Adoptar antes del 21 de noviembre una posición firme contra la “violencia revolucionaria” en preparación no equivale a abandonar el Estado de derecho.
Los que están llamando a repetir “lo de Ecuador y Chile”, están invitando al pillaje, a la destrucción y a la matanza. En la imagen, daños en la iglesia de M
Ante los anuncios de que el 21 de noviembre van a quemar a Bogotá, Medellín y otras ciudades, como hicieron en Quito y Santiago de Chile, el gobierno colombiano no debería esperar a que los vándalos profesionales, muchos llegados de Venezuela, según la prensa, ejecuten su plan. Hay que tomar medidas preventivas contra esa gente. Hay que reprimir y desorganizar los preparativos de lo que los voceros encapuchados ya anuncian como unos días y semanas de violencia generalizada.
Adoptar antes del 21 de noviembre una posición firme contra la “violencia revolucionaria” en preparación no equivale a abandonar el Estado de derecho. La democracia dispone de instrumentos legales para defenderse de sus enemigos violentos y para impedir y reprimir los asaltos depredadores contra la sociedad y los poderes legalmente constituidos.
El arsenal jurídico de que dispone el gobierno es conocido. El artículo 189, numeral 4, de la Constitución Nacional, dice que el presidente de la República debe “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. La primera parte del numeral habla de la acción preventiva que debe tomar todo jefe de Estado. La parte segunda se refiere a la acción posterior a la alteración del orden público.
Desde el artículo 213 al 215, la misma Carta reitera cuáles son los poderes que debe ejercer un jefe de Estado ante las violaciones graves del orden público. El presidente de la República está facultado para hacer uso de la figura de los estados de excepción y, sobre todo, él puede declarar, más específicamente, el estado de conmoción interior en caso de grave perturbación del orden público. El artículo 296 habla de la aplicación inmediata de las órdenes presidenciales “para conservar o para restablecer el orden público donde fuere turbado”.
Ante las proclamas que lanzan en estos momentos los jefes subversivos, el gobierno haría mal en seguir pasivo. Esperar que esa gente pase al ataque les dejará irresponsablemente una ventaja enorme a tales fuerzas. Si el gobierno no actúa preventivamente es porque no quiere, no porque no puede.
Hay un video impresionante que circula en las redes sociales en estos momentos. Un encapuchado explica que ellos “apoyarán a Fecode y a la CUT” en su “lucha social” contra el “paquetazo de Duque”, el cual, dice, es un conjunto de “reformas tributarias, pensionales y agrícolas que atentan contra el pueblo de Colombia”. Agrega que el 21 de noviembre van a “atacar a la fuerza pública como nunca se había visto antes”, y que “ningún policía va a quedar sin sentir la fuerza del pueblo”. Dice que atacarán los principales medios de transporte, como el Transmilenio de Bogotá y el metro de Medellín, que esos sistemas de movilidad “tienen que quedar destruidos por completo”. Para hacer eso, alega, utilizarán gasolina, “papas bombas” y máscaras antigás, pues van a seguir el ejemplo de lo que “hicieron en Chile y en Ecuador”. El energúmeno invita a fabricar explosivos siguiendo las instrucciones de una página web.
¿Cómo es posible que un forajido de esa calaña pueda obrar sin ser identificado y capturado? Ese sujeto es identificable por la cantidad de datos que deja en ese video: la dirección IP, el timbre de su voz, su acento, el lenguaje que emplea y, sobre todo, sus ojos y manos. ¿Qué espera la Policía para arrestarlo y clausurar la página citada?
La huelga revolucionaria que preparan el PCC, la CUT y Fecode no necesita inspirarse en lo ocurrido en Chile y Ecuador. Esa forma de asalto mortífero tiene su antecedente en el sangriento “paro cívico” del 14 de septiembre de 1977, que dejó 23 muertos (7 en Bogotá), 400 heridos, 30 de ellos policías, y 400 detenidos en Colombia. La huelga fracasó: pedía un aumento del salario mínimo del 50%. Sin negociar, Alfonso López Michelsen acordó después un aumento del 26%.
