La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor Fuerza Popular por su posible vinculación al escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país.

Según informa el diario Correo, que publicó un documento del Ministerio Público, el fiscal Germán Juárez formalizó la investigación por este caso, que se prolongará por un período de ocho meses en los que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sería llamada a declarar.

Esta medida se produce apenas horas después de que la Fiscalía peruana confirmara la existencia de una nota del empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, que involucraba a Fujimori en su trama de corrupción.

El fiscal de la nación (fiscal general), Pablo Sánchez, aseguró que la nota hallada en el teléfono móvil de Marcelo Odebrecht, que decía "Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita" (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en posesión de los fiscales peruanos para incorporarla a sus respectivas investigaciones del caso Odebrecht.

Sánchez explicó que "se ha comprobado" la existencia de esa anotación, que el pasado mes de junio ya fue publicada por el portal IDL-Reporteros, y anunció que su institución seguirá "los canales procesales que se han previsto" para indagar más sobre esa información.

Marcelo Odebrecht pidió al director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que aumentara el apoyo a la candidatura de Fujimori durante la campaña presidencial peruana de 2011, según las declaraciones que dio a fiscales peruanos en mayo pasado y que también fueron publicadas julio por la revista Caretas.

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Keiko Fujimori aseguró hace dieciocho días que con la diligencia de la Fiscalía peruana para confirmar la existencia de esa nota "se confirmará que nunca recibimos dinero de Odebrecht".

En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por presunta financiación irregular de su partido.

Barata declaró a fiscales peruanos haber realizado donaciones a las campañas electorales de varios candidatos a la Presidencia de Perú.