Por: Adriana Vargas Rojas*

Cuando se habla de procesos de gestión de conocimiento en educación es frecuente pensar en la necesidad de acceso generalizado a las tecnologías de información y comunicación. Las recomendaciones de política educativa respecto de la gestión del conocimiento en los últimos veinte años han estado relacionadas con afectar las condiciones de acceso diferencial a recursos económicos, tecnológicos y humanos de las escuelas en zonas y sectores de mayor marginalidad social con el propósito de disminuir los efectos de la  "exclusión de la sociedad del conocimiento que tiende a reemplazar la relación de explotación propia de la sociedad industrial”.

Desde 2005 la Unesco ha planteado que en la sociedad y en la economía del conocimiento las transformaciones de las escuelas, instituciones, grupos sociales y personas requieren de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en sus prácticas educativas, como condición insoslayable para desarrollarse como parte de la sociedad de la información.

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No obstante, como bien lo han planteado muchos académicos, la gestión del conocimiento en la educación no puede reducirse a estos aspectos que, aunque fundamentales para avanzar, son de carácter operativo. Se quedan en el terreno de lo táctico.

El aprendizaje de competencias para la vida es cada vez más necesario en contextos caracterizados por la incertidumbre y las complejas transformaciones vividas por la sociedad en sus formas de socialidad al interior de las principales instituciones como la familia, la escuela y la empresa. Este aprendizaje es parte de las responsabilidades de una adecuada gestión del conocimiento y una de las tareas impostergables que la educación colombiana requiere.

Hablar de competencias para la vida implica, además, revisar aquellos conocimientos básicos que responden a nuestra propuesta de país. Eso que consideramos fundamental respecto de las competencias para la vida tiene sus raíces en nuestra Constitución Política. La noción de ciudadano y las competencias fundamentales están allí acordadas por el país en el Título II.

Desde la gestión del conocimiento se debe considerar esa noción de ciudadanos como un conocimiento registrado que debe ser valorado como fundamental y divulgado de manera permanente como base para la construcción de competencias para la vida de los colombianos. Muchos de quienes nacieron bajo estas premisas constitucionales pueden pensar que esta es una afirmación básica. No obstante, desde la gestión de conocimiento es necesario realizar ejercicios de valoración constante de aquello que sabemos y que se naturaliza en la cotidianidad. Un buen ejercicio es hacer énfasis en las diferencias que existen entre las competencias que se esperaban de un ciudadano bajo la Constitución de 1886 y las que se esperan bajo la Constitución de 1991. Este ejercicio puede contribuir a valorar el cambio constitucional y su papel innovador en la educación como derecho y lo que esto significa en términos de oportunidades y retos para los ciudadanos colombianos. También puede ayudar a comprender, en términos históricos, los avances en política pública  y, especialmente, los retos que tenemos como país para insertarnos en un mundo en el que los derechos y las libertades individuales son considerados como un tesoro invaluable por cada vez menos países en el mundo.

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La comprensión y aplicación de la perspectiva de los derechos y libertades individuales a los retos de convivencia es parte del conocimiento sobre la democracia acumulado en el siglo XX. Las competencias que se generen a partir de una visión de ciudadanía democrática son un legado que no debe subvalorarse en la reconstrucción de confianza y esperanza en un país como Colombia, que está tratando de dar fin a la tragedia de la guerra vivida por más de medio siglo y que ha dejado amenazada la valoración del diálogo y la razón ante el uso de la fuerza desproporcionada de las armas.

*Asesora en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.