Los responsables gubernamentales de impulsar el ingreso de Colombia a la Ocde, club de 35 países con instituciones más desarrolladas del mundo, han vuelto a tocar campanas de fiesta porque ya el país ha obtenido aprobación de 20 de los 23 comités que deben dar su visto bueno al propósito. A pesar de las fiestas, el visto bueno del organismo a las políticas de Trabajo y Asuntos Sociales, uno de los tres pendientes no se avizora tan firme como lo quieren mostrar los funcionarios.

En documentada carta al secretario de la Organización, Human Rights Watch le reclama considerar la crisis de inseguridad alimentaria del pueblo wayuu, uno de los más graves casos de prevalencia de la desnutrición infantil en el país y el único documentado con precisión, gracias a la tenacidad de líderes que han debido apelar hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de romper la indiferencia de un Estado ajeno a la crisis alimentaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los vulnerados por la desnutrición.

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La misiva recoge denuncias de los wayuu, que hemos hecho propias en estas columnas, sobre la persistencia de las muertes de niños menores de cinco años asociadas a desnutrición. Señala la ONG que entre enero de 2016 y agosto de 2017, 81 niños wayuu fallecieron por causas asociadas a la desnutrición. Esta, recuerdan, es causada porque ese pueblo, el primer grupo indígena de Colombia, tiene severas dificultades de acceso al agua potable y a los alimentos. En el origen de las falencias están la ausencia del Estado en las zonas más alejadas y pobres, la corrupción de las autoridades regionales y locales, y, como agravante, la severa crisis de Venezuela. Aunque tienen remedio, no se han tomado las medidas que lo impongan.

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La crisis de los wayuu es la única conocida en Colombia, aunque estudios de la senadora Sofía Gaviria han revelado que situaciones semejantes son padecidas por indígenas de Chocó, Vaupés, Putumayo, entre otros departamentos abandonados. La falta de información es otra de las fallas responsabilidad del Estado. Aunque la ley ordena que cada cinco años se realice la Encuesta nacional de seguridad nutricional, Ensin, esta no se actualiza desde el 2005, con el agravante de que en 2016 se hizo una recolección de datos, sin que su sistematización se haya divulgado. 

El tratamiento de una sociedad a su infancia es su mejor indicador de las políticas sociales. Y en el centro de la política de infancia ha de estar, obviamente, la estrategia de seguridad alimentaria, en particular la que atiende a la población menor de cinco años, la más vulnerable a los efectos de la desnutrición. Aunque el país ha iniciado la discusión de iniciativas que enfrentan integralmente la inseguridad alimentaria, el Gobierno y el Congreso se han resistido a darle trámite a la ley se seguridad alimentaria presentada por la senadora Gaviria, como una solución integral, general y duradera. Una nación que no logra superar las muertes por desnutrición está muy lejos de ser desarrollada.