Los actores del próximo 21 de noviembre son los mismos de aquella fecha: la CSTC (hoy convertida en CUT) y Fecode. El paro de 1977 arrastró a las centrales UTC, CTC y CGT, las cuales deploraron más tarde su papel de idiotas útiles en esa aventura. El paro duró dos días en los cuales hubo francotiradores, incendios de almacenes, alcaldías, centros de energía eléctrica, camiones y automóviles, bloqueos de carreteras y avenidas. Para no perder la personería jurídica, los sindicatos actores de esa debacle dijeron después que el paro se les había “salido de las manos”.
Esa huelga salvaje no le trajo al país mejoras sociales. Todo lo contrario: abrió un capítulo de mayores desgracias. El PCC proclamó que esa huelga marcó “el comienzo de una nueva etapa de la lucha del proletariado colombiano”. En efecto, meses después, Cuba logró reforzar al M-19, y las Farc y el Epl recibieron mayores ayudas del exterior. Doce meses después, el 12 de septiembre de 1978, tres pistoleros maoístas, Héctor Fabio Abadía Rey, Alfredo Camelo Franco y Manuel Bautista, se introdujeron al domicilio de Rafael Pardo Buelvas, el exministro de Gobierno de López Michelsen, y lo asesinaron delante de su esposa. Los asesinos fueron condenados a veinticinco años de cárcel de los cuales sólo pagaron ocho.
Como en 1977, los organizadores visibles del levantamiento del 21 de noviembre disfrazan sus objetivos: hablan de “marchas” y de “protestas pacíficas” contra un imaginario “paquetazo neoliberal” del presidente Duque. En realidad, el nivel de vida de la población le importa un pito a la subversión: ésta lo que busca es tener una masa maniobrable en las calles para incendiar, inmovilizar a la fuerza pública y tratar de erigir un régimen “bolivariano”.
Ellos hacen circular en twitter alarmantes rumores y exigen, a ciertas jefaturas sindicales y fracciones del parlamento, completar el dispositivo sedicioso. Allá ellas si quieren jugar al idiota útil. Eso se paga más tarde en pérdida de votos.
Cuando el mundo entero celebra los 30 años del derrumbe del muro de Berlín y del colapso del sistema comunista -que destruyó la economía, las ciudades, el medio ambiente y, sobre todo, a millones de personas de tantos países-, las Farc y sus servidores, como Timochenko, Petro, Cepeda y Robledo, quieren hacer retroceder el país a ese periodo nefasto de la historia. Los “dirigentes” del 21 de noviembre son obscurantistas, tan ridículos como peligrosos. Son perdedores irremediables. ¿Cómo es posible que franjas de la juventud universitaria traguen las mentiras de esa gente?
El desafío no son, pues, unas “marchas”. Están preparando, en realidad, una huelga revolucionaria que deberá durar varios días y semanas. Ante esa perspectiva, la prensa parece un poco más lúcida y evoca los peligros que se ciernen sobre el país. El partido Centro Democrático denuncia, por su parte, en términos claros, que el derecho a protestar está siendo desviado para justificar la ejecución de acciones destructivas, dirigidas por “anarquistas internacionales” y “grupos violentos”.
El CD y los otros voceros le piden al gobierno tomar medidas antes del 21. Álvaro Uribe pide a las autoridades “judicializar a los incitadores a la violencia”, pero incurre en ingenuidad al pedir a los organizadores del paro que ellos mismos “aíslen a los violentos”. Nada más urgente que poner a buen recaudo a los que lanzaron las jornadas sangrientas. No hay otra vía para proteger a los ciudadanos, a la fuerza pública, a los sistemas de transporte, los edificios públicos y los centros de trabajo. Los que están llamando a repetir “lo de Ecuador y Chile”, están invitando al pillaje, a la destrucción y a la matanza. En tales llamados hay mucho de apología del delito.
Los llamados de Iván Duque a “reflexionar” no bastan. Capturar a los comprometidos en esa operación es urgente. A los extranjeros habría que juzgarlos, pero no deportarlos, para que tengan que pagar con cárcel, y con multas, sus delitos contra Colombia. Deportarlos sería premiar sus crímenes con la libertad. Ese error equivale a lanzar combustible a la hoguera.
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