El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se pronunció nuevamente sobre el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por la soberanía sobre Belén de Bajirá y dijo que recibió denuncias por parte del alcalde de Mutatá, quien por medio de una carta notificó que todos los funcionarios públicos del despacho recibieron amenazas de muerte.

El mandatario cuestionó el “interés” del director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para “levantar muros”. Además, a su juicio, esa entidad “está desobedeciendo una orden nacional”.

“Me parece mala la indiferencia del Gobierno, no encuentro ninguna razón para que, a cuatro meses de terminar su periodo, mande gente a perturbar las relaciones entre dos departamentos”, mencionó el alto funcionario.

Citó que ya se había acordado con autoridades del orden nacional congelar “el problema” hasta no tener un fallo del Consejo de Estado. Recalcó que las acciones del Igac para levantar los mojones que dividen las jurisdicciones de Antioquia y Chocó están causando una “desarmonía social”.

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Pérez advirtió que de no resolver la situación, esta puede llegar a “límites inesperados”. En lo que quiere delimitar el Instituto, mencionó, hay unos predios baldíos, “sería muy bueno que los organismos de seguridad investiguen si hay gente que quiere quedarse con esas tierras”, replicó.

“Le falta tacto al Gobierno Nacional para enfrentar este problema. No veo ningún argumento para que tolere que el Igac esté haciendo muros entre Antioquia y Chocó”, concluyó el gobernador.

La pronunciación del mandatario antioqueño se produce en medio de la tensión causada por panfletos amenazantes que están circulando en el territorio mutateño.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, informó que son ocho los funcionarios directamente mencionados en los papeles intimidatorios. “A ellos se les está dando protección”, declaró. 

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La funcionaria agregó que la asociación de antioqueños, a cargo de la defensa de Bajirá como territorio antioqueño, también recibió amenazas.

“Tenemos una situación anómala generada por la actuación anticipada del Igac”, afirmó Ramírez, y detalló que cada día los ánimos, entre habitantes chocoanos y antioqueños, suben de revoluciones en el municipio de Mutatá.

Ramírez precisó que ya se alertó a los ministros del Interior y de Defensa sobre la preocupación que persiste en la Administración Departamental por el proceder del Igac y “esperamos que el presidente se pronuncie”.

La secretaria reveló que se citó a la Mesa de Garantías para exponer el tema. Explicó que es competencia de la Unidad Nacional de Protección, que debe valorar el riesgo para los ocho amenazados.

La jefe del despacho de Gobierno aseguró que la fuerza pública está encargada de la seguridad colectiva. Reconoció que de momento no hay claridad en torno a la procedencia de los panfletos, pero ya se extendió la denuncia a la Nación. “Esto puede salirse de contexto y arriesgar la vida de los funcionarios y la comunidad en general”.

Este es uno de los panfletos que está circulando en el municipio de Mutatá y que divulga amenazas contra las vidas de los servidores públicos antioqueños.