Cristóbal es un problema dormido que está comenzando a despertar nuevamente, los criminales siguen allá, acaban de matar un líder que había retornado porque confiaba en la institucionalidad. Muchas familias podrían ser desplazadas de allí. Siguen los homicidios y hay gran presencia de las AGC, lo mismo que en Altavista, pero allá no ha desembocado en la guerra”.