El Gobierno no se puede hacer el de la vista corta o desconocer el gran aporte en educación que realizan dichas instituciones a las familias de escasos recursos.
El pasado 13 de mayo, el presidente Iván Duque Márquez y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron los beneficios que se otorgarán a las instituciones educativas públicas y privadas en Colombia con el objetivo de mitigar la deserción estudiantil en el segundo semestre del año 2020. Apoyos financieros, auxilios educativos y alianzas público-privadas, que, a pesar de ser medidas positivas, excluyen a la educación para el trabajo, dejando en evidencia la falta de equidad en las políticas gubernamentales en materia educativa.
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Según el decreto 4904 de 2009, la educación para el trabajo y desarrollo humano hace parte del servicio público educativo. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, y formar, en aspectos académicos o laborales que conducen a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.
Actualmente en Colombia hay más de 3.900 instituciones que ofrecen este tipo de formación y que les ha permitido a centenares de familias de los niveles socioeconómicos más bajos, adquirir competencias para acceder más rápido al sector productivo y obtener una mejor calidad de vida. Las técnicas laborales, se han convertido en la última década, en una de las principales fuerzas de trabajo para el sector empresarial del país.
Las Instituciones en técnicas laborales, se han convertido en la última década, en una de las principales herramientas para capacitar y dar competencias a la fuerza de trabajo para el sector industrial y empresarial del país.
Paradójicamente, a pesar de que la educación para el trabajo es una excelente alternativa para la formación en competencias y el acceso educativo, no cuenta con el acceso a beneficios estudiantiles como Icetex, Jóvenes en acción o alianzas público-privadas como el plan padrino con la IES, para la capacitación de profesores, implementación y desarrollo de plataformas de educación virtual y estrategias para garantizar la salud mental de los estudiantes.
¿Bajo qué fundamento se están dejando de lado estas instituciones?
A pesar de que la formación no supera los 4 semestres y los costos suelen ser inferiores a las universidades de educación superior, hay muchas familias que no tendrán la capacidad para cubrir esas matrículas y que posiblemente tendrán que retirarse de sus programas. Lo más grave de este asunto, es que no es un problema sólo de orden nacional, pues en el caso de Medellín, ni Sapiencia, ni los recursos priorizados por Presupuesto Participativos en educación, pueden ser utilizados en las Instituciones Educativas para el Desarrollo Humano y el Trabajo (IEDTH).
La desigualdad educativa no sólo se ve reflejada en términos de accesibilidad y tecnología para los estudiantes, sino que se evidencia de manera clara, el trato excluyente que reciben las instituciones de formación técnica. La educación es la mejor inversión para el futuro, y no pueden existir preferencias en las ayudas que requieren. Las políticas públicas deben solucionar problemas generales, no deben ser utilizadas para privilegiar intereses específicos.
Así las cosas y por estos tiempos donde la pandemia o el covid-19 tiene en jaque a la economía mundial y por ende en crisis la mayoría de las familias de nuestro país, es pertinente recordar las palabras del expresidente colombiano César Gaviria en el Foro Económico Mundial en Dubai “el crecimiento no resuelve la pobreza, la pobreza la resuelve la educación” siendo consecuente con estas palabras el Gobierno no se puede hacer el de la vista corta o desconocer el gran aporte en educación que realizan dichas instituciones a las familias de escasos recursos, en la educación de formación para el trabajo al igual que el aporte para dinamizar la mano de obra laboral para el desarrollo económico de nuestro país.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco), cerca de 1.370 millones de estudiantes de 138 países se han visto afectados por el cierre de colegios y universidades. Es una carrera contra el tiempo para las instituciones educativas, no es fácil adaptarse a las exigencias de esta situación. Estudiantes, docentes y padres de familia deben asumir las circunstancias y buscar los medios para no renunciar a su formación.
Esta situación mostró en toda su dimensión la desigualdad y exclusión entre la educación superior y técnica, brechas digitales, inequidad en el acceso a la tecnología que deja claro que los gobiernos deben repensar la forma en cómo crean y otorgan sus planes de alivios. Las clases tendrán que ser diferentes, sus lenguajes, sus contenidos, sus metodologías y el acomodarse a las necesidades de la pandemia dependerán de la posibilidad de continuar sus estudios, y de las condiciones equitativas que reciban las instituciones de educación superior y técnicas por parte del gobierno.