Poner a las víctimas en el centro de la política de paz con legalidad, siendo además consecuentes con la promesa de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición enunciados en el Acuerdo firmado entre el anterior gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, es el único propósito del Decreto No. 205 de 2020 firmado por el presidente Iván Duque el pasado 12 de febrero, en el que se fija el próximo 31 de julio como fecha límite para que el hoy partido político garantice la entrega total de los bienes y activos inventariados en el compromiso que adquirió con el país desde 2017.

En ese sentido, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, encargado de los términos y condiciones para la entrega  total de esos bienes, aclaró que para este Gobierno es necesario hacerlo de esta manera porque “la norma anterior no contenía las disposiciones que determinaban  la forma y los plazos en los que los exintegrantes de las Farc debían cumplir con la entrega”.

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“La promulgación de la presente norma es un paso firme en el propósito del Gobierno nacional de cumplirles a las víctimas, que para el presidente Iván Duque son la prioridad en la implementación de su política de paz con legalidad”, afirmó Archila aclarando la posición del Gobierno frente a la respuesta de Farc, que rechaza el ultimátum asegurando que si el proceso de entrega de bienes no se ha cumplido como estaba previsto es por la negligencia y la inoperancia del Gobierno que no ha llegado a los territorios que ellos abandonaron cuando firmaron el Acuerdo y dejaron las armas.

Y lo dijo el comisionado refiriéndose a que dos años y medio después de la presentación del inventario suscrito en el Decreto Ley 903 de 2017, los ex integrantes de las Farc no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventariados y tampoco le han aportado a la administradora actual de los bienes -SAE-, la información necesaria para cumplir con ese propósito.

“Al Gobierno no le interesa manipular ninguna cifra, esas son declaraciones que siempre hace la Farc. Ellos anunciaron un billón de pesos en entrega de bienes, pero después, cuando se individualizaron, 500.000 millones nunca podían ser monetizados porque se trataba de carreteras, campañas de vacunación, etcétera. Eso convertía la cifra real de entrega en 500.000 millones, pero de eso sólo se han podido monetizar un poco más de 3.000 millones”, replicó Archila.

Y reiteró, “en el Gobierno entendemos que la entrega de bienes es importante no solamente por la implicación económica, sino como parte sustancial de la reparación y la reconciliación, que sea con esos recursos con los cuales se esté reparando a las víctimas”, como se previó en el Acuerdo final.

Recordó, además, que mediante Decreto 1417 de 2017 se designó a la Sociedad de Activos Especiales -SAE- para la gestión, recepción, verificación, custodia y administración de los activos inventariados, pero también se creó la Comisión de Verificación y se estableció que se requiere la designación de delegados -de Farc- que cuenten con la información suficiente para identificar plenamente los bienes y adelantar la diligencia de entrega del material.

Compleja economía

“Nunca se podrá saber con exactitud cuál fue el patrimonio que acumularon las Farc durante el conflicto, ni los bienes en los que estaba representado. Las investigaciones permitieron mostrar que esa organización se encargó desde hora temprana de su existencia en acumular su patrimonio ilícito…”. Con ese enunciado, el exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, inicia el capítulo La economía de guerra, en su libro titulado Las dos caras de la paz, en el que cuenta los más íntimos detalles que conoció desde su posición y que tuvieron que ver con decisiones que se tomaron en el marco de la firma del Acuerdo de Paz en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Mediante una exhaustiva investigación, cuenta el exfiscal, se pudo establecer que “con el paso del tiempo y su crecimiento organizacional, las Farc pasaron de una economía de guerra pastoril, en la que sus recursos eran de subsistencia, producto de aportes de simpatizantes, secuestros y la explotación de la minería artesanal, administrados por los propios frentes de guerra, a una mucho más compleja, jerarquizada y controlada verticalmente por el Secretariado, que se nutrió principalmente de la minería ilegal,  del secuestro masivo, del narcotráfico y de la rentabilidad de sus inversiones. En el marco de la ley 975 de 2005 el señor Ely Mejía Mendoza, alias martín sombra, le contó a la Fiscalía que las Farc habían incursionado en el narcotráfico desde finales de los años setenta”.

Agrega el texto que “estas fuentes de recursos le permitieron a la antigua guerrilla crear portafolios de inversión, particularmente en inmuebles en Colombia y en el exterior y en  ganado, a través de una compleja red de testaferros que les facilitaba mimetizar sus activos. También acumulaban riqueza en oro y en moneda líquida, pesos y dólares especialmente, en caletas que tenían distribuidas geográficamente y debidamente inventariadas en su programa contabilín, como se muestra hoy en día en el Museo de la Fiscalía General de la Nación”.

Después relata que mediante ese trabajo la Fiscalía logró establecer que a 2012 este grupo guerrillero, a través de su red de intermediarios, había acumulado los siguientes activos:

•548 predios urbanos.

•5.228 bienes rurales.

•207 bienes baldíos por cerca de 2.120.000 hectáreas.

•284 establecimientos comerciales.

•792.808 semovientes y 1.166 automotores.

•232 activos en el exterior.

•Caletas en dinero en efectivo -tanto en pesos colombianos como dólares estadounidenses-.

Y dice Martínez Neira que esa relación aportada en el informe que se entregó a la JEP, no incluía los dineros líquidos que la guerrilla logró mantener en caletas.

