Antes de JM Santos todavía se sostenía en Colombia el concepto de estado de derecho, delicado equilibrio entre los tres poderes clásicos, elecciones libres, alternación de los partidos en el poder, respeto a los derechos de las minorías, sometimiento de la justicia a la ley, austeridad en la conducta privada de los gobernantes, respeto de la verdad y de las personas por parte de los medios… y así vivíamos dentro de los principios generales de la democracia representativa, es decir, de la civilización política, que se expresa a través del fair play.

Desde luego, el estado de derecho implica que los gobernantes, imperfectos desde luego, no sean los atarvanes, terroristas, asesinos y criminales que dirigen las fuerzas revolucionarias.

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El gobierno de Santos conservaba apariencia democrática, pero a partir del momento en el que desconoció la voluntad mayoritaria de la nación, se convirtió en un régimen de facto —desapareciendo entonces la legitimidad—, que actuó hasta el 7 de agosto pasado a través del golpe de Estado permanente, ejercido con la complicidad del congreso y de las “altas” cortes.

Finalmente, a pesar del foul play, el doctor Duque ganó la Presidencia pero no el poder, porque ahora los vestigios del orden legítimo están en desventaja frente a la conjura criminal, que dispone del Estado a través de una supraconstitución, espuria pero “vigente”, que tiene maniatado al Ejecutivo.

La lucha entre esas dos concepciones de la política no permite falsas soluciones intermedias entre un presidente amable y conciliador, zarandeado, insultado, ridiculizado, amenazado, y sus contradictores, implacables e inmutables.

Asistimos, entonces, a un match diario entre partidarios del fair play y los del foul play, cuyo portaestandarte —Petro— jamás ha jugado limpio.

Si el enfrentamiento continúa así, los segundos tienen todas las de ganar; pero si registro este combate desigual, no es para proponer que los amigos de la democracia y el derecho empiecen a actuar contra los principios fundamentales, sino para pedir que dejen la docilidad y, munidos de las armas de la ley, se recupere la legitimidad perdida.

No es tolerable que habiendo votado sucesivamente en el plebiscito, para Congreso y para presidente, contra las Farc, sigamos sometidos a un acuerdo inválido, ni que ese grupo impune, con escasos 50.000 votos, imponga su “ley”, disponga de una parajusticia y vaya a administrar 15 billones anuales del erario. ¿Dónde queda la democracia, si el gobierno se obstina en no enderezar esto?

Al partido comunista clandestino le fue entregado el país. Ellos no quieren perderlo y harán todo lo imaginable para conservar su poder. Si el gobierno y la sociedad siguen tolerando golpes bajo la cintura, respondiendo apenas con ramos de olivo mientras avanza un plan subversivo en gran escala, el país no saldrá adelante. Vivir al ritmo que propone el senador Bolívar, de agitación pseudoestudiantil, tomas, huelgas y paros nacionales, se resume en la lamentable estadística de tres perturbaciones diarias del orden público durante los primeros cien días de un gobierno muy bien intencionado.

El doctor Duque no será el primer gobernante que ha tenido que rescatar su país de las garras del comunismo. En Europa Oriental esa labor fue titánica, pero allí renació la libertad, mientras aquí podemos perderla, porque tenemos una sociedad anestesiada, que ya se enseñó a considerar la situación de Cuba y Venezuela como algo normal, inocuo, y no repetible en Colombia.

En los antiguos países satélites hubo que cambiar las normas constitucionales. Aquí también habrá que hacerlo, pero sin apelar a trucos politiqueros, que producen solamente nuevas normas inconvenientes y más desorden y confusión.

El colapso no resulta un escenario imposible. Por esa razón, el gobierno está obligado a hacer el mayor esfuerzo para que el país regrese a la legitimidad. En ese intento obtendrá el necesario respaldo. Por tanto, todo minuto, a partir de hoy, debe estar consagrado a la recuperación moral, legal y económica de Colombia. He ahí el verdadero, fundamental y único programa de gobierno, de cara al incierto futuro…

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En Alemania, nadie pensó que los nazis debían juzgar a sus jerarcas. Por eso no entendemos que el gobierno de ese país se haya vinculado a un “proceso de paz” que garantiza la impunidad, da curules y control del poder judicial a los narcoterroristas; como tampoco entendemos que ahora, el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, en Berlín, se pronuncie a favor del cumplimiento del “acuerdo” ilegítimo que subyuga a Colombia.

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Ejemplo - Para combatir la nefasta ideología de género, el próximo ministro de Educación del Brasil será un profesor de filosofía, autor de muchos libros, nacido en Colombia y naturalizado en ese país.

Comentarios:

Edgar
2018-11-28 07:35:25

Es cierto Don José. Duque y su gobierno deben dejar de actuar con un falso temor a incomodar a las demás ramas de poder, llámense congreso y administración de justicia, porque los enemigos de la democracia están actuando ya, nada más miremos lo que han sido y seguirán siendo los paros y manifestaciones, inoculados de revoltosos marxistas, comunistas y otras yerbas. Al señor Presidente Duque, quien trata de seguir la ley al pié de la letra, lo están confundiendo con un pusilánime.

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