Según la Procuraduría General de la Nación, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) estarían cobrando medicamentos, servicios médicos y citas de control para falsos pacientes de sida.
Un nuevo escándalo, esta vez por los malos manejos de recursos destinados a la atención a pacientes con sida en el departamento de Córdoba, fue denunciado este martes por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.
"El cartel de la hemofilia es un juego de niños al lado de lo que hemos descubierto en Córdoba en relación con lo del cartel de los pacientes del sida. Hoy estamos anunciando medidas disciplinarias en ese campo", afirmó el jefe del Ministerio Público.
Según el ente de control, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) estarían cobrando medicamentos, servicios médicos y citas de control para falsos pacientes.
Por el caso del ‘cartel de la hemofilia’ la Procuraduría General suspendió a mediados de este mes a Edwin Besaile, gobernador de Córdoba, por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de salud destinados a la atención de pacientes hemofílicos.
El organismo investiga el supuesto pago de más de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana S.A.S. para la atención de catorce falsos pacientes que aparentemente fueron diagnosticados con hemofilia.
Durante una rendición de cuentas de su gestión realizada en Villavicencio, el procurador Carrillo explicó que el costo de un tratamiento de un paciente con sida es de alrededor de 600.000 pesos, y es "ahí donde radica el foco de la corrupción de ese departamento. Mañana mismo nos estaremos tomando ese departamento vigilando toda la contratación".
El escándalo comprometería directamente el período del suspendido Besaile.
"Estamos verificando si compromete también la administración del gobernador Alejandro Lyons (2012 y 2015)", agregó Carrillo.
Lyons, quien también es investigado por el ‘cartel de la hemofilia’, huyó a Estados Unidos donde decidió colaborar con la justicia de ese país y la de Colombia dentro de varias investigaciones por otros escándalos de corrupción.
"Parece que esos pagos en el ‘cartel del sida’ obedecen a pagos que no corresponden al plan obligatorio de salud o a fallos de tutela. Se trata de pacientes de régimen subsidiado", concluyó el procurador.