La Contraloría aseguró este lunes que la fuga de dos excombatientes de las Farc de la cárcel La Picota de Bogotá el sábado pasado pone en evidencia las fallas de seguridad que esa institución ha detectado en sus auditorías al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“De acuerdo a los hechos hasta ahora conocidos, parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo”, detalló la Contraloría en un comunicado.

Los dos hombres que se escaparon fueron identificados como John Alejandro Gutiérrez Rincón y Olmedo Vargas Padilla, quienes huyeron a las 8:44 p.m., detallaron fuentes del Inpec.

Gutiérrez Rincón había entrado en prisión el 21 de noviembre del 2003 con una condena de 40 años por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, mientras que Padilla había entrado el 30 de noviembre de 2017 y se había postulado al proceso de Justicia y Paz.

Una de las preocupaciones de la Contraloría es que el Inpec concede una “elevada cantidad” de permisos sindicales que considera “afectan la seguridad carcelaria”.

Lea: Alcalde de Medellín rechaza conmemoración del nacimiento de Hitler

En ese sentido detalló que en una auditoría revelada en diciembre del 2016 se evidencia que los permisos sindicales otorgados por el Inpec en 2015 alcanzan los 39.000 días en un año, de los cuales el 85% correspondieron a “personal de custodia y vigilancia”.

“Lo más grave es que el seguimiento realizado por la Contraloría permitió determinar que los permisos sindicales autorizados se incrementaron a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88 años), lo que demuestra la persistencia de la situación detectada en la vigencia 2015”, agregó la información.

El ente de control fiscal manifestó también que la falta de funcionarios afecta la “integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos", y además perjudica los derechos de los detenidos porque impide que se cumpla con “remisiones médicas o judiciales”. Asimismo, la Contraloría dice que el déficit de personal afecta también el seguimiento a las medidas de detención por fuera de las cárceles, pues “el reducido número de unidades de guardia destinados para estas labores impide una reacción oportuna en contra de los infractores”.