El teniente coronel retirado Aguilar Naranjo fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el 14 de agosto de 2013, por su apoyo y alianza con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia.
El exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo.
Ante un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Santander, la Fiscalía, solicitó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de 32 bienes en cabeza de terceros, quienes prestan su nombre, administran, ocultan o mezclan su patrimonio con el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo.
Dichos bienes están avaluados catastralmente en seis mil setecientos sesenta y cuatro millones novecientos veinticuatro mil pesos ($6.764´924.000), para resarcir parcialmente a las más de 40.000 víctimas reconocidas en sentencia, de las cuales más de 5.000 son atribuidas al Bloque Central Bolívar (BCB).
Los bienes sobre los cuales se solicita el embargo son cuatro automotores y 28 inmuebles tales como casas, fincas, lotes, depósitos, oficinas y garajes, ubicados en Bogotá, Chitaraque (Boyacá) y en los municipios santandereanos de Bucaramanga, San Gil, Piedecuesta, Floridablanca y Socorro.
La audiencia solicitada el pasado 4 de septiembre comenzó este lunes en Bucaramanga.
Una vez decretadas las medidas, el ente acusador pedirá ante los magistrados de la jurisdicción de Justicia y Paz la extinción de dominio de los bienes referidos a favor del Fondo para la reparación de las víctimas.
Igualmente, cursan indagaciones penales cuyo objetivo es determinar si los terceros propietarios o poseedores de los bienes referidos han incurrido en conductas punibles.
La investigación sobre este proceso fue priorizada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, luego de la jornada extraordinaria anticorrupción realizada por la Fiscalía en Bucaramanga, el pasado 13 de junio de 2017.
Desde ese momento se iniciaron las investigaciones originadas en denuncias por un eventual ocultamiento y desviación de dineros, supuestamente con el fin de evitar el pago a las víctimas de justicia transicional en el proceso en que fue condenado el exgobernador Aguilar Naranjo.
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