Pero, advierte, en el siguiente capítulo, que el Acuerdo no preveía la devolución de ese patrimonio ilícito e incluso lamenta que el tema “no estuvo formalmente en la mesa de la negociación de La Habana”, porque “las Farc siempre se negaron a hablar de los activos y de su obligación de contribuir a la reparación de las víctimas”.

Advertido el vacío, que se sabía iba a generar tropiezos a futuro, el mismo presidente Santos salió al paso de la situación para buscarle solución, y lo hizo por intermedio de “Álvaro Leyva -un viejo político de origen conservador, muy amigo del secretariado de las Farc-…intentó persuadirme de que en el marco de un acuerdo de paz, esos activos no eran propiamente de naturaleza ilícita, sino producto de la economía de guerra, como así la bautizó”.

El inventario

Recuerda el texto que el 15 de agosto de 2017, día final del plazo legal, el Secretariado Mayor de las Farc presentó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas, “el inventario de bienes y activos que han compuesto su economía de guerra”, valorados en $823.534 millones de pesos!. Elaborado bajo su criterio y sin ninguna exigencia.

Dice Martínez Neira que “era inocultable que el inventario no incluía los activos más importantes en materia de inmuebles. Mientras que la Fiscalía poseía detallada información sobre los mismos, el documento de la Farc no incluía bienes urbanos o de edificaciones. Se limitaba a registrar  241.560 hectáreas, a través de nombres genéricos, sin cédulas catastrales o folios de matrícula inmobiliaria, que tasaron en un valor de $433.658 millones de pesos, cerca del 50% del total inventariado”.

También sostiene que algo similar ocurría en relación con los vehículos y automotores reseñados, que estimaron en un valor de $7.762.100.000. Un total de 325 solamente, pero sin el RUT o la placa que permitiera su individualización. Se presentaron como parte del inventario 20.724 cabezas de ganado vacuno y 597 cabezas de ganado equino, sin ofrecer información alguna sobre el sitio en el que se encontraban ubicadas, de suerte que para efectos de su enajenación el documento era inmaterial.

Agrega que relacionaron un ítem que denominaron “Bienes Confiscados a la Mafia” por valor de $29.325.000.000, que no se podían enajenar al Fondo de Reparación de Víctimas, ante la ausencia de título de propiedad.

Lo más exótico, asegura, es que inventariaran 3.753 kms de vías que supuestamente habían hecho en los territorios que ocupaban las Farc, valorados en $196.622.000.000. Obras realizadas en baldíos de la Nación y, por lo tanto, de propiedad de ella y no de la Farc.

Hasta intangibles fueron reseñados, dice, a título de “Inversión Social” por  valor de $4.484.940.000. Asimismo, como parte de los activos mencionaron un armamento tasado en $210.172.090.200 y que fue objeto de entrega a la Misión de la ONU para elaborar unas esculturas, motivo por el cual esas armas no estaban llamadas a formar parte del inventario, porque su destino era ajeno a la reparación de las víctimas.

Tampoco deja olvidar el exfiscal que en ese listado se incluyeron por concepto de “Equipos y enseres” miles de utensilios y material de intendencia (traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranja, exprimidores de limón, vasos, carretillas, sartenes, “platicos”, etc) avaluados en $21.311.576.182. Bienes totalmente depreciados e irrelevantes en un inventario de esta naturaleza, lo que además causó una indignación generalizada en todo el país.

Mayor frustración

Según la revelación de Martínez Neira en el libro publicado en septiembre de 2019, si lo del inventario generó gran frustración, lo de la recuperación y administración de los bienes “inventariados”, a cargo de la SAE, es de no creer. Explica que a 2019, de los 722 inmuebles reportados, solamente había recibido 8 bienes, de los cuales 7 pasaron directamente a la Agencia Nacional de Tierras por tratarse de baldíos de propiedad de la Nación; es decir, sólo un (1) inmueble ha sido objeto de recuperación efectiva con destino a las víctimas.

Completa que las Farc declararon 24.456 vacunos por un valor estimado en $27.645’355.000, esto es a un valor promedio de  $1.130.000 por animal. De este inventario la SAE solamente ha recibido 229 vacas que fueron vendidas en la suma de $137’.718.650. Del total de animales inventariados, 7.746 fueron reportados por la Farc -según dice el informe- “como hurtados por diferentes grupos de disidentes o crimen organizado”. Es decir, se perdieron.

En el inventario se registró igualmente dinero por la suma de $11.570’.000.000, pero solamente se entregaron a la SAE $2.114’.350.000, porque el resto fue “sustraído por la disidencia o incautados por el  Ejército”, según lo dicho por la Farc.

El detalle de los muebles y enseres inventariados, escribe, da cuenta de 50.602 bienes, estimados por la Farc en un valor de $11.356’.580.469. La SAE solamente ha recuperado 996, que equivalen a un poco menos del 2% de los mismos y no se conoce el valor comercial de ellos.

Es decir, según el detallado informe del exfiscal, el incumplimiento de Farc con la entrega de los bienes para resarcir a las víctimas ha sido total, pero ahora tendrá que hacerlo antes del 31 de julio.

Comentarios:

Edgar
2020-02-22 11:27:00

Primero, los terroristas (ex?) siempre han adolecido de mentirosos, así que nada de lo que digan se les puede creer. Y si no pudieron entregar billonadas en tanto tiempo, varios años, creen ustedes que lo van a hacer en cuatro meses? Las víctimas son revictimisadas por las Farc.

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