El presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, y el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se expresaron este domingo en contra de la castración química para los violadores de menores, una propuesta aprobada por el Parlamento en primera votación.

El primer ministro dijo que "la castración es una medida que no resuelve el problema. Hay que ver medidas de otro tipo. Ya se aprobó la cadena perpetua. No es necesaria la castración", dijo al diario El Comercio.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que la castración química "no va a inhibir el pensamiento, la mente, del agresor", sino exclusivamente el funcionamiento del órgano genital masculino.

"Si vamos simplemente a inhibir los niveles de testosterona, que es un tema hormonal, estamos dejando un tema de la salud mental de la persona prácticamente intacta", manifestó Rodríguez a RPP Noticias.

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El titular de la Corte Suprema señaló que los Ministerios de Salud y Justicia se han pronunciado en contra de la medida y que, en ese sentido, "esperaría que el Congreso sea más reflexivo para la segunda votación".

El pleno del Congreso de Perú aprobó el jueves pasado, en una primera votación, el dictamen de un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para imponer, entre otras medidas, la cadena perpetua y la castración química para los violadores de menores de 14 años.

El legislativo rechazó, sin embargo, una moción para exonerar la medida de la segunda votación que ordena la ley, por lo que aún deberá seguir ese proceso, muy probablemente la próxima semana, antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación, según informó un comunicado oficial.

La propuesta de cadena perpetua recibió el voto unánime de los 103 parlamentarios que se encontraban en el hemiciclo, mientras que la castración química se aceptó con 68 a favor, 7 en contra y 28 abstenciones.

En este caso se modifica el segundo párrafo del artículo 173 del Código Penal para incluir la castración química "cuando el juez lo considere conveniente para los casos de violaciones de menores de edad".

Además, se plantea incrementar la sanción para el delito de violación, sin importar la edad de la víctima, lo cual elevaría penas de entre 6 y 8 años, a 14 y 20 años.

Asimismo se considerará un agravante si el violador es docente, sacerdote o familiar de la víctima, lo que ascenderá la pena a entre 20 y 26 años.