Los cuestionamientos sobre manejo de dineros para el posconflicto, llevaron a tomar la decisión por parte del Gobierno.
La directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, fue cesada de su cargo por el Gobierno ante la polémica que han causado denuncias de supuestas irregularidades en el manejo de los recursos donados por la comunidad internacional para la ejecución de proyectos relacionados con el posconflicto.
Así lo informó el vicepresidente Óscar Naranjo, quien aseguró a periodistas que el Gobierno tomó esta decisión después de revisar "el funcionamiento del Fondo Colombia en Paz y los fondos que pertenecen a ese sistema" y escuchar sugerencias de "los embajadores, de los representantes de organismos multilaterales".
"El Gobierno tomó la decisión de separar de la dirección ejecutiva del Fondo Colombia en Paz a la señora Gloria Ospina", dijo Naranjo.
Según el vicepresidente, "la viceministra general de Hacienda, Paula Acosta, se incorporará al comité directivo del fondo este mismo lunes y realizará al interior de tal comité una evaluación de la estructura".
El Fondo Colombia en Paz fue creado por el presidente Juan Manuel Santos en abril de 2017 y engloba cinco fuentes de financiación de los programas de posconflicto tras la firma de la paz con la antigua guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016.
De esa entidad hacen parte el Fondo Colombia Sostenible (FCS), el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo de la Unión Europea, el Fondo del Banco Mundial y el Presupuesto General de la Nación.
El objetivo del cambio en la cúpula del fondo, según Naranjo, es identificar "oportunidades de mejora" que permitan una mayor "celeridad" en la ejecución de los recursos para que estos proyectos tengan el "mayor impacto" y cumplan con los más "altos estándares de transparencia".
Hace unas semanas los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza le pidieron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión para hablar del manejo que el país ha dado a los recursos que esas naciones donaron para el posconflicto y que son gestionados por el FCS.
Advertencias sobre posibles malos manejos del dinero destinado al posconflicto también hizo el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
En una carta enviada el jueves pasado a Santos, el fiscal asegura que desde el año pasado lleva a cabo "una investigación sobre el proceso de contratación de los proyectos productivos en el posconflicto".
Afirmó que revelan "la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas".
Según el vicepresidente, la implementación del acuerdo con las Farc es una prioridad "para este Gobierno", por lo que aseguró que deben garantizar que "los sistemas que apoyan esta implementación funcionen de manera eficaz y transparente".
Por ello, agregó Naranjo, el presidente ordenó la realización de "unas auditorías independientes a cada uno de los fondos" para revisar el estado de los procesos de contratación.
"Recordamos que todos los contratos por el Fondo Colombia en Paz pueden ser ya consultados en la página de la Alta Consejería para el Posconflicto", añadió el vicepresidente.
Naranjo manifestó que los organismos de control deben acompañar la implementación del acuerdo con las Farc.
"El Gobierno reitera su apertura y su total colaboración con estos organismos de control", dijo, y añadió que esta tarde el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, se reunirá con el fiscal "con el fin de conocer los avances de las investigaciones que involucran presuntamente conductas irregulares".
El vicepresidente también manifestó que "cualquier funcionario o contratista implicado en actos de corrupción será removido inmediatamente del cargo o su contrato cancelado".